Opinión de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) en relación con el allanamiento en el día del parto de la diputada Karol Cariola y el descarado trato comunicacional de los medios de des-información
La maternidad amenazada, la justicia embaucada: Sobre el tratamiento de la justicia chilena y los medios de comunicación a la investigación sobre la diputada Karol Cariola
El allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) a la residencia de la diputada de la República Karol Cariola, mientras se encontraba en trabajo de parto, sumado al festín mediático posterior que la ha presentado como si fuese culpable de los delitos investigados, obviando la presunción de inocencia y la igualdad de armas necesarias en un procedimiento judicial justo, son expresión del triste envilecimiento cultural que afecta a las sociedades contemporáneas, cuya sacralización del consumo, la acumulación y el individualismo subjetivo, ha desplazado la búsqueda de las virtudes y el servicio a la verdad y la comunidad.
Presenciamos la impunidad de los criminales de cuello y corbata, políticos corruptos y narcotraficantes, y la normalización de prácticas que tergiversan la ética y validan la mentira. La banalidad del mal de los medios de comunicación, guiados por el sensacionalismo como forma de competencia en el mercado del entretenimiento, y la indiferencia de las fuerzas de seguridad y orden público, el Ministerio Público o los Juzgados de Garantía, frente al parto de una mujer y su hijo aún no nacido, son expresión de una tragedia más profunda que también involucra nuestra política y a nuestro sentido ético como sociedad.
¿Dónde ha quedado la defensa del derecho a la vida? ¿Dónde ha quedado la promoción de la dignidad de la mujer? Las voces de quienes usualmente dicen defender la maternidad y la niñez se han disipado, probando tanto su hipocresía como la de los medios que, selectivamente, evitan confrontarlos con la misma dureza. El “Lawfare” se ha transformado en un lucrativo negocio para ciertos sectores políticos, y para los avariciosos que se alimentan con el bullicio y la indignación selectiva de muchos. Un inversión de los valores humanos, la subordinación de la vida social, intelectual y trascendencia de la persona al consumo, el consumo a la producción y la producción al lucro.
Se han profanado la libertad de expresión y el pluralismo, las principales garantías de una vida democrática, ignorando que los derechos no son absolutos ni sujetos al capricho individual, la imposición de una mayoría o la interpretación subjetiva del agente que los ejerce. La labor de los medios de comunicación y la participación de la ciudadanía en las redes sociales no están exentas de baremos de rectitud básicos en el ágora y el debate público: la vocación de veracidad, la oportunidad de información y la posibilidad de participación para todos.
Los relatos empaquetados y la comunicación falaz de los grandes monopolios, sumados a las tertulias virtuales llenas de desprecio deshumanizante por parte de bots y usuarios de redes sociales, dejan totalmente de lado la finalidad del ejercicio de todo derecho en todas sus facetas: la dignidad humana. Cada opinión envilecida y cada convicción irracional y presuntuosa en la validez del odio por otras personas son muestra de la indignidad a la que ha sido sometida la población: quienes vociferan su rencor, acallan el anhelo por el reconocimiento de su propio valor humano, proyectando obstinadamente su carencia en los demás.
En este desconcertante escenario, las cualidades esenciales de la persona son subordinadas al consumo, el consumo a la producción, y la producción al lucro, propagando el subjetivismo irracional, el individualismo patológico, la hipermercantilización y sexualización del cuerpo, y una cultura de idolatría a la violencia del tener por sobre el ser, coronadas por el desprecio a la mujer y, específicamente, a la mujer que es madre. En vez de enaltecer el sacrificio y la grandeza del embarazo y el parto, estos han sido sometidos al escarnio por parte de muchos -particularmente desde la comodidad y cobardía de la virtualidad o el anonimato-, denostando la fuente de vida de los hombres y mujeres de la Nación y encegueciéndolos frente a las formas en que el Estado y los individuos la violentan.
Ninguna autoridad puede olvidar las obligaciones del Estado chileno de garantizar la comprensión, difusión y protección del rol social de la maternidad, y el deber de eliminar todas las formas de trata y explotación contra la mujer, conforme a lo señalado en el artículo 5° de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979).
Asimismo, es crucial recordarles a los medios de comunicación y muchos compatriotas que nuestro país reformó gradualmente su procedimiento penal entre 2000 y 2005, dejando atrás el modelo inquisitivo. El Mensaje de dicho proyecto de ley señala su concordancia, subordinación e inspiración en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, reconociendo la dignidad humana y los derechos de los ciudadanos a acceder a una justicia más humana e imparcial. Todo procedimiento penal debe ajustarse y respetar estas instituciones y principios fundamentales, pero hemos presenciado, ya varias veces, un mal uso de los instrumentos persecutorios por parte de ciertos fiscales y tribunales que, en un nuevo contexto de politización de la justicia y uso de “Lawfare”, han cargado el peso de la Ley vehemente y selectivamente contra ciertos imputados.
Nadie puede olvidar el Principio de Presunción de Inocencia, y quienes investigan deben respetar el Principio de Objetividad de la Investigación, consagrado en el artículo 3° del Código Procesal Penal, que señala: “El Ministerio Público dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinaren la participación punible y los que acreditaren la inocencia del imputado, en la forma prevista por la Constitución y la Ley”. En el caso que motiva esta declaración, la fiscalía parece estar preocupándose de buscar solo lo que le pueda servir para la acusación de la imputada, vulnerando gravemente el principio señalado.
La CCHDH exige el cese de estas prácticas, el respeto irrestricto por los derechos humanos, y hace un llamado transversal a que los chilenos reflexionemos sobre los valores que queremos colocar en el horizonte de nuestra sociedad. La justicia no puede ser instrumento de persecución, ni la maternidad un motivo de escarnio.
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