La convencional del pacto “Apruebo Dignidad” por el distrito 9, Bárbara Sepúlveda, anunció que están apoyando a las bancadas parlamentarias de oposición en la tarea de llevar adelante una acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera por haber dañado gravemente el honor de la nación, tras la millonaria compraventa de Minera Dominga, a su amigo personal, Carlos Délano, en un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas.
Asimismo, la directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), dijo que la gravedad de este hecho también recae en la destrucción medioambiental que implica el proyecto Minera Dominga, en circunstancias donde el mandatario comprometió una clausula de pago a la no protección ambiental de la zona.
La abogada constitucionalista con magíster en Derecho Público y en Género, se mostró a favor de que la futura Carta Magna, contemple mecanismos de democracia directa y semidirecta, entre ellos, un referéndum revocatorio para autoridades públicas que vulneren la Constitución y las leyes.
Bárbara Sepúlveda criticó que el jefe de Estado busque desviar la atención mediática, intimidando a los convencionales, mediante su emplazamiento a redactar una carta Magna que una al país en vez de dividirlo.
La dirigenta del Partido Comunista acusó una campaña político-comunicacional de desprestigio del órgano constituyente, mediante la cual se ha limitado la posibilidad de informar de manera clara y transparente sobre los avances de la instancia.
La convencional del distrito 9, destacó que a pesar de la falta de colaboración del gobierno, han logrado cerrar la primera etapa del proceso constituyente para dar paso al despliegue territorial y la discusión misma de los contenidos de la nueva Carta Fundamental.
A juicio de Bárbara Sepúlveda, en caso de que no puedan llegar a un acuerdo tan amplia como lo que implica el quórum supra-mayoritario de 103 constituyentes, lo apropiado sería zanjar dichas temáticas a través de plebiscitos dirimentes, para que sea la propia ciudadanía quien decida.
La abogada Bárbara Sepúlveda concluyó que la insistencia de la derecha de aplicar el supra quórum de dos tercios, y no permitir que haya plebiscitos vinculantes, obedece a su temor histórico a la deliberación popular.
