El abogado y ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, se refirió a la reforma de seguridad del gobierno que está generando controversia, incluso dentro de las mismas filas del oficialismo.
La propuesta plantea incluir un nuevo estado de excepción constitucional con severas restricciones a los derechos ciudadanos, a las instituciones y a los otros poderes del Estado. “Creo que es una reforma muy peligrosa. En general, no hay dos opiniones en el mundo de la academia en materia de derecho constitucional”, precisa el ex ministro sobre las aunadas críticas a los fundamentos de la iniciativa de la cartera de Seguridad, y donde abiertamente se plantea, por una parte, el disciplinamiento del Tribunal Constitucional:
Con esta reforma, señala, un gobierno puede devenir en un régimen autoritario al sobreponerse a la jurisprudencia de ese organismo, es decir, crear leyes que no puedan ser declaradas inconstitucionales.
Asimismo, la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y que la reforma busca habilitar, utiliza conceptos muy imprecisos, lo que también es una situación muy preocupante, expresó.
“El crimen organizado no se encuentra definido en nuestra legislación. Presentan una reforma en materia constitucional utilizando una concepto que no tiene definición legal”.
“Es complejo por distintas razones, pero además porque se le entregan al Presidente del República potestades que son muy problemáticas desde el punto de vista del Estado de Derecho y de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
“Se le entrega la posibilidad que, con acuerdo del Congreso en sesión secreta, determine cuándo hay una organización terrorista o vinculada con el crimen organizado. Eso altera absolutamente nuestro sistema de reparto de poderes”, agrega:
“Eso lamentablemente, es una cierta añoranza de las potestades que tenía la Constitución del 80, originalmente contempladas para el Presidente de la República”, dijo también, a propósito de la adhesión manifiesta de varias autoridades y legisladores del oficialismo a la figura del dictador Augusto Pinochet.
“La preocupación que tenemos es que ésta pueda ser mal utilizada, si no, eventualmente para perseguir a sus adversarios políticos, lo que es más complejo todavía”.
Por otra parte, Jaime Gajardo indicó que no se trata de una propuesta necesaria para mejorar la seguridad pública del país y que, al contrario, lo que se requiere es la implementación de la estrategia nacional de seguridad pública, “punto sobre el cual el gobierno está al debe”.
Más bien, el actual gobierno ha seguido lo cimentado por el ex Presidente Boric, como ha ocurrido en el ámbito penitenciario, lo que no significa que esté cabalmente continuando una política de Estado, sino más bien, “es que no están haciendo lo que dijeron que iban hacer”, concluyó acerca del no cumplimiento de la creación de 100 mil plazas carcelarias y que el Presidente Kast prometió crear en campaña para frenar el sobrepoblación en esos recintos:
Además, está la creación de la Defensoría de las víctimas: “En ese sentido el gobierno está muy, muy atrasado”, enfatizó, al igual que alertó sobre la grave exposición del operativo Cancerbero por medios televisivos y sobre la nula propuesta en materia de reintegración: “Uno diría que se va en sentido contrario”. “Para este gobierno la reinserción no existe y eso es muy complejo”, expresó.
