La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) denunciante en la “Situación en Chile, referencia interna OTP-CR-244/21” informa que, en el día de ayer, 02 de marzo de 2021, ha enviado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional nuevos antecedentes para ser considerados en la denuncia contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, los ex ministros del Interior Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y Víctor Pérez, el actual ministro del interior, Rodrigo Delgado, el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, el actual subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, los exministros de Defensa, Alberto Espina Otero y Mario Desbordes, el ex General Director de Carabineros, Mario Rozas y el actual General Director de Carabineros Ricardo Yáñez Reveco, y el ex Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, por la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad consistentes en la Acusación Constitucional llevada adelante por el Congreso Nacional Chileno contra el ex Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick Piñera; el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2021 elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales; el Informe Mundial 2022: Chile (Eventos de 2021) de Humans Rights Watch; el Informe Situación de Derechos Humanos en Chile 2022 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Informe Jurídico Responsabilidad Penal por Omisión de los mandos con ocasión de los crímenes cometidos durante el Estallido Social de Amnistía Internacional.
Estos informes y antecedentes son insumos relevantes e ineludibles respecto a establecer la responsabilidad de las autoridades respecto de la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Chile
En específico, tanto la acusación constitucional contra el ministro Chadwick y el informe de Amnistía Internacional permiten tener por establecidos que las graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los Derechos Humanos, fueron parte de una política de Estado, cuyos actos de represión han tenido por finalidad castigar y desincentivar a la población civil que ejerce su legítimo derecho a la protesta.
La acusación constitucional señala expresamente que existió claramente un “patrón de comportamiento por parte de las fuerzas policiales, en especial, de Carabineros de Chile en la represión de la protesta social que se vive en Chile desde el 17 de octubre [de 2019] y que constituye claramente un uso excesivo, abusivo y desproporcionado de la fuerza pública que ha tenido por objeto dañar generalizadamente a la población civil.”
Por su parte, el informe de Amnistía Internacional da cuenta que “Los hechos referidos anteriormente dan cuenta de un clima organizacional que promovió y posibilitó los diversos crímenes cometidos con ocasión del estallido social. Los mismos, no pueden sólo explicarse por la libre y espontánea iniciativa de sus agentes, considerados como individuos, sino que se explican en un contexto más amplio, respondiendo a un cierto clima instaurado en la organización al cual contribuyeron especialmente las autoridades.”
La Comisión Chilena de Derechos Humanos, como parte denunciante, cree firmemente que los informes acompañados contienen material relevante que permite tener por establecido que las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas contra las personas manifestantes en el contexto de las protestas sociales en Chile de 2019, constituyen efectivamente un ataque dirigido contra la población civil, que se ejecutaron de conformidad con una política del Estado para cometerlos, política que ha sido reconocida y sancionada por un Poder del Estado, con total independencia del gobierno, como lo es el Poder Legislativo, y que esta política se ha mantenido en el tiempo para asegurar la impunidad de dichos agentes estatales, sobre todo de los jefes civiles y militares.
