Por Juan Andrés Lagos, Periodista y académico
Hoy la prensa hegemónica publica en su portada un titular revelador. Anuncian con júbilo que la reforma al sistema de partidos cuenta con los votos para convertirse en ley. El acuerdo avanzó gracias a la incorporación de un artículo que condena la violencia como método de acción política. Esta exigencia funciona como un mecanismo de chantaje ideológico. El bloque en el poder criminaliza preventivamente la protesta social. Llaman paz al silenciamiento de la disidencia.
La restauración del sistema binominal constituye la bandera principal de la derecha en esta etapa histórica. Intentaron imponer este mismo cerrojo excluyente durante el segundo proceso constitucional. Redactaron un borrador diseñado para reducir la representación parlamentaria y asegurar el control conservador del Congreso. El pueblo frustró esa maniobra oligárquica liderada por Republicanos con un contundente triunfo del En Contra en las urnas.
Durante un cuarto de siglo, el pueblo chileno sufrió la exclusión bajo el antiguo sistema binominal. La dictadura civil-militar diseñó este mecanismo antidemocrático para impedir la representación de las mayorías. Forzaron un empate ficticio para administrar el modelo neoliberal sin contrapesos. Chile experimentó una democracia estrictamente tutelada. El duopolio administró la desigualdad mediante consensos elitistas y marginó cualquier proyecto político transformador.
Romper ese candado dictatorial exigió el enorme sacrificio de los movimientos sociales, décadas de movilizaciones en las calles y enfrentar duras represiones. Desmantelar esa exclusión requirió unificar fuerzas de diversos sectores políticos y sociales. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) con Arturo Martínez, la Asociación Chilena de Municipios liderada por Claudio Arriagada y el Partido Comunista articularon una presión ineludible para echar abajo el binominal. Aquella transición operaba completamente sometida a las infames “leyes de amarre” legadas por Pinochet. La Constitución de 1980 garantizó el poder de veto derechista mediante quórums supramayoritarios casi insalvables.
El régimen dejó amarrada la privatización absoluta de los derechos sociales con el Decreto Ley 3500 de las AFP, el Código de Aguas y la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Superar esa arquitectura de opresión requirió una resistencia popular incansable hasta conquistar un sistema proporcional, el cual permitió al Parlamento reflejar por fin la verdadera diversidad de nuestra sociedad.
Hoy presenciamos la contraofensiva desembozada del Partido del Orden.
La derecha tradicional y los administradores históricos del modelo celebran este nuevo pacto en la comisión mixta. Imponen un umbral del 0,15% de militantes por región con un plazo asfixiante de 18 meses. Bautizan la exclusión política como el fin de la “extrema fragmentación”. Esta guillotina administrativa busca exterminar a los movimientos populares y regionalistas carentes del financiamiento del gran capital.
Acelerar esta ley con urgencia suma demuestra la desesperación de la élite. Añoran el duopolio excluyente del pasado para gobernar sin oposición real. Las fuerzas transformadoras tienen el deber histórico de denunciar este fraude democrático. Exigimos una democracia verdadera. Detendremos esta clausura autoritaria mediante la organización popular en cada territorio.
