Este lunes y a petición del Colegio de Profesores, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, sostuvo una reunión protocolar con la nueva directiva del gremio docente, para esclarecer el inicio del año escolar y una serie de demandas de las y los profesores, que datan de 2018 y no han sido atendidas por el Mineduc.
Tras la cita, Paulina Cartagena, segunda vicepresidenta nacional del Magisterio, ratificó que el retorno a las aulas fue fijado para el 1 de marzo, lo cual calificó como un avance, considerando que la propuesta inicial del secretario de Estado era adelantarlo al 24 de febrero, pero continúan las preocupaciones por la situación sanitaria.
Asimismo, la dirigenta del Colegio de Profesores criticó que Raúl Figueroa responsabilizara al anterior gobierno del atraso en el pago del bono de incentivo al retiro, toda vez que llevan tres años a la espera de dicha bonificación.
Paulina Cartagena aclaró que el regreso a clases presenciales está supeditado al control de la pandemia, en función de que el Mineduc garantice las condiciones máximas de seguridad para los estudiantes, profesores y asistentes de la educación.
En ese sentido, la segunda vicepresidenta nacional del magisterio, emplazó al ministro Figueroa a no forzar la vuelta a clases, mientras la propagación del virus no esté controlada.
Asimismo, Paulina Cartagena dijo que como gremio, aún les falta mucho por avanzar en la regulación del teletrabajo, así como en materia de infraestructura, para garantizar que el aprendizaje a distancia se dé en igualdad de condiciones.
Cabe consignar que el Ministerio de Educación anunció un aumento presupuestario del plan “Yo confío en mi escuela” para el retorno seguro a clases presenciales, y que considera una inversión de seis mil a 13 mil millones de pesos para mejorar los espacios físicos en recintos educativos de 179 comunas del país.
Ante ese escenario, la postura del Magisterio es que estén en etapa 4 para el retorno a clases, ya que “a etapa 2 no reúne las condiciones para que puedan estar tranquilos.
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, valoró que la madre y el hermano del funcionario de la PDI asesinado en medio de un operativo en Temucuicui, llegaran hasta la comunidad mapuche para reunirse con el padre de Camilo Catrillanca, a objeto de buscar justicia conjuntamente.
En su diagnóstico, el encuentro estuvo cargado de simbolismo, pues representa una exigencia colectiva a terminar con la definición de guerra que tiene el Estado, respecto a los pueblos originarios.
Asimismo, el dirigente comunista catalogó como una “provocación” que el operativo en Temucuicu, además de superar los 800 efectivos policiales, se llevara a cabo el mismo día en que estaba fijada la formalización del imputado por el crimen de Camilo Catrillanca.
Lautaro Carmona aclaró que dicho despliegue policial se pudo haber efectuado cualquier otro día, considerando que estaba dirigido únicamente a la búsqueda de un presunto cultivo de marihuana, y no a la de alguien que se pudiera fugar del lugar.
El secretario general del PC ratificó que el discurso de Marcelo Catrillanca, estuvo marcado de una enorme significancia, toda vez que llama abiertamente a la hermandad de los pueblos, vinculada a la convivencia humana.
Finalmente, Lautaro Carmona sostuvo que la reunión sostenida entre los familiares de ambas víctimas, constituye un emplazamiento directo al Estado de Chile, denunciando las consecuencias brutales de un conflicto histórico que sigue siendo promovido por agentes policiales y el gobierno.
En el frontis del edificio de los tribunales de justicia, familiares, organizaciones sociales, parlamentarias, artistas y dirigentes políticos exigieron aprobar Ley de Indulto General para las y los presos políticos de la revuelta popular.
Al respecto, el exministro de Desarrollo Social y dirigente del partido Comunista Marcos Barraza exigió la libertad que aquellos que con su sacrificio han sido promotores de cambios tan sustanciales para el país, como es el proceso constituyente.
La representante de los pueblos originarios, Isabel Cayul, exigió al gobierno de Sebastián Piñera acabar con el terrorismo de Estado basado en la persecución, el montaje y la mentira, mismas situaciones que hoy privan a de libertad a estos jóvenes activistas.
Dafne Concha, presidenta de la Corporación de Padres y Apoderados por el derecho la educación, sostuvo que este grupo de luchadores sociales debe estar libres, pues a más de 1 años de la revuelta de octubre, ellos representan la discriminación y la denegación de la justicia para los más débiles.
Para la actriz Malucha Pinto lo ocurrido con los presos políticos de este Gobierno confirman una persecución histórica en contra de las organizaciones y los movimientos sociales que han salido a las calles en pos de sus demandas.
La diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, denunció que a diferencia de lo que pretende hacernos creer la Derecha, en Chile hay prisión políticas para quienes sólo han buscado transformaciones esenciales para intentar una mínima cuota de equidad social.
En la oportunidad, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, denunció que la cárcel y la tortura es la respuesta del Estado para aquellos que persiguen una democracia real y las reivindicación de garantías como la educación, la salud y la recuperación de nuestros derechos naturales.
La diputada comunista, Camila Vallejo, manifestó que es obligación de las y los parlamentarios la lucha contra la injusticia que representa, la detención de estos presos políticos que han sido privados de las mínimas condiciones procesales.
Jacqueline Gatica, madre de Benjamín Espinoza, uno de los jóvenes detenidos por la revuelta, pidió especialmente a los medios de comunicación, visibilizar los vicios procedimentales que han impedido cambiar la medida cautelar de estos activistas, en donde incluso los propios carabineros, irregularmente, han oficiado de testigos.
Así mismo, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, reflexionó respecto a que la situación de estos jóvenes luchadores , pone en tela de juicio el cumplimiento de convenios humanitarios internacionales por parte del Estado de Chile.
Todos los convocados juntos con exigir la liberación inmediata de las y los presos políticos de la revuelta social, emplazaron al Senado a aprobar una ley de indulto general que permita corregir lo que consideraron una injusticia y una falta de coherencia por parte de los tribunales de Justicia, en complicidad con el gobierno de Sebastián Piñera.
Hoy estuvimos acompañando a familiares de presxs de la revuelta. Como parlamentarixs comunistas tenemos un deber con las familias de lxs presxs, tanto en el parlamento como en la calle. Tiene q avanzar el proyecto de indulto en el Senado y el de reparación en la Cámara! pic.twitter.com/ReIlyjJnnI
La madre y el hermano del funcionario de la PDI asesinado en medio de un operativo en Temucuicui, llegaron hasta la comunidad mapuche y se reunieron con el padre de Camilo Catrillanca. Esto se dio en medio del trawun de emergencia convocado por las comunidades autónoma y tradicional de Temucuicui para analizar el megaoperativo desarrollado el 7 de enero.
Catrillanca aseguró que los loncos han sido capaces de entender a la familia del funcionario de la policía civil y aseguró que los ayudarán y tratarán de fortalecerlos.
Ramón Morales, hermano del funcionario de la PDI asesinado, junto con compartir el dolor conjunto con la familia Catrillanca , señaló que las víctimas de la violencia del estado deben construir un diálogo.
El werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullán, denunció que a los pueblos originarios se les acusa de múltiples delitos, sin embargo jamás se han escuchado sus legítimas demandas.
Mijael Carbone, vocero de la Alianza Territorial Mapuche junto con señalar que como pueblo siguen en una permanente reflexión, anunció acciones legales contra el Estado chileno por su permanente represión.
El trawun o encuentro en mapudungun, continúa este martes en la comunidad de Temucuicui, donde se fijaran los lineamientos tras el operativo de la PDI del pasado 7 de enero.
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Declaración final Trawun Temucuicui 18 y 19 de enero, lof Catrillanca
LEF TRAWUN EN TEMUCUICUI, FIN A LA INVASION Y VIOLENCIA ESTATAL CHILENA, AFIRMACION DE NUESTROS DERECHOS COLECTIVOS, LA SOBERANIA TERRITORIAL Y LA AUTODETERMINACIÓN MAPUCHE.
1.- Nosotros los Mapuche participantes del Lef Trawun, “Reunión de Emergencia”, que surge como consecuencia del allanamiento masivo a las Comunidades Mapuche de Chacaico, Huañaco Millao, Temucuicui, Pancho Curamil, y Coñomil Epuleo, afirmamos que la invasión y violencia desatada y sin control de parte de la policía del Estado Chileno que destruyo nuestras viviendas, violento a los niños, mujeres y ancianos que viven en paz, tuvo por objeto omitir la responsabilidad penal y política del gobierno del Presidente Sebastian Piñera, de su ex ministro Andrés Chadwick, el ex Intendente de la Araucanía Luis Mayor en cuanto a la ejecución de Camilo Catrillanca y representa una violencia institucional continua y permanente desde la denominada “Pacificación de la Araucanía” hasta el día de hoy.
2.- La invasión policial y que consistió en un allanamiento masivo de parte de la policía, es un acto de violencia que atenta al derecho del Pueblo Mapuche de vivir en paz en su territorio y constituye un atentado a la familia Catrillanca que no se le permitió conocer las resoluciones judiciales que en ese momento y ese día el tribunal daba a conocer. Por lo mismo, viene a poner de manifiesto que la presencia del Estado Chileno y sus instituciones en el Wallmapuche, es una amenaza permanente en contra de nuestro Pueblo Mapuche y sus derechos.
3.- Subrayamos que el Wallmapuche es nuestro territorio y no hemos renunciado a ningún derecho sobre él, tampoco consentimos el despojo y la ocupación militar que ha efectuado el Estado Chileno. Por lo mismo, todas las propiedades patrimoniales territorial se han instaurado mediante la fuerza, la violencia y con leyes ilegitimas que los han elaborados y adoptados los propios usurpadores de nuestro territorio en desmedro a los derechos que nos asisten como Pueblo.
4.- Recordamos al presidente Sebastian Piñera y a los futuros gobernantes del Estado Chileno que, los Parlamentos o Tratados Mapuche referidos a la soberanía territorial están plenamente vigentes y reconocidos por el derecho internacional en dos normas de derechos humanos. En vista que el Estado Chileno no ha tenido la voluntad política de resolver el derecho al territorio. Entonces, consideramos que la ruta que adoptaremos para resolver las controversias sobre tierras y territorios serán los tribunales internacionales.
5.- Tenemos presente que en los actos coercitivos militares denominado “Pacificación de la Araucanía” se cometió el crimen de Genocidio que permanece en completa impunidad; asimismo, se tomó, confisco y ocupo nuestro territorio y sus recursos y nos empobrecieron económicamente como Pueblo y del mismo modo nos causaron daño cultural en el ámbito material e inmaterial. Estas tres situaciones constituyen las actuales tensiones y controversia y mientras no se resuelvan adecuadamente no aceptaremos jamás la impunidad del crimen de Genocidio, ni la ocupación y despojo de nuestro territorio y sus recursos y recurriremos a los tribunales internacionales para hacer cumplir la reparación al daño causado a nuestro Pueblo Mapuche.
6.- Llamado al Pueblo Chileno, especialmente quienes enarbolaron la Bandera Mapuche a establecer un “Pacto Político Social con el Pueblo Mapuche”, para poner fin a la violencia Estatal, reconocimiento de soberanía territorial y autodeterminación, el establecimiento de la Verdad, Justicia, la Reparación al daño causado.
7.- Saludamos el proceso constituyente del Pueblo Chileno que, surge del estallido social de octubre 2019, esperamos que haya una nueva constitución política, superando las trabas del 2/3. Al mismo tiempo y con la misma fuerza afirmamos que los Mapuche, no hemos dado mandato a nadie para disminuir, diluir o restringir nuestros derechos contenidos en el principio y el derecho a la autodeterminación adquirido internacionalmente.
Por el Derecho a Vivir en Paz, por el Respeto a nuestros Derechos Colectivos, por la Soberanía Territorial y la Autodeterminación, afirmamos los siguientes:
I.- Afirmamos que el Pueblo Mapuche seguiremos implementado la ruta de la autodeterminación al amparo del derecho internacional hasta la conformación de un gobierno propio como fórmula política para hacer respetar nuestros derechos y participar activamente en el concierto de las naciones organizadas políticamente.
II.- Exigimos al Estado Chileno y al gobierno del Presidente Sebastian Piñera asumir su responsabilidad en el crimen de Genocidio cometido en contra de nuestro Pueblo en el contexto de la denominada “Pacificación de la Araucanía” y con el objeto de conocer la verdad se establezca una “Comisión de Esclarecimiento Histórico”. La verdad, la justicia, la reparación al daño causado por el Genocidio, constituyen una condición previa para establecer una paz firme y duradera en el Wallmapuche.
III.- Anunciamos que la comunidad de Temucuicui y otras bajo el principio y el derecho al ejercicio de la soberanía territorial y la autodeterminación instaurará la “Policía Comunitaria Mapuche”, en vista que la policía Estatal Chilena representa una agresión y amenaza permanente en contra del Pueblo Mapuche.
IV.- Anunciamos que seguiremos desplegando y sin descanso, todas las movilizaciones organizativas de las comunidades Mapuche para la restitución de las tierras usurpadas y sin excepción alguna.
V.- Llamamos a los Tribunales de Justicia que operan en el Wallmapuche o territorio Mapuche que hagan efectivo su independencia en la aplicación de leyes revocando la constitución de propiedades territoriales que carecen de legitimidad, los arriendos por 99 años y asimismo, actúen con mayor objetividad en las causas que afectan a los presos políticos Mapuche.
VI.- Anunciamos a las comunidades Mapuche a desplegar todas las movilizaciones en el Wallmapuche y en el país en repudio a la invasión y violencia Estatal Chilena en contra de las comunidades Mapuche movilizadas por la restitución de su derecho a la tierra y en especial las que fueron víctima de un indiscriminado allanamiento.
VII.- Llamamos al Pueblo Chileno a establecer un “Pacto Político Social con el Pueblo Mapuche” fundado en un reconocimiento pleno de nuestros derechos, poner fin la impunidad del Genocidio y reparación al daño causado, reconocimiento de nuestra soberanía territorial y reconocimiento al derecho de autodeterminación.
VIII.-Alentamos el proceso constituyente del Pueblo Chileno y al mismo tiempo reafirmamos que no aceptaremos que se diluyan, restrinjan, ni limiten nuestros derechos colectivos adquiridos de parte del derecho internacional, asimismo, no aceptaremos una relación de subordinación institucional del Pueblo Mapuche en la nueva constitución política, sino un reconocimiento pleno de nuestra soberanía territorial y la autodeterminación.
Como histórico han estimado trabajadores repartidores el fallo de la corte de apelaciones de Concepción quien ratificó la sentencia del juzgado de letra de dicha ciudad, que en octubre estableció la relación laboral de un trabajador repartidor con su empresa de App.
En conversación con Fernando Gallardo vocero de la Agrupación de Repartidores Penquistas , se abordan las irregularidades en las que incurren las llamadas empresas de la Gig Economy en Chile, así como de los proyectos de ley para el trabajo de plataformas digitales que se encuentran en el parlamento.
Dirigentes de los sindicatos de Metro entregaron en dependencias del Ministerio de Salud, una carta para que se les considere dentro del plan de vacunación que lleva adelante el Gobierno para el primer semestre de este año.
En conversación con Eric Campos, Presidente de la Federación de Sindicatos de Metro, se analiza la vinculación permanente los empleados con el público, así como de los despidos reiterados al interior de la entidad de transporte, cuya precarización también afecta la seguridad sanitaria de la población.
En medio del debate parlamentario por el proyecto que permite interrumpir el embarazo antes de las 14 semanas de gestación, la exMinistra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, afirmó que la base de la propuesta es el derecho a decidir, la autonomía, que deben tener las mujeres sobre su cuerpo y su propia sexualidad.
Para la exSecretaria de Estado esta iniciativa además de consagrar la autonomía reproductiva de las mujeres, instalándolas como sujetas de derecho, marca también el rumbo de lo que será la discusión constituyente en la que está inmersa la nación.
La encargada de Género del partido Comunista cuestionó que el gobierno, y el oficialismo en general, rechacen este proyecto trasladando al ámbito valórico una libertad que corresponde manera excluyente a las mujeres.
Respecto al rechazo de la UDI al proyecto que permite interrumpir el embarazo antes de las 14 semanas de gestación, la antropóloga y dirigenta política recordó que históricamente la Derecha se ha opuesto tenazmente a iniciativas que aseguran la igualdad y equidad de género.
Del mismo modo, la ex Ministra de la Mujer denunció que no contar con una ley de aborto distinta a las 3 causales, oculta una realidad dramática de mujeres que por falta de recursos, no pueden acceder a esta prestación, a diferencia de otras pertenecientes a sectores más acomodados, lo cual revela una enorme desigualdad, aseveró.
Finalmente Claudia Pascual señaló que el avance de este proyecto que despenaliza el aborto antes de las 14 semanas de gestación requiere además un componente de normas sanitarias que asegure al menos que en el sector público, las mujeres puedan acceder a esta asistencia, sin sufrir inseguridad ni menos discriminación, concluyó.
El destacado intelectual y politólogo argentino, Atilio Borón, hizo un análisis sobre el proceso constituyente que cursa Chile. Al respecto, aclaró que “sería un fracaso rotundo” si la nueva Constitución llegara a ser parecida a la actual, manteniendo las bases del modelo neoliberal.
En su diagnóstico, las fuerzas progresistas deberán abocarse a la tarea de terminar con los enclaves autoritarios a partir de la democratización de los medios de comunicación, así como del sistema electoral que fue ideado por el pinochetismo.
En ese sentido, el sociólogo marxista calificó como una “insensatez”, concebir la futura Carta Magna como “una especie de pinochetismo maquillado”, pues la gente lo interpretaría como una estafa similar a la de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Atilio Borón fue enfático en señalar que la democracia política está supeditada a la democratización de las comunicaciones, y por ende, el rol de los medios deberá ser un tema fundamental para los constituyentes, al igual que la multiculturalidad.
El politólogo argentino se mostró partidario de que la Convención Constitucional sea quien determine el quórum de aprobación, lejos de aceptar las imposiciones fijadas por la derecha para poder vetar cada artículo que atente contra sus intereses de clase.
Atilio Borón acusó una esclerotizacion de la dirigencia política que agrupa a las principales figuras políticas de la Dictadura, dando cuenta de que nunca hubo una transición a la democracia.
El experto sostuvo que la verdadera transición se inició a partir del estallido social, cuando el pueblo dijo basta a la pseudo-democracia que ha imperado por más de 30 años.
Atilio Borón indicó que los 155 representantes de la Convención Constitucional, deben gozar de plena soberanía a la hora de decidirse cómo aprobar cada artículo, impidiendo que se limite a un acuerdo entre dirigentes de la casta política.
Finalmente, el politólogo argentino advirtió que la crisis social se seguirá profundizando, hasta alcanzar niveles insospechados, en caso de no lograrse cambios estructurales al modelo neoliberal a través de una nueva Constitución.
