Durante este martes, diversas organizaciones de Derechos Humanos a nivel nacional, han planteado la necesidad de que Ricardo Yáñez Reveco, general de Carabineros que se desempeña como director de la entidad policial presente su renuncia. Además realizaron una marcha por el centro de Santiago pidiendo su renuncia.
Esto debido a que se espera su formalización en el marco de una causa abierta por violaciones a los Derechos Humanos durante el Estallido Social, concretamente, se le imputará responsabilidad en el caso de la muerte de Cristian Valdevenito, trabajador de 48 años quien falleció el 7 de marzo de 2020, luego de que una bomba lacrimógena disparada por carabineros le impactara en el rostro, en el eje de protestas de Plaza Italia.
Las organizaciones de Derechos Humanos presentaron 2 cartas, una al presidente de la República, Gabriel Boric Font y otra al mismo general Yáñez, a continuación reproducimos ambas misivas a la suscribieron una gran cantidad de organizaciones y personalidades:
Durante este martes 9 de enero, parte de la Dirección Central del Partido Comunista, se reunió con el presidente de la República, Gabriel Boric, para potenciar la unidad de acción dentro de la coalición de gobierno, que ha encontrado en el Partido Comunista un aliado importante. En la reunión participaron el Presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, la Secretaría General, Bárbara Figueroa y los dirigentes, Juan Andrés Lagos, Cinthya Miskullini y Javier Albornoz.
Tras la reunión sostenida en La Moneda, Lautaro Carmona dijo sentirse “muy satisfecho”, agregando que la reunión fue “muy política, de mucha confianza y de cada uno en los roles que tiene”.
En la misma línea, Carmona señaló que el Presidente “empatiza bastante, lo que en estos momentos ha estado intercambiando parcialmente el PC”.
En palabras del presidente del Partido, el primer punto tratado fue: “Expresar nuestra coincidencia y nuestra disposición a ser contribuyente a abrirle paso a los grandes temas que ya el gobierno ha marcado para este año 2024”.
Estos grandes temas son la Reforma de Pensiones, y el Pacto Fiscal, que engloba una serie de medidas tributarias y de recaudación de recursos públicos, que serán utilizados “no solo en política sociales sino también políticas en seguridad, políticas de salud. Agregando, “El tema del crecimiento económico vinculado a mayor empleo, que es uno de los grandes desafío que mantiene el gobierno”.
Carmona mencionó que el presidente les detallo los avances y perspectivas de estas políticas públicas, y que va en la dirección de aceitar a la coalición de gobierno de cara al empuje de estas grandes reformas sociales.
“A nosotros nos da una seguridad de una toma de iniciativa de parte del gobierno después del 17 de diciembre, que debiera ser muy contribuyente y ordenador, para los desafíos del 2024” sostuvo el máximo dirigente comunista.
Por otro lado, Lautaro Carmona comentó que desde el Partido Comunista le plantearon: “Nuestra mirada respecto al desafío de construir una amplia unidad de todas las fuerzas políticas que estamos dentro del gobierno, incorporar en espacios muy importantes a la Democracia Cristiana, sobre todo pensando en los desafíos electorales de octubre y como eso suponía que cada una de las partes debía ser contribuyente activo, para desbloquear, prejuicios, distancias y nadie abusara de nadie en una buena relación, eso también fue compartido y valorado por él como un hecho significativo”.
Finalmente agrega Lautaro Carmona: “Le planteamos la importancia que tenía que el movimiento sindical, y sobre todo el movimiento social, fuera muy considerado en las propuestas que hace, porque tiene la sabiduría de la vivencia real, pero también tiene la grandeza de saber hacer propuestas que no limiten a un marco estrecho las posibilidades que tenga el gobierno y el Estado”.
La reunión fue catalogada como exitosa, en ella se sinceraron y acercaron posturas, entre el gobierno y el Partido Comunista, aliado que se ha vuelto esencial para la coalición de gobierno y que busca afrontar con la más amplia unidad este 2024.
El académico, ex ministro de Estado y miembro de la comisión política del Partido Comunista, Marcos Barraza, señaló que fue un error de las y los ministros no haber declarado las reuniones en la casa de Zalaquett a través de la ley del Lobby.
Esto porque se impone una señal de desprestigio al acudir a comidas y negociaciones a puertas cerradas, más aún teniendo en cuenta que estas reuniones se realizaban en la casa del ex alcalde de Santiago y La Florida, Pablo Zalaquett, político corrupto de la UDI condenado por el caso Penta.
Reforma de Pensiones
La Reforma de Pensiones está en pleno debate tras la urgencia del gobierno al proyecto de ley, sin embargo, el debate se ve nuevamente trancado por un sector de la derecha. Marcos Barraza declara que no existen argumentos para negarse al plan de reforma que propone el gobierno, el cual permite subir las pensiones a futuro, pero también la de quienes actualmente están jubilados.
El ex ministro de Estado comentó que el gobierno debería hacer un esfuerzo comunicacional para que la ciudadanía sepa cuanto y desde cuando subirían las pensiones de aprobarse el sistema mixto tal como que plantea en la Reforma de Pensiones.
Asimismo, Barraza asegura que en la mayoría de países que tienen buenas pensiones han optado por sistemas previsionales similares.
Alianza Codelco-SQM
El acuerdo para la extracción del Litio, ha suscitado críticas por estar presente la figura de Julio Ponce Lerou, yerno del dictador Pinochet, a quien prácticamente se le regaló la empresa Soquimich en época de dictadura.
No obstante, el dirigente comunista señala que para el Estado y el pueblo de Chile, este es un buen acuerdo, porque permite que la empresa estatal Codelco, sea el dueño de la extracción del Litio al tener un 50% más 1 del total de acciones de la empresa.
Formalización de Yáñez
Respecto a la formalización del general director de Carabineros, Marcos Barraza apunta a que este no ha dado buenas señales a la ciudadanía, debido a que no ha prestado declaraciones sobre lo ocurrido. Además, el dirigente comunista señaló que resulta extraño pensar que la máxima autoridad de Carabineros en el país sea formalizada, más aún cuando se niega a colaborar con la investigación.
Culminando su entrevista Marcos Barraza, mencionó que la Fiesta de Los Abrazos, que se realiza este fin de semana en el parque O´higgins se ha vuelto un acervo cultural para el pueblo de Chile.
Un grupo de organizaciones exigió la renuncia del General Yáñez frente a la Dirección General de Carabineros, quien junto a otros altos mandos y ex altos mandos de Carabineros, será formalizado en el mes de mayo por su responsabilidad en casos violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019.
Diversas organizaciones como Mujeres en la Calle, Cascos Azules Observadores de Derechos Humanos, la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y familiares de las víctimas del estallido social, entregaron una carta al Presidente Gabriel Boric para que el ejecutivo se pronuncie sobre la permanencia del actual Director de Carabineros, tal como lo explicó la vocera de la Coordinadora, Marta Valdés:
Alejandra Arriaza, abogada del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos Cintras, indicó que es éticamente impresentable que el alto mando hoy se encuentre dirigiendo la institución, mientras hay responsabilidad de sus funciones comprometida en graves violaciones a los derechos humanos.
Una de las causas que enfrenta el general Yáñez dice relación con su rol de director de Orden y Seguridad en los meses de la revuelta social, que lo cursaba a mantener un vínculo diario con el subsecretario del Interior -que en ese momento era asumido por Andrés Chadwick y luego por Gonzalo Blumer- y también a bajar las órdenes al personal que se desplegaba en las calles.
De acuerdo a lo consignado por Amnistía Internacional, la Fiscalía Nacional del Ministerio Público constató que entre el día 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 se iniciaron 8.508 casos por delitos de violencia institucional generados en el contexto de manifestaciones sociales y resguardo del orden público, identificando 10.568 víctimas. Sin embargo, el número de condenas representa menos del 1%.
En la manifestación se recordó a Jorge Salvo, joven víctima de trauma ocular quien terminó con su vida el año pasado frente al abandono del Estado; a Cristián Valdebenito, herido de muerte por una lacrimógena que impactó en su cabeza; y a Abel Acuña, joven que sufrió insuficiencia cardíaca durante una manifestación en Plaza Baquedano, donde Carabineros bloqueó el paso del personal de salud y cuya causa no continuó por decisión que la Fiscalía Oriente tomó año pasado.
Su padre, Anselmo Acuña, indicó que los antecedentes que la institución aportó en las investigaciones solicitadas por el Servicio Médico Legal y por los abogados, fueron desvirtuadas, de manera que terminaron constituyendo pruebas incompletas y cerrándose la causa, donde solo queda actualmente vigente la instancia internacional.
Ivonne Peralta integrante de la organización de Observadores y Defensores de DDHH Cascos Azules, señaló que la mantención del General Yañez en el cargo, es un signo de impunidad para las víctimas que no han contado con el debido apoyo del Estado en términos de reparación y menos de justicia. Además, indicó que su continuidad en el mando crea un manto de negacionismo respecto a los hechos que ocasionaron la revuelta social.
La imputación del General Director Ricardo Yáñez; la de Mario Rozas, ex General Director de la institución policial; y la de Diego Olate, general en retiro y ex subdirector, se efectuará en el mes de mayo. El gobierno por su parte ha llamado a separar la causa judicial que pesa sobre los uniformados y las labores de la institución, mientras que personeros de la política tanto del oficialismo como de la oposición se han pronunciado en no solicitar la renuncia antes de la formalización.
Los parlamentarios buscan que la entidad del Estado se pronuncie sobre la extensión del derecho al teletrabajo para los funcionarios del sector público en el caso que también sean cuidadores de personas causantes del derechos.
El diputado Andrés Giordano (IND) e integrante de la Comisión de Trabajo apuntó a que la Contraloría ratifique la homologación de la ley al sector público, tal como lo estipula el código del trabajo:
Por su parte, la diputada Camila Musante (IND) señaló que si bien la ley posee una explícita aplicación al sector público, sus normas son completamente homologables:
La diputada Mónica Arce (IND) planteó que no se puede segregar entre trabajadores por lo que la solicitud presentada en la Contraloría busca que tanto el sector privado como el público gocen de los mismos beneficios.
La ley que fue promulgada a fines del año pasado, comenzará a regir el 29 de enero y contempla que los trabajadores puedan efectuar todo o parte de su jornada diaria o semanal en modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, en el caso estén al cuidado personal de un niño o niña menor de 14 años, de una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada. La ley establece además, el derecho al uso preferente del feriado legal con el fin de ajustarlas a las vacaciones estipuladas por el Mineduc, y también ofrece la posibilidad de solicitar ajustes de sistemas de turnos.
Carolina Guzmán, representante de la Red Nacional de Cuidados, explicó que la ley se condice con otros cuerpos legales que establecen la universalidad de los beneficios, y tal como ocurrió con el dictamen de la ley TEA el año pasado, aquellos se hicieron extensibles para todos.
María Ester Feres Nazarola de la Dirección del Trabajo, parte también de la Red Nacional de Cuidados, aseguró que la Dirección del Trabajo será la encargada de fiscalizar la Ley de Conciliación por lo que resulta imprescindible este pronunciamiento. También señaló que tiene la plena convicción de que la Contraloría debe buscar el sentido y alcance para que esta ley sea lo más amplia para todas las millones de personas que se van a ver beneficiadas con estas normas”.
Durante la tarde de este lunes, se llevó a cabo la primera sesión de trabajo de la comisión investigadora de la cámara de diputados por el caso Hermosilla, instancia que busca recabar la mayor cantidad de antecedentes ante lo que puede ser la punta del Iceberg de un fraude histórico que salpica al Servicio de Impuestos Internos, a la Comisión del Mercado Financiero, a los abogados Luis Heromsilla y Leonarda Villalobos.
La mesa quedó integrada por las y los legisladores: Boris Barrera (PC), Juan Carlos Beltrán y Miguel Mellado (RN); Diego Ibáñez (CS); Luis Malla (PL); Karen Medina (PDG); Francesca Muñoz (P. Social Cristiano); Ericka Ñanco (RD); Agustín Romero (REP); Raúl Soto (PPD); Gastón Von Mulenbrock y Flor Weisse (UDI). El diputado Daniel Manouchehri preside la comisión.
Al concluir la primera instancia de trabajo en la que participó la presidenta de la CMF, Solange Berstein, el diputado Boris Barrera, valoró su exposición, señalando que “es súper importante ver y revisar como ha sido el funcionamiento, donde están las posibles fisuras y ver todo lo que haya que mejorar para que estas situaciones no sigan ocurriendo”.
Por su parte, Daniel Manouchehri, presidente de la comisión investigadora, declaró que este era un caso “sumamente grave”, en donde hablamos de “verdaderas mafias de la evasión”, asegurando que el Servicio de Impuestos Internos es reconocido por ser severo con los pequeños emprendedores, mientras que en estos casos suelen relajar mucho las medidas.
Asimismo, el diputado socialista expresó que desde la comisión se citará a los periodistas que destaparon esta investigación, así como a todos los actores relevantes de este caso, este lunes fue el turno de la CMF, y para las próximas sesiones están agendados los sindicatos y directivos del SII.
Esta comisión presentará un único informe respecto a este bullado caso de corrupción, en un plazo no menor a 60 días.
Tras una seria de gestiones lideradas por el Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, más de una decena de ediles encabezaron la entrega de un protocolo al fiscal nacional, Ángel Valencia, que busca homologar la transferencia de las denominadas “casas narco” a las municipalidades.
La medida fue bien recibida por el fiscal Valencia, y se enmarca dentro de las acciones propuestas para arrebatarle los espacios públicos a las bandas criminales y fortalecer las comunidades.
La actividad contó con la participación de las los alcaldes y alcaldesas Karina Delfino (Quinta Normal), Mauro Tamayo (Cerro Navia), Germán Codina (Puente Alto), Irací Hassler (Santiago), Gonzalo Durán (Independencia), Claudio Castro (Renca), Gonzalo Montoya (Macul), Paulina Bobadilla (Quilicura), Manuel Zúñiga (El Bosque), Erika Martínez (San Miguel), Joel Olmos (La Cisterna), Javiera Reyes (Lo Espejo), Javiera Toledo (Villa Alemana), René De La Vega (Conchalí), y Roberto Neira (Temuco), quienes destacaron que la medida permitirá que la fiscalía pueda solicitar el traspaso de los bienes a las administraciones municipales.
El Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara declaró: “Las instituciones del Estado unidas en Chile son más fuertes que el narcotráfico y el crimen organizado. Las instituciones, cuando trabajan en conjunto, y como se demuestra justamente acá, tienen más fuerza y capacidad de hacerse presentes por sobre el narcotráfico y el crimen organizado. Debemos tener la certeza de transmitirle esto no solamente a la ciudadanía, sino a aquellos que creen que pueden seguir tomándose lugares públicos y privatizándolos por medio del miedo”.
En tanto, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, señaló que “evidentemente esto que estamos contando no sólo afecta a la RM, sino a comunas en regiones que son invadidas por el narco y por el delito. Estamos muy contentos por la voluntad que ha tenido el fiscal nacional de poder evacuar a la brevedad una instrucción general que permita que esta recuperación de espacios no sea algo anecdótico, sino una política transversal y que pueda avanzar rápido”.
Tras recibir el protocolo a manos de los ediles, el fiscal nacional, Ángel Valencia, manifestó su compromiso de impulsar esta medida y avanzar en la recuperación de inmuebles destinados a la comisión del delito, con tal de quitar poder a las bandas criminales dedicadas al narcotráfico.
“Vamos a combatir el crimen organizándonos todas las instituciones para recuperar inmuebles destinados al narcotráfico, para que estos sean entregados a la comunidad. Vamos a estar en contacto con la comunidad, para que nos entreguen información y para lograr que estos espacios se transformen una política de recuperación de inmuebles en manos del narcotráfico”, fustigo el subsecretario.
Finalmente, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, dio cuenta de los avances que ha tenido la recuperación de espacios en la capital. “Distintos municipios hemos levantado estrategias en articulación con el Gobierno central, con la Fiscalía y con las policías. En nuestro caso, la Mesa Jurídico Policial de Santiago identificó 85 inmuebles tomados en comisión de delitos que funcionaban como verdaderos centros de operaciones para la delincuencia. Y tomamos la decisión, la determinación de poder recuperarlas. A la fecha, se han recuperado 29 inmuebles tomados en comisión de delitos y un terreno, un sitio en las calles Fray Camilo con Santa Isabel, que declaramos en abandono y que destinamos justamente para una plaza y un canil que ya están funcionando”, comentó la jefa comunal.
En días previos, el Subsecretario Eduardo Vergara se comprometió con los ediles a ingresar adicionalmente en la tramitación de la reforma a la ley orgánica de municipalidades, que actualmente se discute en la Cámara de Diputados, la indicación que permita clarificar el rol y el uso de estos bienes por parte de los municipios.
El Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a la ex presidenta Michelle Bachelet y la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, encabezaron el masivo encuentro “Mejores Pensiones para las Mujeres de Chile” que se llevó a cabo en el Centro Cultural Chimkowe de Peñalolén, con el fin de informar sobre los aspectos más relevantes de la propuesta de pensiones que se espera votar los próximos meses en el Parlamento.
Miles de personas acudieron a la actividad que contó con la presencia de ministros, alcaldes, concejales, senadoras, diputadas y diputados, autoridades regionales y mujeres de más de 15 comunas de la Metropolitana, muchas de ellas integrantes de colectivos territoriales, sindicatos y organizaciones de base.
En la instancia se abordaron los aspectos de la propuesta que busca acortar las brechas de género y las primeras líneas para generar los acuerdos requeridos, con especial acento en la nueva distribución del 6% adicional que destina 3 puntos al fondo solidario.
Al respecto, la ex presidenta Michelle Bachelet dijo haber un consenso a nivel país en que las actuales pensiones son insuficientes para tener una vida digna y que es urgente aumentarlas:
En esa línea, la alcaldesa de Peñalolén y en su rol de autoridad local, apuntó a la dramática y crítica situación de los jubilados que ni siquiera pueden acceder a una canasta básica de alimentos, situación que muchas veces los obliga a volver a emplearse:
La ex presidenta Bachelet, recalcó que los avances en los últimos 15 años son más bien compensatorios frente a la necesidad de cambiar el actual sistema previsional que presenta importantes brechas en seguridad social como lo son las lagunas previsionales, la informalidad laboral, los bajos sueldos y el envejecimiento de la población.
También planteó que una de las desigualdades previsionales más profundas afecta directa y sistemáticamente a las mujeres. Por un lado, el monto de sus pensiones es 2 veces más bajas que la de los hombres, y menos del 48 % de ellas ha cotizado por más de 20 años, a diferencia del 60% de los hombres que sí alcanza ese período. Tal diferencia, concluyó Bachelet, ocurre por las labores de cuidado socialmente encargadas a las mujeres y que no son reconocidas por el actual sistema previsional.
El presidente Gabriel Boric valoró el encuentro indicando que el compromiso por mejorar las pensiones está más firme que nunca y que llegar a acuerdos es un deber practicable, tal como lo han demostrado los diferentes aportes legislativos o políticos de los últimos años, como el salario mínimo, las 40 horas o la estrategia nacional del litio.
El mandatario apuntó a la labor de las y los legisladores y también a la importancia del diálogo civil, para abordar esta reforma como una oportunidad de mejorar la vida de las y los pensionados entendiéndola como un fin libre de intereses particulares:
Por su parte, la Ministra del Trabajo destacó que la propuesta disminuye la discriminación hacia las mujeres, fortalece la libertad de elegir, valora el esfuerzo al subir los montos de las pensiones según los años cotizados, contempla la cotización de los empleadores -como en el resto de los países- y deja atrás un sistema extremo al incorporar el seguro social.
La ministra también explicó que el 6% de la cotización con cargo al empleador se distribuye en 1 punto para fortalecer el empleo y la equidad previsional en las mujeres; 2 puntos para las cuentas individuales; y los 3 restantes que irán a un seguro social donde se aumentará la PGU, incorporando además una garantía de 0,1 UF por cada año cotizado, beneficiando a todos los jubilados actuales por renta vitalicia o por retiro programado, y a quienes se jubilarán en el futuro.
La Ministra del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana precisó que esta reforma es una propuesta que ofrece mejoras a nivel universal para todos los pensionados y para las mujeres, en particular, afrontando temas esenciales como las lagunas previsionales:
Desde la bancada oficialista, el diputado Giordano y quien integra la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara, indicó que si bien en la actual propuesta bajó la cantidad de puntos del 6% destinados a seguro social, ese pilar sigue siendo fundamental para generar una serie de beneficios que no puede ofrecer la sola capitalización individual.
Se espera que la propuesta de reforma sea discutida en la Comisión de Trabajo esta semana, continúe su debate en la Comisión de Hacienda para luego pasar a sala, y que probablemente llegue al Senado en el mes de marzo.
![[Podcast] Serie sobre capitalismo mundial del economista Andrés Solimano: “Transición de Feudalismo a Capitalismo”](https://radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2024/01/transicion-feudalismo-capitalismo-768x564.jpg "[Podcast] Serie sobre capitalismo mundial del economista Andrés Solimano: “Transición de Feudalismo a Capitalismo”")
