Nuevamente el concejal Luis San Martín (UDI), de la comuna de Cabrero, hace noticia por su actuar impropio al de una autoridad política, en esta ocasión un informe emanado por la Contraloría regional del Biobío, da cuenta de las irregularidades cometidas por San Martín en el marco de un viaje de capacitación a la ciudad de Arica en el año 2020. El informe señala que no se pudo acreditar la participación del concejal en la capacitación.
Debido a lo anterior, la Contraloría dictaminó que el concejal tiene un plazo de 30 días hábiles para devolver los dineros otorgados para dicho viaje, un millón 164 mil pesos, además el edil deberá devolver la dieta asignada por concepto de las reuniones a las que no asistió, lo que sumaría 350 mil pesos más a la deuda.
También en 2020, en plena pandemia y con toque de queda, el concejal fue sorprendido por efectivos de carabineros conduciendo en estado de ebriedad, razón por la cual le toco enfrentar a la justicia. Además, en agosto de ese mismo año ya había sido condenado por violencia intrafamiliar, como autor de lesiones leves perpetuadas a su cónyuge.
La abogada de la municipalidad de Cabrero, Belén Zarate comentó a nuestra emisora: “La contraloría regional derivó de oficio los antecedentes al ministerio público, a la fiscalía local de Yumbel, para indagar la posible comisión de delitos por parte del concejal y su grado de participación en aquello”. Agregando: “Finalmente, la contraloría regional refiere; En virtud a las eventuales faltas a la probidad, se encuentra facultado el consejo municipal de Cabrero a derivar los antecedentes descritos al Tribunal Electoral Regional”.
El jueves pasado, durante el concejo municipal el informe fue entregado a todos los asistentes al concejo municipal, y se espera un pronto pronunciamiento del Tribunal Electoral Regional.
A continuación presentamos el informe en su totalidad: E 405666
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En entrevista, la abogada de Derechos Humanos del sitio de memoria Londres 38, indicó que el tiempo invertido en la investigación y la dedicación a estudiar los patrones de la violencia institucional que se ejerció contra manifestantes durante el estallido social, son suficientes como para haber formalizado a altos mandos de Carabineros, en particular, al general Ricardo Yañez, quien en ese tiempo lideraba la Dirección Nacional de Orden y Seguridad.
Señaló que el origen de la querella que presentaron como entidad años atrás, responde a más de 2 mil denuncias que en ese entonces levantó la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile y que merecían ser investigadas con la debida diligencia, expresó.
El ex director y actualmente General de Carabineros, quien ya se le sindica en calidad de imputado, ha eludido colaborar con la justicia al menos en 6 ocasiones desde el 2022, situación que pone en entredicho el mensaje de colaborar que anunció al gobierno, señaló la abogada.
“Esas series de entramados de la causa justifican una formalización hace meses, desde que se le comenzó a investigar como imputado. La interrogante es por qué no se formaliza si los antecedentes están en carpeta”
Por otro lado, Karinna Fernández, lamentó la situación de Nicolás Piña, preso de la revuelta quien ha sido sentenciado a cumplir una condena de 10 años, y cuya medida cautelar de arresto domiciliario fue cambiada recientemente a prisión preventiva.
“Durante el actual gobierno se ha desplegado la persecución más dura en contra de Nicolás, donde las únicas pruebas en su contra son dichos de carabineros intramarchas, además de haber sido secuestrado y torturado en un furgón sin ninguna característica de pertenecer a la institución policial”.
“En un contexto de protesta los funcionarios no buscan acciones preventivas sino generar pruebas que llamamos ilícitas, dado que no cumplen con establecer comunicación con un juez o un fiscal, siendo sólo sus afirmaciones ante los tribunales las que dicen que fue él quien lanzó una molotov en contra de un vehículo policial”.
Al igual que en el caso de Alex Núñez, trabajador golpeado por carabineros con resultado de muerte, “no hay ningún imputado y los responsables siguen ejerciendo en las fuerzas de orden del país”, expresó aludiendo al sesgo de justicia de clase que rodearía a estos casos.
La abogada también deploró los dichos del fiscal nacional, Ángel Valencia, respecto a indicar que no existe sistematicidad en las violaciones a los derechos humanos durante el estallido “porque no corresponde a la figura opinar sobre investigaciones en curso, lo que se considera desde la perspectiva del derecho internacional, como una afectación a la independencia de los propios funcionarios que realizar la investigación”, precisó.
Este miércoles 18 de octubre, con ocasión de cumplirse cuatro años de la revuelta social, la diputada PC, Lorena Pizarro, se refirió a la responsabilidad del ex Presidente Sebastián Piñera respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido.
Desde el Congreso Nacional, la ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, afirmó que tarde o temprano, el ex mandatario tendrá que responder por las sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos a quienes se manifestaban en las calles.
“Sebastián Piñera no es un gran demócrata, es un presidente responsable de crímenes, de mutilaciones oculares, de torturas por los cuales tiene que responder. No sé si será ahora o pronto, pero no tengo dudad, por la experiencia de este país, que lo vamos a perseguir hasta el final, no va a quedar en la impunidad”.
En ese sentido, la parlamentaria hizo un paralelo con el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, quien se encuentra condenado por crímenes de lesa humanidad.
“Aquí hubo un Presidente de la República (…) que le declaró la guerra al pueblo, y la declaró tomando medidas que son propias de un régimen autoritario. No es la dictadura, pero quiero recordar que Alberto Fujimori, electo por votación, está cumpliendo condena por crímenes de lesa humanidad. Sebastián Piñera declaró que estaba en guerra, Sebastián Piñera declaró estado de sitio, y Sebastián Piñera sacó a las Fuerzas Armadas y a las policías a reprimir y a perseguir a quienes se manifestaban”, sostuvo Pizarro.
Además, la diputada criticó a la derecha política por defender la tesis de que la revuelta social habría sido un “golpe de Estado no convencional”. Al respecto, les recordó que quienes saben de golpes de Estado son, precisamente, quienes forman parte de su sector político.
Recordemos que en abril de este año, el ex presidente acudió en calidad de imputado a entregar declaraciones ante la fiscal de alta complejidad Ximena Chong, por una mantener responsabilidad en crimenes de lesa humanidad, en un proceso judicial que aún no ha llegado a su fin, al igual que el juicio en contra de los altos mandos de carabineros.
Decenas de cuecas componen el libro del payador y cantautor Manuel Sánchez, creación donde confluyen distintos ciclos tanto personales como sociales, entre ellos, la conmemoración de los 50 años del Golpe.
En el conjunto de esta obra lírica, hay una búsqueda poética en torno a la estrofa cuequera, explica el músico, resaltando que la cueca no es solo un canto sino que se relaciona con una historia o una intención.
“Es un mundo que tiene relación con el haiku tan conocido y admirado, esto de poder contar una historia porque eso es la cueca”, señala.
En la publicación tambiénse encuentran los comentarios de la académica de la Pontificia Universidad Católica, Paula Miranda; Manuel Silva Acevedo, poeta y Premio Nacional de Literatura (2016); Osvaldo Cádiz, profesor e integrante de la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios; Nano Acevedo, músico, cantante, compositor y escritor chileno; y Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia (2006).
El libro se puede encontrar en el local de Discomanía en calle 21 de mayo 583, local 894, Santiago centro, en la Tienda Nacional, y también en los conciertos de Manuel Sánchez que están siempre actualizándose en sus redes.
Un nuevo contenido cultural se incorpora a la programación de radio Nuevo Mundo desde el 23 de octubre, con las cápsulas “Mujeres en la ciudad”, proyecto que busca visibilizar la biografía de autoras y personalidades, cuya vida y obra han inspirado la nominación de algunas calles en la región.
“Hay hartas mujeres que homenajear pero no están todas las que debiesen ser homenajeadas en el país”, explica el director de la emisora, Julio Ugas, apuntando a que el porcentaje de quienes están siendo nombradas en calles no es tan alto: el 42% lleva por nominación nombres o apellidos de una mujer y el 30% de ellos corresponde al de una religiosa.
Frente a tal situación, donde además estas calles no están en su gran mayoría nombrando vías principales o donde sólo abarcan un tramo de aquellas, el proyecto busca aportar a la inclusión social y equidad, dando a conocer a 14 lideresas que con sus diversas obras o experiencias, han trascendido en la historia de Chile.
La iniciativa que es financiada por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional, contempla las biografías de mujeres como Amanda Labarca, Gabriela Mistral, Violeta Parra, las escritoras Marcela Paz y María Luisa Bombal, Gladys Marín, la doctora Eloísa Díaz, Javiera Carrera, la toqui mapuche Janequeo, la actriz Olga Donoso, la tenista Anita Lizana , Marta Brunet, Laura Rodríguez y a la trabajadora detenida desaparecida, Elisa Escobar Cepeda.
La presidenta de las Juventudes Comunistas y diputada de la república, Daniela Serrano, entregó declaraciones respecto al cuarto aniversario del estallido social y las demandas sociales de la ciudadanía que han quedado inconclusas debido al “obstruccionismo” de la derecha.
Serrano declaró: “Hay que recordar que hace 4 años, la derecha era gobierno y de una manera bastante provocadora mandaba a la gente a levantarse más temprano, a hacer vida social en los consultorios, en los SAPU, que mandaba a la gente a comprar flores, porque era lo más barato”.
La diputada señala que la derecha empresarial económica tiene puesto su foco en los medios de comunicación y el Congreso Nacional y no en la ciudadanía. Agregando que: “Este relato de que esto finalmente no era un estallido, no eran legítimas demandas, sino que está puesto el foco en los desmanes”.
“Finalmente, esto no era entender, gran parte de las razones de la violencia que se suscitó en ese momento, cuando las demandas no eran escuchadas por ese gobierno, ósea se están lavando las manos” fustigo Serrano.
Negacionismo
La tesis del supuesto intento golpe de Estado, que ha levantado la derecha, y particularmente el ex presidente Piñera, comenta Daniela Serrano, comenzó en las vísperas de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado civil-militar. La diputada recuerda que, durante la revuelta, el congreso y todos los poderes; judicial, legislativo y ejecutivo, siguieron funcionando normalmente y destaca que la ciudadanía estaba desarmada protestando.
Serrano subraya: “Esta es una derecha bastante caradura, es una derecha que no asume su responsabilidad, tanto, de las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos contra los manifestantes en adelante y tampoco asume su responsabilidad en el golpe de estado hace 50 años”.
Una Constitución a la medida de los ricos
La diputada Daniela Serrano argumenta que la derecha empresarial y política entienden muy bien las demandas de la ciudadanía, simplemente se niegan a hacer una constitución que perjudique los negocios o el bolsillo de sus representados.
Serrano señala Chile Vamos en el consejo constitucional “Los principales expositores y expertos en materia de pensiones fueron las AFPs, y de hecho se pasearon como pedro por su casa, fueron a exponer mil y una veces y hoy día tenemos como resultado que está escribiendo una nueva Constitución que consagra un sistema como el de las AFPs”.
Adicionalmente, la diputada comenta que este obstruccionismo también se vive en el congreso, con una reforma previsional que está estancada por los parlamentarios de derecha y algunos de centro, quienes mantienen el sistema actual, pese a las pensiones de miserias que ello significa.
“La derecha representa los intereses de sus empleadores”
La diputada comenta que en la Cámara la derecha no ha optado por el diálogo, explicando que la comisión del trabajo que está instalada no mantiene los votos para sacar una reforma previsional óptima para la ciudadanía.
“Nosotros no nos vamos a arriesgar a eso”, agregando, “le vamos a decir al país que, lamentablemente, Chile Vamos, la ultraderecha, los republicanos en particular, no quieren llegar a una conversación sana y saludable de hacer una reforma en el sistema previsional”, explica Serrano.
Finalmente, la diputada recuerda que las ISAPRES o AFPs, son los empleadores de los parlamentarios que se oponen a la reforma, los mismos que nunca estarían por tocarle el bolsillo a sus jefes.
Realizando una dura crítica a la derecha tanto por su negativa de modernizar el sistema previsional en el país, junto con las otras demandas sociales que se arrastran desde décadas y además intentar instalar un negacionismo para desentenderse de las violaciones a los derechos humanos. La Diputada Daniela Serrano culminó su entrevista manifestando su solidaridad con el pueblo Palestino y condenando los ataques aéreos de Israel a la población civil en Gaza.
Invitado por la subcomisión de Hacienda del Congreso que debate el presupuesto general de la Nación para el 2024, el timonel de las y los funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial, insistió en la necesidad de lograr más recursos para equiparar especialmente a aquellos colaboradores que sufren una profunda desigualdad salarial.
Como el “restablecimiento de un principio de equidad” calificó el presidente de la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ), Marcelo Inostroza, el protocolo de acuerdo suscrito por su organización con la Subsecretaria de Justicia para homologar las remuneraciones de las y los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs), y cuyo contenido defendió en medio del debate de la Subcomisión de Hacienda abocada al presupuesto 2024 para la cartera liderada por Luis Cordero.
En su intervención el dirigente, en representación de más de 2000 funcionarias y funcionarios, recordó que este protocolo suscrito a principios de agosto pasada, entrega una cuota de justicia para aquellos trabajadores que desarrollando una misma labor en las Cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial a lo largo del país “reciben una remuneración que no es equitativa”.
En este mismo sentido el timonel de Fenadaj, abogó por que este acuerdo firmado por la autoridad “constituya una primera etapa de un sistema de solidaridad que contemple en primer término un beneficio para quienes reciben ingresos más precarios”, lo cual pasa a su juicio por “la inyección directa de recursos cercanos a los 1000 millones de pesos por parte del presupuesto del Estado para el 2024”, favoreciendo “en primera instancia a auxiliares, administrativos y técnicos y luego en una segunda etapa a los estamentos profesionales” de la organización que representa desde el punto de vista gremial.
“Las Corporaciones de Asistencia Judicial constituyen el mayor operador de la justicia en Chile, por lo que la homologación de remuneraciones permite restablecer un criterio de equidad que tiene asidero no en nuestras demandas, sino en la propia legislación”, aseveró Marcelo Inostroza, en medio de su intervención en el Parlamento, citando el artículo 52 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que establece que a iguales funciones deben otorgarse iguales remuneraciones.
Tras esta presentación el propio Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, entidad de la cual dependen presupuestariamente las CAJs del país, admitió que están considerados para el próximo año los fondos que permitirán cumplir el protocolo de homologación de remuneraciones comprometidas hasta el año 2026 según consta en el acuerdo que aluden los personeros de Fenadaj, situación que fue corroborada por los parlamentarios al aprobar los 1000 millones requeridos por los dirigentes.
En la mañana de este miércoles, luego de una marcha que atravesó por las principales calles de Valparaíso, un grupo de dirigentes de las principales organizaciones de pensionados y montepiadas de la región llegaron al Congreso Nacional con el fin de manifestar su apoyo a la reforma previsional impulsada por el Gobierno.
Una vez en el parlamento, las organizaciones encabezadas por ACHIPEM (Asociación Chilena de Pensionados y Montepiadas) entregaron una carta a los diputados Luis Cuello y María Francisca Bello, siendo recibidos también por la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.
En relación al contenido de la carta y su recepción, el diputado Luis Cuello (PC), de la región de Valparaíso, describió: “Hoy recibimos en las afueras del Congreso Nacional a distintas organizaciones de jubilados y jubiladas, de trabajadores y trabajadoras, quienes están demandando un nuevo sistema previsional. Esta demanda está recogida en la reforma a las pensiones que estamos tramitando a la Comisión de Trabajo”. “Sin embargo, hasta ahora la derecha ha bloqueado el proyecto porque está defendiendo los intereses de las AFPs. Hoy se requiere una reforma urgente, los jubilados no pueden esperar más. Esto es para hoy y no para mañana”, añadió.
Por otra parte, sobre las razones para la manifestación, Guillermo Risco presidente de ACHIPEM Valparaíso expresó: “Es el malestar que sentimos frente a la oposición, que no quiere legislar, no quiere hablar de reforma de pensiones. Y significa también respaldar a la ministra, porque ella se la ha juzgado entera, por esta reforma que nos viene a solucionar en algo el tema”.
Por su lado, Elsa Olivares, vicepresidenta nacional de ACHIPEM, en respuesta a la actitud que ha tenido la oposición en la tramitación de la reforma de pensiones afirmó: “Es impresentable lo que la derecha hace con los pensionados, pensionadas y montepiadas de este país. Porque es irrisorio lo que nosotros ganamos. ¿ellos vivirían con 100.000 pesos, eso les alcanzaría? Pero como ellos viven en las cúpulas, viven con todas las riquezas de este país, no saben lo que pasamos los pensionados y pensionadas de este país, que les hemos dado la riqueza.”
Sobre la idea de la oposición de destinar el total del 6% de cotización adicional a cuentas individuales, Richard Huerta dirigente regional de CUPEMCHI (Central Unitaria de Pensionados y Montepiadas de Chile), subrayó: “Ahora, indiscutiblemente que la derecha no va a querer cambiar esto porque de las AFP son dueños ellos. Entonces no quieren que haya un cambio. Hablan del 6% para entregárselo a los trabajadores. Si el 6% no es de los trabajadores, se lo están sacando los empleadores. Entonces, yo no entiendo por qué ellos lo suman como que es de los trabajadores. Y eso tiene que ir a solidaridad, con los viejos ahora. Ahora necesitamos eso, no en 30 años más”.
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