Por Cinthy Miskulini Araya, Gonzalo Gajardo Vistoso

Observatorio de Convivencia, Violencia y Seguridad Escolar OCVSE

La violencia juvenil interpersonal en el contexto educativo – Violencia Escolar (Berger &  anchez Soto, 2024) – desde sus formas más sutiles, hasta sus manifestaciones más extremas, ha proliferado a niveles preocupantes. En el último tiempo, hemos asistido a  situaciones alarmantes constitutivas de delito (homicidios y homicidios frustrados) que han conmocionado a la Opinión Pública nacional.

Recogiendo las orientaciones de UNESCO, el Ministerio de Educación defi ne como violencia escolar todas las formas de violencia dentro o fuera de las aulas, en los alrededores de las escuelas, en el camino hacia o desde la escuela, así como en línea y otros entornos digitales (MINEDUC, 2025).

Informes del primer trimestre de este año (SUPEREDUC, 2025), anotan un 14.2 % de aumento en las denuncias por violencia en los establecimientos educacionales, respecto de 2024 (UCSC, 2025). Entre 2017 – 2018, se registró un aumento de un 26.7 % de denuncias por maltrato físico y psicológico al interior de estos (Berger & Sanchez Soto, 2024, pág. 12).

Entre 2007 – 2014, tanto en la educación pública como particular subvencionada, la percepción por agresión (Bullyng, Convivencia y Clima Escolar, RRSS) sostuvo significativos niveles, por parte de los actores de la Comunidad Escolar. Un 23.3 % para el caso de Alumnos, 11.2 % para el caso de Docentes y 11 % para el caso de asistentes de la educación.

También en 2007 – 2014, según informes de Seguridad Pública (SPD, 2014), los Alumnos agresores consignaron un 27.3 % de casos de violencia escolar abordados. Informes del INJUV de 2017, indican que un 47 % de los jóvenes que han experimentado Bullying, declara no haber denunciado o expresado a algún adulto que fue agredido (Berger & Sanchez Soto, 2024, pág. 12). 

Conviene tener a la vista también, la situación de la Convivencia Educativa a nivel nacional y regional, comprendida esta como contexto basal de eventuales situaciones de Violencia Escolar. Estadísticas de denuncias en el ámbito de convivencia (6.148 casos a nivel nacional) de 2025, informan de un aumento de un 20.7 % respecto de 2024 (SUPEREDUC, 2025).

También en 2025 (junio) las denuncias en el ámbito de convivencia representaron un 70.8 % del total registrado. Durante el período 2023 – 2025, las denuncias por convivencia se concentraron significativamente en la educación particular subvencionada, representando más del 50 % respecto de otros tipos de dependencia. En 2025, los SLEP representan el 11.2 %, la educación municipalizada representa el 19.4 % de las denuncias.

Diagnósticos realizados en Chile en 2023 – 2024 (Berger & Sanchez Soto, 2024) indican que; si bien existen significativos avances en materia institucional, garantía de derechos y protección contra la violencia de NNA en el ámbito educativo (Leyes, Políticas, Normativas), así como avances en materia curricular e inversión en prevención contra la violencia escolar, persisten brechas de implementación local.

Al respecto destaca responder adecuadamente, a nivel establecimiento, a los incidentes de violencia registrados, una mejor articulación local multisectorial de los actores implicados en infancia (salud mental, seguridad pública y otras agencias gubernamentales) (Berger & Sanchez Soto, 2024).

Destaca también la escasa profundización curricular, a nivel escuela, de la problemática de la violencia. Sobre ese punto, destaca el escaso rol docente en la implementación en aula y actividades generales. Por otra parte, destaca también – a nivel de escuela – el desajuste reglamentario interno y la concreción de las directrices de convivencia educativa (Berger & Sanchez Soto, 2024).

Por último destaca a nivel local; El escaso abordaje de los factores de riesgo presentes en contextos barriales y urbanos, que resultan altamente incidentes en la convivencia y violencia escolar (Berger & Sanchez Soto, 2024).

De 24 indicadores y subindicadores de análisis diagnóstico (según el marco Safe to Learn) para el estado de situación de la violencia escolar en Chile, 18 se encuentran no implementados o parcialmente implementados a nivel del Establecimiento Educacional (Berger & Sanchez Soto, 2024, págs. 18 – 20).

Los esfuerzos institucionales en educación se orientan a gestionar la problemática en relación convivencia – violencia, buscando la pedagogización formativa en los establecimientos educacionales. Los esfuerzos, promueven también mínimas pautas de coproducción de seguridad y bienestar en las comunidades educativas.

No obstante, dichos esfuerzos nuevamente redundan en la fidelización y organización de la demanda. Resulta indispensable pues, considerar que para hacer de los establecimientos educacionales Espacios Seguros, se deben atender las brechas de gestión e intervención identificadas en los diagnósticos. Brechas que, por la naturaleza integral del problema, se cifran en tópicos que superan el ámbito puramente educativo.

Al efecto, se requiere la implementación de planes y programas de intervención y gestión integral, cuyos objetivos consideren; la instalación de capacidades, la coordinación intersectorial, la planificación participativa, el accionar preventivo, así como la actuación crítica pertinente y eficaz.

A su vez, planes y programas que aborden la relación; establecimiento – entorno – contexto urbano, cuyo diseño considere; enfoque territorial, participación social y gobernanza, interagencialidad y multisectorialidad, reportabilidad y monitoreo, análisis de evidencia y prevalencias, focalización de inversión, protocolos compartidos, entre otros.

Tampoco basta con policializar la problemática de la violencia escolar, es esta una tarea de Estado cifrada en la gestión eficaz y eficiente así como en la multisectorialidad y multiescalaridad. Es una tarea de la sociedad democrática cifrada en los más caros valores de equidad y solidaridad.

Al respecto, la apuesta programática de Jeannette Jara es clarificadora; promover una Educación con espacios y entornos seguros para el buen vivir… enfrentando problemas que no podemos ignorar: episodios de violencia escolar, crisis de salud mental en estudiantes, docentes y asistentes de la educación, inseguridad en los entornos y un deterioro de la infraestructura que afecta directamente la calidad del aprendizaje… recuperando la educación como un derecho que da confianza y oportunidades, fortaleciendo a las escuelas como lugares de protección, libertad y desarrollo integral, donde las niñeces puedan crecer seguras y las familias encuentren apoyo y esperanza (Programa de Gobierno, 2025, pág. 80).

Las medidas 267 a 275, referidas a; salud mental, entornos seguros, escuelas abiertas, convivencia educativa, infraestructura, rezago territorial, entre otros, apuntan en la dirección correcta. 

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