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Transparencia oficia a Transportes por “Pasaje QR” solicitando antecedentes para conocer las condiciones de tratamiento y resguardo de datos personales

Como lo ha hecho en casos anteriores y en orden a un eventual tratamiento masivo de información personal y sensible por parte de esta entidad pública y otras instituciones, el Consejo para la Transparencia envió comunicación a la cartera para requerir antecedentes que permitan evaluar si ésta cuenta con la base legal para pedir y tratar dicha información y para determinar cuáles son las condiciones de resguardo bajo las cuales se implementará este servicio.

Con el fin de solicitar una serie de antecedentes que permitan determinar las condiciones de resguardo bajo las cuales el Ministerio de Transportes cumpliría con la normativa vigente en materia de protección y tratamiento de datos personales al implementar sistemas de pago y recargas automáticas con código QR para el Transantiago, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ofició a la cartera este lunes 31 de enero (Nº 9).

A través del documento se solicita información sobre 11 puntos vinculados, entre otras cuestiones a: competencias legales del MTT, con indicación a la normativa, para solicitar y tratar datos personales para implementar el sistema de pago; la forma en que el organismo cumple con una serie de principios establecidos en la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada; detalles vinculados al cumplimiento de la ley de protección de datos personales en lo relativo a la obligación de informar a los titulares sobre los usos de sus datos, incluyendo la eventual comunicación, así como a quiénes se les otorgará acceso a su información personal.

El objetivo del oficio es, acorde al texto solicitar la colaboración del MTT con el objeto de que proporcione los antecedentes para “observar la forma en que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones otorga, respecto del sistema de pago referido, cumplimiento a la LVPV –Ley Nº 19.628 sobre Protección de la Vida Privada- en el contexto del derecho fundamental a la protección de los datos personales” consagrado en la Carta Fundamental (artículo 19, numeral 4 de la Constitución)”.

¿Por qué se piden estos antecedentes?

En los puntos 4 y 5 del citado oficio se hace referencia a las facultades que el Consejo para la Transparencia tiene en este ámbito (a partir de los literales k y m del artículo 33 de la Ley de Transparencia Nº 20.285) y las recomendaciones que envió dicha entidad a los órganos de la administración central del Estado con la finalidad de “otorgar criterios jurídicos orientadores” para el debido resguardo de los datos personales que se encuentran en su poder (resolución exenta Nº 394, del 30 de noviembre de 2020), y que fueron publicadas en el Diario Oficial (7 de diciembre de ese mismo año).

“Es a partir de una serie de recomendaciones y regulaciones, incluyendo la facultad que se establece en la ley de protección de datos personales Nº 19.628, y del reconocimiento constitucional de su resguardo, que hemos solicitado al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones información sobre el nuevo sistema de pago con código QR recientemente anunciado”, detalló la titular de Transparencia, Gloria de la Fuente.

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Ingresan Iniciativa de Norma para garantizar los principios de verdad y justicia ante violaciones de derechos humanos

Constituyentes de diversos colectivos en conjunto con organizaciones de DDHH, presentaron la iniciativa de norma que reconoce el derecho de toda persona a no ser víctima de desaparición forzada, víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, junto con normas dirigidas a establecer el deber del Estado de buscar a las personas desaparecidas, además de prevenir, investigar y sancionar estas graves violaciones a los DDHH y otros crímenes de lesa humanidad, además de consagrar el derecho a la memoria desde un abordaje integral que considere su relación con los derechos a la verdad y a la justicia.

La norma fue presentada hoy, por la convencional del Distrito N°1 Carolina Videla, acompañada de los convencionales Marcos Barraza, Manuel Woldarsky y Nicolás Núñez y de representantes de Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Red Sitios de Memoria, Agrupación de Ex Presos Políticos, PRAIS Recoleta, y destacados luchadores sociales como Laura Atencio  (hija del ejecutado político regidor y diputado Vicente Atencio Cortés) Leila Nash (hermana Michel Nash) y  el abogado Francisco Bustos.

“La norma constituyente que hemos ingresado hoy viene a reflejar la urgencia de establecer desde la nueva constitución la obligatoriedad del Estado de poder establecer el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación integral, y también establecer las garantías de no repetición y el derecho a la memoria para poder resignificar desde el pasado y construir culturas de paz”, señaló la Convencional Constituyente Carolina Videla Osorio, autora de la norma.

Videla agregó que la norma “busca garantizar a las nuevas generaciones que en Chile nunca más se van a violar los derechos humanos. Y también establecer el fin a la impunidad y lo que este país tiene pendiente en materia de verdad y justicia. Esto busca que en nuestro país nunca más se dictamine justicia en la medida de lo posible, ni reparación simbólica”.

La  propuesta de norma que consta de 6 articulados con los siguientes títulos: Prohibición de la desaparición forzada; Prohibición de la tortura y de toda pena y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; Deberes de prevención, investigación y sanción; Derecho a la reparación integral por violaciones a los Derechos Humanos; Derecho a la verdad y El derecho a la memoria,  fue firmada por los convencionales  Carolina Videla, Nicolás Núñez, Bárbara Sepúlveda, Constanza San Juan, Manuel Woldarsky, Manuela Royo, Roberto Celedón, Valentina Miranda, Hugo Gutiérrez, Ivanna Olivares, Mario Vargas, María Rivera, Lidia González, Cristina Dorador , Alejandra Pérez y Alejandra Flores.

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Economista Solimano denuncia que gasto militar de Chile dobla el promedio de países vecinos

Con una cifra superior a los 5 mil millones de dólares se ubicó el gasto militar de Chile, lo que analistas califican como una exageración frente a los tremendos desafíos sociales que urge acudir en nuestro país.

Comparado con países vecinos, Chile prácticamente dobló el gasto militar, y comparado con Bolivia su gasto fue ocho veces más. Así los destacó el economista Andrés Solimano.

Para el analista y economista internacional, Andrés Solimano, es necesario que el gobierno de Gabriel Boric y sus pares regionales puedan concretar agendas que permitan reducir el excesivo gasto militar, y que los gobiernos no se dejen presionar por la industria armamentística y re-direccionen esos recursos a las necesidades sociales más urgentes.

Al concluir, Andrés Solimano, reiteró que Chile debe encabezar la reducción de gastos y equipamiento militar, pero enfatizó que también las autoridades nacionales transparenten en forma exacta cuánto es efectivamente el gasto militar que concreta nuestro país.

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Consejo para la Transparencia ordena a Comisión Chilena de Energía Nuclear entregar cifras históricas de explotación de litio

La entidad había negado acceso a la cantidad histórica anual de metal extraído por SQM y sociedades precedentes en más de dos décadas.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó a la Comisión de Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), entregar las diferentes cuotas de extracción de litio metálico equivalente (y sus plazos de explotación) solicitados por la empresa SQM, y sociedades que la precedieron, que hayan sido autorizadas por dicho organismo. Ello tras acoger un amparo presentado por el solicitante de esta información, además de la cantidad histórica anual (1996 – 2020) de litio metálico extraído por dicha compañía en miles o millones de toneladas métricas de litio metálico equivalente (rol C7218-21).

En septiembre de 2021, la Comisión Chilena de Energía Nuclear respondió sobre la primera solicitud. Sin embargo, el solicitante presentó su disconformidad ante lo que consideró una respuesta parcial, dado que no se habría accedido a información sobre la cifra histórica por año (1996 – 2020) de litio metálico extraído por la empresa.

Sobre la segunda parte del requerimiento, en sus descargos ante el Consejo, la CCHEN señaló que la empresa SQM estaría operando “en virtud de la autorización N° 1576/1995, la que no los faculta a ejercer control sobre el litio neto extraído, sino que solamente sobre las ventas, comenzándose a medir el litio extraído cuando se empiecen a utilizar las cuotas otorgadas mediante el acuerdo N° 2287/2018”, por lo que, indica remitir en archivo Excel los registros de control de venta de litio de la CCHEN, expresados en toneladas de LME –litio metálico equivalente-.

A juicio del Consejo Directivo del CPLT no fue posible establecer que lo solicitado no esté en poder del organismo, al “referirse a materias que se encuentran en la órbita de sus competencias”. Agregando que “no se ha acreditado suficientemente la inexistencia de la información requerida”.

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Teillier destacó a las y los ministros por la enorme tarea que tendrán para llevar a cabo los compromisos que se mandatan en el programa presidencial de Apruebo Dignidad

El Presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, se mostró sorprendido y molesto frente a las malas intenciones de algunos medios de comunicación, que en sus editoriales y líneas políticas están tratando de ensuciar las excelentes relaciones entre el presidente electo, sus ministros y el Partido Comunista.

El parlamentario de la colectividad de izquierda dijo que en la cordial reunión sostenida en la casona El Cañaveral, en la comuna de Lo  Barnechea, los integrantes del nuevo gobierno, y especialmente el presidente electo Gabriel Boric, quedaron sorprendido ante las interpretaciones, que rayan la mentira, y que expresan los medios de comunicación, de supuestas molestias de los comunistas con Boric, y la designación del gabinete.

El Partido Comunista no ha pedido conversar con Gabriel Boric sobre el gabinete, esa es potestad del mandatario, reiteró una vez Guillermo Teillier.

El diputado del Partido Comunista, Guillermo Teillier, destacó a los ministros y ministras del presidente electo Gabriel Boric, y la enorme tarea que tendrán para llevar a cabo los compromisos que se mandatan en el programa presidencial de Apruebo Dignidad.

Ante esto, valoró que la mayoría de los Secretarios de Estado designados son de Apruebo Dignidad.

Guillermo Teillier ahondó sobre la reunión del gobierno de Boric, sus ministros y los partidos políticos que le apoyan, destacó que el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, le dijo que conoce muy bien a los comunistas, y muy de cerca.

Frente a las desventajas en el parlamento, Guillermo Teillier dijo que el apoyo de los movimientos sociales será fundamental para avanzar en el cumplimiento del programa presidencial.

Al mismo tiempo, delineó los primeros meses del gobierno de Apruebo Dignidad.

Al concluir, el parlamentario calificó como una excelente reunión de las nuevas y próximas autoridades políticas del país.

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Barraza señala que a pesar de las trabas de los sectores neoliberales hay normas que serán fundamentales para cambiar la fisonomía del Estado

El Convencional Constituyente, Marcos Barraza, comentó sobre las dificultades y trabas que han puestos sectores de la Derecha, y otros afines neoliberales, que no permiten democratizar nuestro país como exige la ciudadanía en sus deliberaciones y que se plasmaría en una nueva Carta Magna.

Así, el académico y dirigente político se refirió sobre los desbordes de aquellos sectores anti exigencias ciudadanas, y los relacionó a la urgencia que se requiere con las iniciativas de norma que hablan y requieren cambios respecto a un congreso unicameral, legislación sobre las aguas, entre otros.

El Convencional Constituyente, Marcos Barraza, señaló que a pesar de las trabas de los sectores neoliberales, hay normas que son fundamentales, y que podrían cambiar la fisonomía del Estado, tales como el fin de la unicameralidad, y el reconocimiento de Chile como un Estado Plurinacional, señaló Barraza.

Respecto a los debates y análisis que realiza la Convención Constituyente, como poder original y constituido, el convencional Marcos Barraza, calificó como una sobre reacción corporativa, y que no corresponde, que los magistrados o jueces salieran en defensa de su permanencia por años en los cargos.

No es correcto que el poder judicial tenga animosidad respecto a las deliberaciones de los constituyentes, recalcó Barraza.

Consultado sobre la territorialidad de los pueblos naciones originarias en el marco de un Estado Plurinacional, Barraza, explicó los alcances de la medida como un reconocimiento a un tipo de gobernanza que les reconoce un estatuto propio, algo totalmente denegada por la legislación, y la actual Constitución Política.

El Convencional Constituyente, Marcos Barraza, al concluir, aseguró que se trabajará para en la nueva Constitución Política y que se ajustarán a los tiempos establecidos.

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Acusan persecución en contra de funcionaria de la Superintendencia de Educación

Una funcionaria de la Superintendencia de Educación de la región de Los Lagos fue despedida por segunda vez a pesar de tener fuero maternal. La trabajadora, Pamela Celis Aburto, ejerce como Encargada de la Unidad de Denuncias y Comunicaciones en dicha zona y además es exdirigenta regional de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Superintendencia de Educación (ASUME).  

La primera desvinculación ocurrió en septiembre de 2020 donde se acusó a la funcionaria (embarazada) de presuntas “faltas a la probidad”, pero la Contraloría General de la República rechazó el sumario administrativo por vulneraciones al debido proceso. Luego de ello, en noviembre de ese mismo año, el superintendente de Educación, Cristián O’Ryan, envió un correo masivo a todo el servicio explicando que la destitución era porque la profesional habría cometido una infracción “grave a sus obligaciones funcionarias”, y que en ese marco la destitución surgió de un proceso “ajustado a derecho en todas sus etapas”, donde “se comprobaron hechos graves que constituyen faltas a la probidad administrativa”,  y que cuando “un funcionario infringe gravemente sus obligaciones, no sólo está afectando la labor de la Superintendencia sino también los derechos de muchos niños y niñas, estudiantes del país”.  

Sin embargo, en el fallo, la Contraloría General de la República, señaló que dicho proceso no se ajusta a derecho (Contraloría ES Nº‪13342 14/06/2021), porque según las faltas acusadas no corresponde el despido. Frente a lo cual el superintendente O’Ryan ordenó nuevamente un sumario que por segunda vez informó la destitución de la funcionaria desde el 29 de diciembre de 2021, con lo cual volvió a vulnerar el fuero maternal que expira el 12 de marzo de 2022.  

La presidenta nacional de Asume, Carmen Jiménez, explicó que “nuevamente vemos como se vulnera el fuero maternal de nuestra compañera de trabajo con un nuevo sumario administrativo que deriva es su desvinculación. Es por ello, que nosotros y nosotras consideramos que aquí hay una persecución de parte de la  directora regional (Los Lagos) de la Superintendencia de Educación, Paulina Rettig, y del mismo superintendente Cristián O’Ryan, porque la funcionaria fue dirigenta de nuestra organización gremial”.  

Y agregó que “el primer sumario llegó cuando ella estaba con 37 semanas de embarazo y se tuvo que enfrentar en esa condición a todos los trámites judiciales para poder defenderse. Hemos denunciado al superintendente Cristian O’Ryan en la Contraloría por falta a la probidad administrativa, por vulneración al principio de imparcialidad y abstención, ya que después de la resolución que obliga a desestimar la sanción, se manda un comunicado masivo acusando nuevamente la honra de nuestra colega. Además presentamos un escrito ante las Comisiones de Educación y de Género, de la Cámara de Diputados y por ambas presentaciones ya se ofició a la Superintendencia para que entreguen la información”.  

La trabajadora Pamela Celis, de profesión abogada, igualmente, demandó al superintendente de Educación por tutela de derechos fundamentales, por las vulneraciones de su fuero y por las declaraciones en su contra.  

“Esperamos que este proceso se sobresea y dejen sus cargos las personas responsables de estas vulneraciones”, concluyó Carmen Jiménez.  

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Declaración pública Colegio de Periodistas y red de periodistas migrantes ante la violencia en el norte de chile y la crisis humanitaria

El Colegio de Periodista de Chile y la Red de Periodistas Migrantes hacen un llamado a medios de comunicación, periodistas, comunicadores/as e influenciadores/as, a realizar un  tratamiento informativo con perspectiva de derechos ante el contexto complejo y desafiante que se presenta con la inmigración en el norte del país y el resto del territorio nacional.

En este mismo sentido, denunciamos situaciones de amenazas y agresiones contra la prensa, ante un clima de violencia que ha aumentado, por lo cual se exige al Estado ser garante de la libertad de expresión.

Frente a las situaciones de orden público y seguridad, evidenciadas en los últimos días en Iquique, una vez más la información sin un análisis riguroso en los medios, sumado a la rápida difusión que tienen los discursos de odio en las redes sociales, y la insuficiente gestión pública de la migración, a nivel local, nacional e internacional, ha servido de aliciente para que grupos ultranacionalistas convoquen a marchas antimigrantes y se produzca una escalada de violencia contra grupos vulnerables de personas migrantes y solicitantes de refugio, quienes siguen llegando en su mayoría por las fronteras del norte y pasos no habilitados.

Así, la criminalización a la población inmigrante ha trascendido a las autoridades locales, que en su solicitud de medidas con urgencia al gobierno central, ha propiciado un clima de estigmatización y persecución.

Cabe recordar que a finales de septiembre del 2021, también se produjo una oleada de violencia, que terminó en agresión a grupos de migrantes que pernoctaban en el espacio público, y que hoy vuelve bajo el mismo discurso de seguridad y de orden. En ese entonces, con el paso de los días hubo un repudio generalizado, tanto de la prensa como de organizaciones sociales, e incluso de instancias internacionales de derechos humanos.

Este es un llamado a las autoridades, a no reproducir, ni permitir manifestaciones xenófobas y racistas, las cuales generan más violencia y terminan en agresiones a la prensa que acude al lugar de los hechos para ejercer su labor informativa.

Desde El Colegio de Periodistas de Chile y la Red de Periodistas Migrantes, se rechazan las agresiones a grupos de migrantes y periodistas, así como las intimidaciones que buscan la censura. Se advierte además sobre la reproducción de discursos de odio que no desaparecen y proliferan en las redes sociales, y por último se invita a periodistas y comunicadores/as, a seguir los consejos del Decálogo para un Periodismo Intercultural, el cual fue presentado semanas atrás.

En momentos de crisis, una narrativa que es cuidadosa con el lenguaje,  contextualiza y tiene un enfoque de derechos, es indispensable.

30 de enero, 2022

DECÁLOGO PARA UN PERIODISMO INTERCULTURAL (1)
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