La médica veterinaria y etóloga clínica María José Ubilla asegura que es necesario una política pública más responsable y clara respecto al cumplimiento estricto y sin concesiones en materia de tenencia responsable de mascotas.

Lo ocurrido en Buin, donde una madre y su bebé fueron atacados por una jauría de perros, con resultados graves para ambos, dejó nuevamente en la discusión pública un problema mayúsculo para la sociedad chilena. 

La médica veterinaria y subdirectora de la Escuela de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ECA3) de la Universidad de O’Higgins (UOH), María José Ubilla, detalla que lo ocurrido en Buin, “sí, se pudo prevenir”. Agrega que es necesaria una política pública, en materia de tenencia responsable, clara y con cumplimiento estricto, y sin concesiones de las normativas actuales.

“La Tenencia Responsable de Mascotas (TRM) es un tema al que no se la ha otorgado la importancia necesaria en nuestro país. Hoy existen más de 4 millones de mascotas sin un dueño responsable y más de 12 millones con dueño, pero menos de 2 millones están en el Registro Nacional de Mascotas”, detalla.

¿En qué fallamos?

La experta explica que, en los últimos años, el control –en Chile- de la sobrepoblación de perros y gatos se ha centrado casi exclusivamente en el área reproductiva-quirúrgica, es decir, castración y esterilización. “Se trata de un abordaje simplista y precario, que no es acorde a los avances científicos en la materia. Debiera ser multidimensional, para lograr efectividad, de lo contrario se perpetuarán los problemas de bienestar animal, salud pública y medio ambiente”, señala.

Conceptos como ‘Una Salud’ y ‘Un Bienestar’ entran al ruedo. “Interrelacionan la salud y el bienestar humano, del ambiente y del animal, al incluir: control reproductivo; identificación a través de método permanente (microchip) y no con collares y placas; capacitación de policías, jueces y fiscales; fiscalización, persecución y sanción de actos de abandono, maltrato y tenencia irresponsable; dotación de médicos/as veterinarios/as en todas las comunas; educación en vínculo humano animal, y cumplimiento de obligaciones de la ley junto con destinación de recursos económicos y humanos acordes a una política pública”, explica la experta UOH.

Respecto a la Ley promulgada en 2017, que supervisa la tenencia responsable, para la médica veterinaria ha habido tiempo suficiente para su correcta implementación. “A la fecha, no han sido redactados la totalidad de reglamentos. La fiscalización recae en los municipios, que se ven imposibilitados por la escasez de recursos para implementar un seguimiento real”, señala.

Agrega que en 2018 se destinaron más de 9 mil millones de pesos para el Programa Mascota Protegida, que eran insuficientes, y -año tras año- dichos recursos han disminuido drásticamente, mientras la población de mascotas aumenta, al igual que los casos de mordidas y otros problemas de salud pública.

“La autoridad sanitaria cumple funciones en la fiscalización de ‘perros potencialmente peligrosos’ y la norma indica que un juez competente podrá calificar como ‘potencialmente peligroso’ a aquel ejemplar de la especie canina que haya causado -al menos- lesiones leves a una persona o daños de consideración a otro ejemplar de su misma especie. Pero la verdad es que solo aquellos médicos/as veterinarios/as con formación académica y práctica en el área de la agresividad tendrían competencias para determinar dicho tema”, puntualiza la experta.

Caza de perros

Uno de los temas que han surgido -tras cada ataque de jaurías- es la caza de perros asilvestrados. Sobre aquello, María José Ubilla señala que hace casi 10 años, los perros ‘salvajes o bravíos’ fueron incorporados como especie dañina invasora al Reglamento de la Ley de Caza (19.473). “Esto significaba en términos prácticos que los perros asilvestrados se podían cazar. Pero fue rápidamente revocado, en 2015 por el Ministerio de Agricultura, que modificó el reglamento en un sentido inverso, debido a la presión social que ejercieron las agrupaciones de protección animal y distintos actores sociales”.

Añade que, desde entonces, existe la discusión entre instituciones públicas, ONG’s de protección animal y conservación, y la academia, respecto al tema, pero sin solución práctica. “En enero de este año, la Comisión de Agricultura aprobó y despachó a la Sala el proyecto que declara nuevamente a los perros asilvestrados como especie exótica invasora y dispone su control por parte de la autoridad competente. Esto generó nuevamente revuelo social con posturas opuestas y finalmente, no se aprobó”, detalla.

Puntualiza que la redacción de leyes sin acciones que permitan su aplicación real, “nos tendrá en un círculo vicioso de discusiones políticas y sociales que no llevan a puerto. Se requiere abordaje profesional multidimensional, y un rol activo del Estado para enfrentar la crisis actual y la protección de la salud pública donde las mordidas y ataques de perros son un tema grave”.

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