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Lautaro Carmona sobre pleno del Comité Central y el momento político: “Vemos un gabinete comprometido por ser contribuyentes al cumplimiento del programa”

El Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a los ejes de intercambio que se plantearon en el Pleno del Comité Central de la colectividad de izquierda, realizado el fin de semana pasado.”Por sobre los nombres, vemos un compromiso por el programa, por sus contenidos a favor del pueblo de Chile” sostuvo.

El dirigente dijo que fueron diversos los temas políticos que los convocó, entre ellos, la nominación del gabinete que acompañará al presidente electo, Gabriel Boric.

Así, destacó que todos los ministros y ministras nominados por el presidente electo están con la mirada puesta en llevar a cabo las transformaciones que plantea el programa de Apruebo Dignidad.

El dirigente político, de la mayor fuerza de Apruebo Dignidad, Lautaro Carmona, destacó que el  futuro gobierno inicia su rumbo con la fuerza del movimiento social, sindical, ya que existe una correspondencia y empatía de sus exigencias y el programa presidencial.

Otros de los temas revisados por el Pleno del Comité Central del Partido Comunista, y que son fundamentales para la ciudadanía, es la relación del gobierno entrante y el plebiscito de salida que podría concluir en la ratificación de una nueva Constitución, y que deberá presentar la Convención Constituyente a mediados de año.

Carmona, realzó la tremenda labor que deberán cumplir todos los ministros y ministras del gobierno, pero se detuvo especialmente en los tres secretarios de Estado comunistas. Secretaría General de Gobierno, Trabajo y Ciencias.

Al concluir, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo que la ciudadanía y trabajadores movilizados serán fundamentales a la hora de cumplir sus exigencias, pese a todas las trabas que ponga la derecha.

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Presentan norma constitucional que reconoce a los colegios profesionales como garantes de la ética profesional

La iniciativa recibió apoyo transversal desde el PC hasta la derecha y cuenta con el respaldo de los Colegios Profesionales Universitarios.

Se dio a conocer la propuesta de norma constitucional para reconocer a los colegios profesionales universitarios como garantes de la ética profesional y la fe pública. Esta potestad era algo que existía en Chile hasta febrero de 1981, cuando la dictadura militar por medio del Decreto Ley N°3621 dictó la ilegalidad de los colegios profesionales existentes y los obligó a convertirse en asociaciones gremiales.

Uno de los argumentos planteados por los convencionales y por la Federación de Colegios Profesionales es que la crisis de las instituciones en el país tiene un origen ético, vinculado en gran medida a la prohibición del ejercicio colegiado de las profesiones universitarias.

Ante esta propuesta el convencional del distrito 13 Marcos Barraza señaló que esta iniciativa “es muy relevante para el buen gobierno, para la probidad, pero especialmente para la fe pública y la ética en el ejercicio de la profesión”.

“Son demasiados los casos en nuestro país de un ejercicio indebido de la profesión y nadie se hace cargo de ello. Quién mejor que los propios colegios profesionales con sus departamentos de ética para hacerse cargo de la fe pública, de la responsabilidad en el ejercicio de la profesión y de la garantía de la ciudadanía de saber que estamos bien cuidados por entidades de estas características”, añadió Barraza.

En tanto, Ramona Reyes, convencional por el distrito 24, indicó que “este reconocimiento constitucional devuelve a los colegios profesionales el rol que tenían antes de la dictadura. El año 1981 se le quitó este importante rol que tiene por objetivo regular las normas éticas, cumplir un rol de supervisión, de control y de autocontrol dentro de los colegios profesionales”.

La norma establece que “Los colegios profesionales universitarios son corporaciones de derecho público, nacionales y autónomas, que colaboran con los propósitos y las responsabilidades del Estado. Su labor consiste en velar por el ejercicio ético de sus miembros, promover la credibilidad de la disciplina que profesan sus afiliados, y representar oficialmente a la profesión ante el Estado. El funcionamiento de los colegios se regirá por una ley de la República”.

Loreto Vidal, convencional por el distrito 20, destacó la importancia de la norma constitucional indicando que “la ética aparentemente en algún momento de la vida perdió la credibilidad que requiere y dejó de estar de moda. El que la tuición ética la tomen nuevamente los colegios profesionales es muy importante. Es verdaderamente una protección a la sociedad civil, a la comunidad toda, porque de alguna manera se van a regular el quehacer de cada profesional que sale de una casa de estudio y que tenga que dar cuenta de las faltas éticas”.

La presidenta de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile (Fedcolprof), Anita Román, mostró su alegría por el ingreso de esta norma constitucional que luego de 41 años devolvería la tuición ética a los colegios profesionales.

“No puede ser que en Chile siga existiendo este endiosamiento a personas que por solo tener un cartón profesional abusan con la sociedad civil. Los colegios profesionales estamos dispuestos a eliminar esta corrupción. Tenemos que cautelar que de una vez por todas los profesionales tengan el rango que tienen que tener y es comprometerse con la ética por lo que estudiaron”, enfatizó Román.

Por su lado, Claudio Ternicer, director de Fedcolprof y representante del Colegio  Médico Veterinario, indicó que el principal problema del país hoy día “es una crisis ética transversal y la forma de enfrentar esta crisis ética que afecta al país es justamente que todos nos comprometamos con un actuar correcto, con un actuar dentro de los códigos de ética”.

La norma constitucional fue patrocinada por los convencionales Marcos Barraza, Loreto Vidal, Mauricio Daza, Felipe Harboe, Ramona Reyes, Benito Baranda, Tomás Laibe, Carolina Videla, Fuad Chaín y Cristián Monckeberg.

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Convencionales presentan norma que reconoce y amplía derechos de las personas en situación de discapacidad

La iniciativa cuenta con la firma de un grupo transversal de convencionales.

Que se consagre el reconocimiento, ejercicio y goce de los derechos políticos, sociales, artísticos y culturales es el objetivo de la norma constitucional presentada por los convencionales Marcos Barraza, Mariela Serey, Malucha Pinto, Alejandra Flores, entre otros constituyentes, durante la jornada de hoy.

Según la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDISC) del Senadis realizada el año 2015 y cuyas cifras no han sido actualizadas, las personas con discapacidad representan el 17% de la población. En Chile, las políticas públicas no se hacen cargo de la protección y los derechos de las personas con discapacidad.

Para Marcos Barraza, constituyente por el distrito 13, la política pública enfocada en la discapacidad “es focalizada, es residual, es asistencial, no es garantista, no hay derechos consagrados y creemos que esta Constitución no sería completa si no asegurara esos derechos”.

Para los patrocinantes de la iniciativa se tienen que garantizar derechos y coberturas universales como educación, salud, accesibilidad universal, trabajo entre otros. El ENDISC 2015 muestra que las personas con discapacidad que trabajan formalmente ganan en promedio un 20% menos que una persona sin discapacidad; tienen 8,6 años de escolaridad; el 50% se encuentra en los dos primeros quintiles.

Barraza indicó que “creemos que tiene que haber una política pública consagrada desde rango constitucional, que asegure autonomía, protección integral de las personas, protección reforzada, capacidad jurídica, materias que hoy día no están presente en la Constitución actual y ciertamente tampoco están presente en las políticas públicas”.

La norma presentada por los convencionales “cumple con un propósito importante que es dotar a las personas en situación de discapacidad de la propia representación política. Creemos que el nuevo sistema tiene que asegurar una participación política en términos de representación y participación integral”, añadió Marcos Barraza.

En tanto, Francisco Silva del Colectivo Nacional por la Discapacidad, fue enfático en señalar que “el Estado tiene una deuda y esa deuda desde la Constitución se puede saldar, pero se puede saldar solo si es que existen garantías para las personas con discapacidad y el cumplimiento de su derecho sustantivo y asegurando también una serie de otros aspectos que están dentro de esta norma derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales de manera sustantiva”.

La norma fue firmada también por los convencionales Claudio Gómez, Aurora Delgado, Julio Álvarez, Tatiana Urrutia, Maximiliano Hurtado, Damaris Abarca, Nicolás Núñez, Ivanna Olivares, Valentina Miranda, Cristina Dorador, Lidia González y Hugo Gutiérrez. Además, respaldada por 39 organizaciones de la discapacidad.

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CIDH publica informe sobre situación de Derechos Humanos en Chile en el marco de la protesta social

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el informe “Situación de Derechos Humanos en Chile” sobre la visita in loco, realizada del 25 al 31 de enero de 2020, con el propósito de conocer las causas subyacentes y las consecuencias de las protestas sociales iniciadas el 18 de octubre de 2019. En el informe se analiza la institucionalidad democrática vigente; las demandas históricas de la sociedad chilena en el marco de las protestas sociales; la respuesta del Estado de Chile a las protestas; así como las medidas adoptadas por éste para atender las demandas de la población.

La CIDH destaca en el informe que durante el estallido social se registraron hechos donde hubo un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, en detrimento del ejercicio al derecho a la protesta pacífica. El informe subraya que el accionar de los Estados democráticos debe considerar que las protestas no constituyen una amenaza al orden público; estas fortalecen la participación política y la construcción de mayores niveles de participación ciudadana. El informe también da cuenta de aquellos actos de violencia que excedieron los límites de la protesta pacífica. Por otra parte, se destaca que las demandas de la población se centraron en el acceso y ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un llamado a asegurar la igualdad y no discriminación, así como el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

En este sentido, se resalta la Convención Constitucional que se instaló el 4 de julio de 2021 con el fin de reformar la Constitución vigente desde 1980, como respuesta democrática ante la crisis social, a través del diálogo nacional. Este proceso representa un paso histórico hacia la reconciliación y una oportunidad única para revertir la situación actual hacia una nueva etapa de pleno goce de derechos humanos para todas las personas.

En el ámbito de lo individual, el informe da cuenta de las medidas adoptadas por el Estado para reparar a las víctimas; y asegurar que las personas manifestantes no sean amenazadas, hostigadas, y violentadas por parte de otras personas o por agentes del Estado. Al respecto, se resalta en el informe que la respuesta del Estado a las manifestaciones, por parte de los órganos encargados del orden, se caracterizó por patrones de violencia y el uso excesivo de la fuerza, que resulto en la pérdida de 5 vidas humanas por acción directa de agentes del Estado y 26 muertes en el marco del “estallido social”, así como cientos de personas heridas, en particular con lesiones oculares. Hechos incompatibles con los estándares interamericanos de Derechos Humanos y con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile en esta materia. Asimismo, el informe destaca las medidas adoptadas para atender las demandas sociales que dieron lugar al estallido.

Este informe, que se publica 37 años después del último documento dedicado a un análisis integral de la situación de derechos humanos de Chile, desarrolla el derecho a la libertad de expresión como eje central en las protestas empezadas en 2019, analizando los reclamos de la sociedad conectados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y su relación transversal con grupos poblaciones en situación de vulnerabilidad. Se resalta el carácter universal, indivisible e interdependiente de todos los derechos humanos, reconociéndose el estrecho vínculo entre la protección de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Igualmente, se abordan las diversas temáticas desde una perspectiva interseccional que incluyen, entre otros factores, la edad, el origen étnico-racial, el género, la orientación sexual o la identidad o expresión de género, para el análisis del contexto específico de violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, la Comisión Interamericana espera que este informe contribuya con garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en Chile; haciendo un llamado al Estado a continuar y profundizar sus esfuerzos para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas, y a mantener un diálogo abierto y respetuoso con los organismos internacionales de derechos humanos y con toda la sociedad. Asimismo, reitera su disponibilidad para colaborar técnicamente y seguir dialogando desde el rol y mandato.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

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Marcos Barraza denuncia que la derecha pretende generar condiciones extremas para el rechazo de la nueva Constitución en el plebiscito de salida

El Convencional Constituyente, Marcos Barraza, levantó la voz de alerta ante declaraciones de la derecha que buscan prolongar y extender en el tiempo el debate constituyente.

El convencional Barraza previno que bajo ese argumento, la derecha pretende generar condiciones extremas para el rechazo de la nueva Constitución en el plebiscito de salida.

La derecha está,  antes que asuma, tratando de desgastar al gobierno de Apruebo Dignidad, y generar mayores tensiones ciudadanas para rechazar la Nueva Carta Magna, denunció Marcos Barraza.

Marcos Barraza destacó que a medida que pasen los debates en la Convención Constituyente, las normas constitucionales se irán naturalmente entrecruzando con las exigencias ciudadanas, y que están plasmadas en el programa presidencial de Apruebo Dignidad.

En este sentido, destacó el amplio apoyo que Apruebo Dignidad, y el gobierno de Gabriel Boric, le entregan al proceso constituyente, no así la derecha que desde un principio se plantó en el rechazo.

El convencional Barraza dijo que el gabinete conformado por el presidente electo, Gabriel Boric, busca alcanzar los votos necesarios en el congreso para las principales transformaciones que la ciudadanía demanda y que también están en consideración de los convencionales de Apruebo Dignidad.

Al concluir, Marcos Barraza dijo que para llevar a cabo las transformaciones necesarias es fundamental en tremendo apoyo, que hasta ahora, han entregado las organizaciones sociales, ciudadanas en general, y el mundo popular.

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Presidenta del CPLT y resultados de Transparencia Internacional: “Sería una irresponsabilidad conformarnos con estos resultados”

  •  Chile permanece en el segundo lugar de América Latina con mayor percepción de corrupción, una situación que experimentan gran parte de los 180 países y territorios contemplados en el reporte de Transparencia Internacional de 2021.
  • La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, apuntó a la necesidad de robustecer un ecosistema de transparencia e integridad, con normas e instituciones que actúan contra la corrupción.

Según el reporte de Transparencia Internacional nuestro país se mantuvo en 2021 en el segundo lugar en América Latina y tercero en el continente con 67 puntos en el Índice de Percepción de Corrupción, lo que para la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT) habla de un estancamiento, puesto que los resultados han dependido más bien del desempeño otros países, subrayando que “sería una irresponsabilidad conformarnos con estos resultados”.

(El reporte) “habla de pocos cambios y de un estancamiento desde hace varios años, dado que los resultados han dependido más bien de cuán bien o mal lo han hecho otros países. En nuestro país hemos visto situaciones preocupantes en el último tiempo, no podemos perder la capacidad de asombro ni resignarnos frente a la corrupción, debemos reaccionar de manera firme, estableciendo mayores sanciones ante estos ilícitos”, agregó la titular del CPLT.

Uno de los caminos para enfrentar esta percepción, apuntó la presidenta del Consejo, es la acción coordinada de entidades que trabajan en la lucha contra la corrupción desde sus competencias y las normativas que configuran lo que denomina “un ecosistema de transparencia e integridad en lo público”.

“Tenemos a la Contraloría General de la República, a la Unidad de Análisis Financiero, al Consejo de Defensa del Estado, al propio Consejo para la Transparencia que desde sus atribuciones y responsabilidades están aportando a este ecosistema, con acciones y normas que deben irse adecuando a los cambios que tienen fenómenos como la corrupción” , espetó. Esto derivado de “la permanente sofisticación que vemos, en el mundo en general, de situaciones de corrupción, por lo que es importante ir mejorando las regulaciones”.

En esta línea comentó que “no se trata sólo de la Ley de Transparencia, la Ley de Probidad o la persecución de un delito lo que posibilita fortalecer este ecosistema e ir en la línea preventiva o disuasiva, también perseguimos sanciones adecuadas. Si avanzamos de esa manera vamos a generar mejores reglas del juego y vamos a enfrentar la sensación de impunidad que está en la percepción de muchas personas”.

Transparencia para el nuevo ciclo político

Subrayó que “sería una irresponsabilidad conformarnos con estos resultados. Porque no debemos dejar de sorprendernos ante la corrupción, en particular en un nuevo ciclo político en el que sabemos que la transparencia para restablecer y crear confianza es una de las tareas más relevantes que tendrá la nueva administración”.

“La oportunidad que se abre con la Convención Constitucional y con las medidas que pueda implementar el nuevo gobierno en materia de transparencia son parte central del cómo continuaremos trabajando para superar la crisis de confianza y para construir una mirada de las instituciones basada en el aporte que hacen a la construcción de bien público”, concluyó la titular de transparencia.

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Teillier destacó que pleno del Comité Central apoyó sin reparos gabinete ministerial de Boric

El presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, reveló que el pleno del Comité Central de su colectividad, apoya sin reparos al presidente electo y su gabinete ministerial presentado el fin de semana pasado.

El parlamentario se refirió a los secretarios de Estado designados por Boric, y especialmente  a los ministros y ministras comunistas, destacando que ahora, a partir de marzo, estarán en el comité político.

El parlamentario del partido Comunista reiteró que tienen grandes esperanzas en el gabinete nominado por Gabriel Boric.

Guillermo Teillier señaló que el actual gabinete designado por Boric, responde también a las fuerzas contrarias que tendrá el gobierno de Apruebo Dignidad en el parlamento, por tanto, se requiere mayoría y a eso apunta el gabinete de Boric.

Asimismo, Guillermo Teillier explicó las condiciones complejas en que se desenvolverá el gobierno de Gabriel Boric, ante un contexto económico presupuestado por el actual gobierno.

Lo que coincide, señaló Teillier, con las pretensiones de la derecha de correr la fecha del plebiscito de salida del texto constitucional, para restar apoyo al gobierno de Boric.

Al concluir, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, dijo que conversará con todos los ministros y ministras y compartir los diferentes puntos de vista para concretar el programa de Apruebo Dignidad, y concluir en forma exitosa la convención constituyente.

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Jorge Arrate asegura que quienes conforman el próximo gabinete cuentan con las capacidades para llevar a cabo el programa de Apruebo Dignidad

El excandidato presidencial, y actual dirigente de Plataforma Socialista, Jorge Arrate, manifestó que han recibido con ánimo celebratorio la designación del gabinete del presidente electo, Gabriel Boric.

Jorge Arrate, enfatizó que en general los hombres y mujeres que conforman el gabinete que asume en marzo, cuenta con las capacidades para llevar las exigencias plasmadas en el programa de Apruebo Dignidad.

Eso sí, Arrate señaló que hubiera preferido otro ministro de Hacienda, mencionando algunos, pero al mismo tiempo, confía en que Mario Marcel sea un ministro más, y que esté comprometido con el programa, de lo cual no duda.

La mirada económica debe estar subordinada a la mirada política del gobierno, y no al revés, como ha sido tradición en estos años, planteó Jorge Arrate.

Jorge Arrate fue categórico al analizar el gabinete de Boric, pero en relación al parlamento elegido y que asume en marzo.

Ante lo cual dijo que hubo deficiencias en la campaña presidencial en la primera vuelta y que se plasmó en ignorancia del sujeto popular.

Jorge Arrate, se refirió a las necesidades de la población, y que están explicitadas en el programa de gobierno, y que se debe ir más allá, exigió.

En estos términos, destacó el trabajo a realizar en contra de la delincuencia y el narcotráfico, demostrando experiencias internacionales al respecto y que podrían servir a nuestro país, y que se sustentan en la base de la igualdad social.

También destacó temas urgentes como la reforma tributaria, royalty, pero todos deben estar en concordancia y con la fuerza de la ciudadanía movilizada, destacó.

 Al concluir, el dirigente político y ex candidato presidencial, Jorge Arrate, reiteró que para llevar a cabo las transformaciones sociales urgentes y que el país demanda, la ciudadanía debe estar movilizada, y no ser excluida de las decisiones políticas.

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Antonio Gramsci: Ciencia política y marxismo

Por: Pablo Monje-Reyes

“Estructura y Superestructura; la hegemonía de la clase social asalariada sólo se manifestará de 2 modos, como dominio institucional del estado y como dirección intelectual y moral de la sociedad civil. Así, la real liberación política del proletariado se reivindicará creando su propia cultura de clase desde la dominación” (Gramsci; Los Cuadernos de la Cárcel, ed. 1975).

El 22 de enero de 1891 en Cerdeña nace Antonio Gramsci, uno de los políticos y teóricos del marxismo más prolíficos del siglo XX. Militante, periodista, filólogo y pensador, fundador del Partido Comunista Italiano en enero de 1921. Este autor ha sido uno de los intelectuales que más ha aportado al desarrollo de la teoría marxista de interpretación de la realidad desde la ciencia política; “la innovación fundamental introducida por el marxismo en la ciencia de la política y de la historia, es la demostración de que no existe una naturaleza humana abstracta, fija e inmutable (…) sino que la naturaleza humana es el conjunto de relaciones sociales históricamente determinadas, es decir, un hecho histórico es verificable, dentro de ciertos límites, con los métodos de la filología y de la crítica. Por lo tanto, la ciencia política debe ser concebida en su contenido concreto (…) como un organismo en desarrollo” (Gramsci; Maquiavelo y Lenin, ed. 1972).

Sus postulados teóricos y metodológicos están desarrollados en extenso en su obra “Los Cuadernos de la Cárcel”, material político que elaboró durante los años de prisión que le impuso la dictadura fascista de Mussolini. Su arresto se produjo pese a su inmunidad parlamentaria en el año 1926, pues, en ese momento este brillante intelectual sardo era Diputado de la república italiana, y por su férrea oposición al fascismo que empezaba a asolar Europa fue condenado a 20 años, 4 meses y 5 días de cárcel, el propósito político de ello según el fiscal acusador, era; “para detener ese cerebro por lo menos 20 años”, llegó a ser prisionero político durante sus últimos 11 años de vida. Su portentosa obra fue conocida, publicada y estudiada muy posterior a su elaboración, ya que fue ampliamente divulgada por Europa recién desde el año 1947, es decir, 10 años después de su muerte que ocurrió estando aún en prisión el 27 de abril de 1937 a sus tempranos 46 años. En esta obra que mencionamos emergen nuevos conceptos e ideas que ayudan lúcidamente a enriquecer la interpretación de la realidad, sin dejar nunca de lado el aporte metodológico más sustantivo del marxismo; teoría y praxis.

Las contribuciones teóricas más sustanciales de Gramsci fueron, entre otras, el de instalar en el análisis crítico marxista la importancia de la cultura política; la cultura propiamente tal como instrumento de dominación; la hegemonía (la opinión y su esfera pública); el bloque histórico (la sociedad política y la sociedad civil); el homo faber y el homo sapiens uno y el mismo; el intelectual orgánico; la crisis de hegemonía y el rol de los intelectuales. Como notable dato histórico, debemos agregar el encuentro que tuvo Antonio Gramsci en 1922 y con ocasión del IV Congreso de la Internacional Comunista, con nuestro sempiterno Luis Emilio Recabarren, 2 gigantes del pensar y del hacer comunista.

Imposible desarrollar en un pequeña columna los aportes de Gramsci al debate del análisis marxista en su totalidad. Pero, debemos destacarlo en el marco que vive hoy la sociedad chilena y la profunda crisis que está generando el actual modelo de dominación de carácter neoliberal. En términos de la ‘caja de herramientas’ conceptuales que Gramsci desarrolla podemos interpretar que la crisis actual en Chile no es sólo económica, también es política; “los grupos sociales se separan de los partidos tradicionales, ya que no son reconocidos como expresión propia de su clase o de una fracción de ella”, esta crisis se desarrolla porque; “la clase dirigente fracasó en alguna gran empresa para la cual demandó o impuso por la fuerza el consenso de las grandes masas (…) o porque vastas masas (…) pasaron de un golpe de la pasividad política a un cierta actividad y plantearon reivindicaciones que en su inorgánico conjunto constituyen una revolución” (Gramsci; Los intelectuales y la organización de la cultura, ed. 1972).

Desde una perspectiva actual y gramsciana para un mejor comprender al Chile de hoy, la nuestra es una crisis de autoridad de las viejas prácticas de los partidos de la concertación y de la derecha que durante 30 años legitimaron y le dieron conducción política al modelo de desarrollo neoliberal. De este modo, no se puede decir que ha sido o está siendo una crisis orgánica del conjunto del Estado y de sus formas de dominación, porque de hecho sigue operando y hasta ahora con éxito, la construcción legal–racional, en términos weberianos, expresada en el proceso de salida de la crisis con la elección de la convención constitucional mandatada para un proceso de elaboración de una nueva constitución de la república. Es decir, procurando una relegitimación del Estado desde su misma matriz de dominación.

De esta manera, desde una mirada gramsciana, la sociedad chilena estaría en una potente crisis coyuntural, y que el desafío global que hoy se impone es avanzar sustantiva e integralmente en desarrollar las grandes reformas que terminen por derribar objetiva y subjetivamente las vigas maestras del neoliberalismo, en forma y contenido, estructura y superestructura, en donde los patronos del modelo no puedan seguir dominando ni controlando la hegemonía política y cultural del país, para que se produzca una separación irreconciliable entre la vieja sociedad política de los últimos 30 años con su agónica institucionalidad de dominación, versus la sociedad civil emergente, movilizada y haciéndose escuchar, con la diversidad variopinta de actores sociales que hoy demandan reivindicaciones menores y mayores, desde mejorías básicas en sus condiciones de vida hasta participación, protagonismo y decisión en los asuntos principales en la conducción del Estado, recién ahí se estaría desplazando y vaciando la actual hegemonía neoliberal.

Para que lo anterior ocurra se debe obtener el poder político conquistando el gobierno, pero ello no es suficiente. La tesis principal de Gramsci, es que el grupo dirigente primero debe dirigir la sociedad civil y debe mantener su capacidad de conducción para, posteriormente, por medio del poder gubernamental construir dominación. Hegemonía, para Gramsci, es ejercer desde el pueblo organizado las funciones de dirección política, intelectual y ética. Condiciones necesarias para un recambio de hegemonía en la conducción y dirección del proceso de cambios en nuestra sociedad. Así, la condición fundamental, según nuestro autor, es que el grupo en el poder no puede dejar de ser dirigente de la sociedad civil, si se separa de esa condición la crisis no se resolverá en favor de la sociedad civil movilizada y que llevó a la crisis y al fracaso de quienes dominaron en los últimos treinta años en Chile. En síntesis, si seguimos el análisis expuesto, lo importante y clave para el éxito del cambio de hegemonía de una clase a otra, es necesario y fundamental el rol de las organizaciones sociales y el apoyo movilizado a las reformas y a los cambios necesarios para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo político, económico y cultural, que es lo principal que se demandó en las grandes movilizaciones sociales que se iniciaron en octubre del 2019 y que se desplegaron por todo el país  con un claro y categórico sello transformador.

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