La ley con potencial para transformar la relación entre humanos y animales, requiere de compromiso y de recursos para su correcta implementación. La fiscalización, la educación integral y la articulación de esfuerzos son claves para lograr avanzar en el bienestar y salud de los animales y en la salud pública del país.

Aunque la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía 21.020, conocida como “Ley Cholito”, fue promulgada en 2017 con la finalidad de establecer normas para la protección de la salud pública y bienestar animal, esto no se ha reflejado en la práctica, pues desde el 2018 se han reportado múltiples agresiones en infantes y menores de edad principalmente, pero también a adultos, además de 25 decesos por ataques de perros, según reporte del Servicio Médico Legal (SML). Razón por la cual ya se discute una reforma de esta ley pensada precisamente para proteger los animales, prevenir ataques y salvaguardar la vida de las personas.

Fiscalización y seguimiento

Para la médica veterinaria, etóloga y subdirectora de la Escuela de Ciencias Agroalimentarias, Ambientales y Animales (ECA3) de la Universidad de O’Higgins (UOH), María José Ubilla, la “Ley Cholito”, a pesar de su potencial para transformar la relación entre personas y animales, enfrenta serios problemas de implementación y fiscalización que pudieran ser resueltos a través de acciones fundamentales: mediante la redacción de reglamentos completos referidos a la norma; también a través de la inyección de recursos necesarios a los municipios, muchas veces impedidos por la falta de presupuestos, y de personal calificado para realizar el seguimiento oportuno de la ley y su aplicación real. Asimismo, considerar educación en convivencia responsable, complementando otras acciones que se vienen realizando, tales como esterilizaciones masivas o campañas de prevención de enfermedades tales como la rabia.

“En este sentido, es una normativa que si estuviese bien implementada y con una correcta fiscalización ayudaría a controlar los problemas asociados a la sobrepoblación de perros potencialmente agresivos y gatos existentes en nuestro país, entiéndase problemas de salud pública (dónde las ataques por perros se incrementan año tras año), de impacto negativo sobre fauna silvestre y el ganado, así como sobre el medio ambiente, accidentes viales, los problemas de maltrato animal (donde el abandono es parte) y ayudaría a que la sociedad comprenda el importante rol de los animales de compañía, que tienen efectos positivos sobre la salud física y mental de las personas”.

Eso implica, según plantea Ubilla, dejar en manos de médicos/as veterinarios/as con formación académica y práctica en el área, los casos relativos a la agresividad de perros potencialmente peligrosos, y no en manos de jueces, no necesariamente competentes para estos asuntos, como lo establece la autoridad sanitaria.

Enfoque educativo

La experta cree que un cambio sustancial que traerá consigo el proyecto de reforma de Ley 21.020, sería el impulso de una “educación en convivencia responsable”, tema discutido “de manera superficial por diferentes actores bajo criterios distintos de importancia, donde no se han considerado las necesidades físicas y mentales de los animales”, lo cual tiene que ver con la intervención de profesionales calificados que establezcan criterios para el cuidado especial de animales.

“Los cambios que se plantean en esta reforma apuntan hacia un enfoque educativo integral en convivencia responsable para fortalecer de manera transversal la tenencia de mascotas y la aplicación de programas de acompañamiento locales cada vez más efectivos, tales como planes de esterilización masiva, control reproductivo, así como campañas de adopción, y el cumplimiento de obligaciones en caso de abandono o maltrato”.

Política y articulación 

La especialista recomienda avanzar en una ley con perspectiva multidimensional que integre, por un lado, la salud humana, animal y ambiental. Y, por otro, la implementación de métodos de identificación permanentes como microchips, capacitación de autoridades y policías en materia de maltrato o ataque animal, dotación de médicos/as veterinarios/as en todas las comunas con recursos adecuados. Asimismo, sostiene que la reforma de la “Ley Cholito” también debe prever de manera esencial el diseño de una política pública que articule la colaboración entre instituciones gubernamentales, académicas y civiles para abordar de manera efectiva los problemas de bienestar animal y de salud pública.

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