Opciones para superar crisis eléctrica: Economista Solimano no descarta la renacionalización
El especialista abordó aristas centrales del debate que ha surgido en torno a empresas estratégicas que hoy están en manos de privados como las eléctricas y la industria del acero. Además, entregó algunas líneas de análisis respecto a la caída de las bolsas internacionales ocurrida dentro de recientes semanas.
En relación al nuevo anuncio de cierre dado a conocer por el directorio de Huachipato, y luego que en abril tanto gobierno como empresa y trabajadores suscribieron un acuerdo para aplicar sobre tasas a la producción de la entidad privada, indicó Solimano que la intempestiva decisión va a generar vastas afectaciones económicas, laborales y sociales:
Solimano apuntó a las acciones que tomará el gobierno señalando que lo único más sustantivo ha sido el anuncio de levantar un programa de reconversión.
Respecto a la crisis de suministro eléctrico, el economista se refirió a tres posibles opciones para asegurar que la población no sufra cortes prolongados después de temporales o de otros eventos que puedan interrumpir el suministro eléctrico.
“La opción que aparentemente estudia el gobierno -dado que no es la primera vez que sucede con Enel- es caducar la concesión”, precisó Solimano.
Una segunda opción es la intervención del Estado para la provisión del suministro y en aras del bien común. “Eso sería importante porque la entrega de los servicios de emergencia o en casos excepcionales es muy débil”, dijo criticando la grave crisis provocada por las privadas y resaltando la importancia de que el Estado fiscalice internamente a la compañía, más allá de la aplicación de multas.
“La otra opción sería una renacionalización del agua y la electricidad, una alternativa difícil pero no imposible”, indicó el especialista.
“También se puede hablar de un sistema mixto, pero es importante que el representante estatal esté en el directorio de estas empresas; si no, nunca va a estar enterado de lo que ocurre allí. Si ya se hizo con el litio, por qué no con la electricidad o con el agua”, adujo Solimano.
Internacional
Días atrás hubo una fuerte turbulencia en los mercados de acciones de las bolsas desde Japón y Corea y también en principales mercados como el norteamericano y el europeo.
Sin embargo, “durante la semana el valor de las acciones se han recuperado -no tanto entre las 500 compañías más grandes-, pero en general hay una tendencia a recuperarse”, dijo el economista planteando que esta fluctuación podría representa un predictor respecto a una recesión global o internacional.
“Es complejo decirlo”, explicó el experto. “El Black Monday de 1987 fue más o menos como el actual y no fue seguido de una recesión”:
No obstante, apuntó a no exceptuar una posible recesión no inmediata, lo cual podría verse respaldado en varios factores, uno de ellos, el débil desempeño de la producción manufacturera en EE.UU cuya influencia podría tener efectos en economías de otras regiones del mundo, sostuvo Solimano.
Mientras vivimos tarifazo y sin luz: Empresas mantienen ganancias y Estado fortalece modelo eléctrico
Por Javier Arroyo Olea | Equipo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA.
A fines de junio de este año, el tarifazo eléctrico -que constó en el primero de tres aumentos sustanciales de precio en nuestras cuentas de luz- fue defendido tanto por las empresas generadoras de energía eléctrica como también por la gestión del gobierno impulsado por el presidente Gabriel Boric.
Aquella deuda impuesta, heredada y extendida -tanto por el gobierno de Piñera como por el actual- que ni se nos preguntó si estábamos dispuestos como población a tener, se empujó casi como una obligación ética y política. Desde Magallanes, el presidente Boric indicaba que no estaba dispuesto a actuar con “irresponsabilidad”, planteando que son decisiones que se deben tomar con resguardo.
Un mes después todos y todas vimos -y vivimos- lo que pasó. La pésima gestión del sistema electrificado del país, liderado por empresas transnacionales, conllevó que por días familias completas no pudieran recibir el servicio eléctrico, reflejándose del descontento en diversas protestas en el país.
Los dardos se apuntaron principalmente contra Enel, empresa de capitales italianos que ha adquirido cuantiosas ganancias a costa de medidas como el tarifazo, pero también con un cúmulo histórico de vulneraciones a derechos sociales y de la Naturaleza. Sin embargo, el Grupo Saesa, Chilquinta y la Compañía General de Electricidad (hoy en manos de capitales chinos) también han salido al baile.
Acorde a datos recopilados por Fundación Sol, Enel acumuló a junio de 2024 más de $1.300 millones diarios, significando un alza en ganancias del 120% en comparación con el mismo periodo del año pasado. A esto, se suma la relevancia que ha cobrado Enel en el mercado eléctrico del país. Según su propio sitio web, la empresa suministraría poco más del 40% de la energía vendida a la población durante 2023 impulsando la generación de al menos el 29% de la energía inyectada al Sistema Eléctrico Nacional. Pero claro, para invertir en sistemas eléctricos de calidad o reposición ágil del servicio para las miles de familias pareciera ser que dicha utilidad no es invertida. Por el contrario, tras los constantes emplazamientos, el gerente de Enel, Victor Tavera, planteó que si los clientes no llamaban a la empresa, no existía posibilidad de saber que se encontraban sin electricidad. Paradójico ¿No?
Incluso, algunas personalidades intentan separar las aguas del tarifazo y los cortes de luz. Sin embargo, el caso de Enel es un claro ejemplo de cómo el modelo eléctrico vigente en Chile -caracterizado por la privatización y mercantilización de toda su cadena productiva- permiten que las empresas actúen negligentemente desde la generación hasta la distribución.
Así las cosas, el modelo eléctrico descansa sobre la explotación de la Naturaleza y las consecutivas e históricas vulneraciones hacia comunidades, expresándose en conflictos socioambientales. No por nada la tan cuestionada Enel hoy está en el ojo del huracán por su distribución; pero también lo está por su permanencia en los proyectos de generación de hidroelectricidad en Alto Biobío, en las centrales Pangue y Ralco. Sin embargo, sobre los constantes cuestionamientos, por ejemplo, sobre el pésimo sistema de alertas para crecidas de río, no hay mayor pronunciamiento.
Por otro lado, el análisis no puede escapar al rol de la responsabilidad política detrás de toda esta situación. Ni este gobierno ni los anteriores han desarrollado una política pública energética que considere las voces de las comunidades. Mucho menos han abierto el debate respecto a verdaderas transformaciones al modelo energético. Por el contrario, se han concentrado en impulsar políticas que favorezcan una transición energética corporativa ofreciendo al país casi como la salvación de la crisis climática.
De la mano con el empresariado, cargan bajo el brazo con un abultado paquete de proyectos de generación y transmisión eléctrica, que le da continuidad a las mismas fisuras que hoy se reflejan en poblaciones completas sin luz. Esto ha favorecido una fragmentación en el análisis político del problema, donde no se buscan soluciones que refuercen el hecho de que la electricidad se constituye como un servicio público esencial o básico, por lo que el Estado debería garantizarlo a la población para potenciar un mejor nivel de vida.
No basta con multas e infracciones que después significarán el gasto de una migaja de utilidades para las empresas eléctricas, sean estas generadoras, distribuidoras o transmisoras. Hoy, el desafío se concentra en cómo cimentar las bases de una discusión política respecto al modelo energético vigente; Cómo la matriz energética debe diversificarse y descentralizarse en base a sistemas con bajo impacto ambiental que dejen de concentrarse en la exportación de energía; y Qué aspectos transformadores hay que consolidar para avanzar hacia una soberanía energética y una transición con justicias, que no concentre su mirada en el bolsillo empresarial, sino que se sitúe desde asegurar los derechos sociales y también los equilibrios ecosistémicos reflejados en los Derechos de la Naturaleza.
Huachipato: Diputada Acevedo gestiona acuerdo para impulsar participación del Estado en la industria estratégica
Frente a la crítica situación que ronda a Huachipato, la diputada María Calendaria Acevedo de la Región del Bío Bío apuntó al alto impacto socioeconómico que podría desencadenar la suspensión indefinida o el cierre completo de la siderúrgica en la región del Biobío.
En materia de empleo, la parlamentaria apuntó que son 2.500 puestos directos los que se cancelarían y 1.500 los indirectos, con todo los servicios relacionados, se aproxima a casi 20.000 puestos de trabajo, pudiendo con eso afectar incluso a cerca de 80 mil personas al considerar los grupos familiares.
No obstante, hay gestiones para buscar alternativas por parte de legisladores, gobierno y dirigentes que ya tuvieron un primer acercamiento el día viernes y otra reunión este lunes.
Una de ellas, dijo la diputada comunista, es la reunión especial que solicitarán al Presidente Boric, junto con el consenso alcanzado para avanzar hacia una reforma constitucional que incluya la participación del Estado en la administración de la industria:
“Corfo debiese tener una parte importante de lo que es el acero chileno en una economía mixta donde la industria y el Estado puedan surgir y mantener éstos 23 mil puestos de trabajo”, expresó.
En esa línea, apuntó también a la reconversión como medida compensatoria, acotando que así como hoy la institucionalidad golpea la mesa con el tema de Enel, “también tiene que hacerlo en el tema de este privado, y como es una empresa estratégica, debería ser parte de todas las que son del Estado”, indicó la legisladora.
“Ni Pinochet se atrevió a tanto”
Por otro lado, la diputada del distrito 20 se refirió a la situación política de Venezuela y a la comparación entre Maduro y Pinochet, contexto en el que algunas opiniones han traído a colación la frase “Ni Pinochet se atrevió a tanto”.
En una carta firmada por Acevedo junto a las diputadas Carmen Hertz y Lorena Pizarro, se señala una alarma frente a esa afirmación, en tanto está “absolutamente fuera de lugar; acusa una ignorancia y una ruindad altamente preocupante considerando, por cierto, que quienes han emitido tan miserable afirmación tienen algún grado de poder y/o influencia destacada. La falta de criterio y honestidad es evidente”, dice la carta.
Al respecto, repasó diversas situaciones citadas en el escrito que no permiten asentar puntos de comparación, como es el caso de las miles de violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura civil militar, los crímenes económicos, la venta de los recursos naturales o la descomposición del sistema político y sus poderes.
Por otro lado, desestimó la petición de la derecha de proscribir al Partido Comunista, señalándole como una nueva Ley Maldita, “lo que es un atentado para la democracia”, manifestó lamentando también que sectores de la ex concertación avalen esa situación.
Ley de Pesca
La diputada, quien además integra la Comisión de Pesca que trabaja en la nueva ley, habló sobre las dificultades que se vierten en su debate, entre ellas, algunas que van en la línea de la corrupta ley anterior, tal como ha ocurrido con el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla:
Indicó junto a eso que hay otros temas a abordar como el fraccionamiento y licitaciones, señalando que resulta relevante además, avanzar en el levantamiento del secreto bancario “para saber quié nes son los que están proveyendo o entregando recursos a parlamentarios para que trabajen directamente con las empresas”, sostuvo.
Parlamentarios y la CUT se reúnen con ministro Grau para solicitar cierre de la asociación de AFP
Durante las últimas semanas salió a la luz una de las razones por las que no se ha logrado avanzar con la Reforma de Pensiones: las minutas de la Asociación de AFPs. La Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, denunció la existencia de una minuta elaborada por esta organización, en la cual se desacreditaban los puntos que se están discutiendo en el Senado para el avance de la Ley que mejorará las pensiones de miles de chilenas y chilenos.
En este contexto, parlamentarias y parlamentarios oficialistas, junto al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, David Acuña, entregaron una carta al ministro de Economía, Nicolás Grau, solicitando la disolución de la Asociación de AFPs.
Las autoridades denuncian que esta organización, reconocida además por ser la que financia spots publicitarios y otras formas de campaña a favor de la AFP, infringió sus facultades interviniendo en el debate sobre la reforma de pensiones.
El presidente de la comisión de Trabajo, Luis Cuello (PC), indicó que “estamos preocupados, también alarmados por el grado de intervención que hacen hoy día las AFP en el debate previsional. Una intervención interesada, ilegítima, que además se vale del uso de recursos millonarios, de la plata de los trabajadores para hacer publicidad en radio y televisión, para desprestigiar una reforma necesaria, urgente, para difundir falsedades y desinformar. Y es por esto que esto da lugar a nuestro juicio al inicio de un procedimiento sancionatorio por parte del Ministerio de Economía, que debe concluir en la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación de AFPs. Es una sanción que debe ser ejemplar. Creo que las AFP han vivido toda su vida en impunidad que debe terminarse y por eso estamos pidiendo hoy día que se cancele y se disuelva esta asociación”.
Por su parte, el diputado Juan Santana (PS), ex presidente de la comisión de Trabajo, sostuvo
“A diferencia de las AFPs, que están objetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, la asociación de AFPs, es un gremio que no tiene esta misma condición y por tanto no está objeta a esta fiscalización ni a la hora de llevar adelante campañas publicitarias ni a la hora de entregar minutas como la que se hizo hacer circular en el Congreso Nacional hace algunas semanas atrás”.
“Y es producto de esto, que hemos visto en estas conductas un ánimo de intervenir el debate público, además con mentiras que distorsionan el contenido de la reforma previsional, es que estamos solicitando al ministerio de Economía se disuelva la personalidad jurídica de la asociación de AFPs porque ha sobrepasado con creces las funciones que ésta tiene y está siendo utilizada como un subterfugio legal para que estas campañas no sean fiscalizadas. Este es un intervencionismo que además se está haciendo con recursos de los trabajadores y trabajadoras, porque recordémoslo, la cotización que pagan los trabajadores y las comisiones que se le pagan a las AFPs, son obligaciones legales que hoy día tienen las personas, que tienen los afiliados y por lo tanto resulta bastante paradojal que se estén pagando campañas multimillonarias con recursos de los trabajadores, en circunstancias que lo que se quiere llevar adelante es una reforma previsional que justamente viene a quitarle poder a esta industria para aumentar las pensiones de los actuales y las actuales jubilados”.
David Acuña presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, afirmó “creemos que hoy día por parte del Senado se ha dado una nueva aspirina, un nuevo acuerdo dilatorio el cual solamente aplaza y aplaza y aplaza frente a una necesidad real y latente de millones de trabajadores, trabajadoras, pensionados y pensionadas. Hoy día lamentablemente uno no se puede jubilar tranquilo. Para jubilarse hoy en nuestro país cae en el hambre y absoluta pobreza. Creemos que hoy día necesitamos fortalecer una reforma de pensiones y hoy día lo que está haciendo la asociación de AFPs a través de escribir minutas falsas con información solamente que viene a bloquear los avances, no nos parece”.
El diputado Andrés Giordano (FA), también miembro de la comisión de Trabajo, expresó “la industria de las AFP y la Asociación de AFP se ha constituido ilegítimamente como un partido político, desarrollando minutas para la oposición que actúan como militantes de este “partido” y propaganda pagada con nuestras cotizaciones en medios de comunicación. Y lo hacen sin poner una firma, de tal manera de desinformar a las personas sin tener que hacerse cargo, excediendo con creces las acciones que pueden realizar las asociaciones gremiales, poniendo en riesgo el único objeto del debate previsional, que es subir las pensiones hoy y no en 40 años más, y tener un sistema legítimo, que ponga en el centro a las personas mayores y no el interés de esta industria”.
“No es posible, como lo señaló en algún momento la ministra Jara, que las AFP se lleven para la casa el debate e intenten secuestrarlo cada vez que se tocan sus intereses. Las AFP administran cerca de 200.000 millones de dólares, que son ahorros previsionales de las y los trabajadores; y de las comisiones obligatorias obtienen utilidades por más de $1.500 millones diarios. Ese es el interés que defienden y por lo tanto esperamos que el ministro Grau acoja este requerimiento y cancele la personalidad jurídica de esta Asociación por haberse inmiscuido en temas políticos, lo que está expresamente prohibido”.
Por último, la diputada Gael Yeomans (FA), integrante de la comisión de Hacienda, dijo que
“Estamos acostumbrados a que la asociación de AFPs, o la AFP en particular, quieran no solamente mentir con la reforma, sino que ahora están incumpliendo la ley. O sea, les importa nada lo que tenemos hoy día nuestra legislación y hacen todo esto porque no quieren modificación alguna, quieren mantener concentrado el poder que les da los fondos previsionales de las y los chilenos porque les da poder económico. Y ese es el punto que tenemos que cambiar con esta reforma de pensiones”.
“Tenemos que lograr hacer un cambio para que las AFPs no sigan lucrando con los derechos que son de las y los jubilados a tener una mejor pensión. Ese derecho es el que debe ser devuelto por el Congreso Nacional y no permitiremos que la influencia de la asociación de AFPs siga impidiendo dar un debate democrático que es de todas las y los ciudadanos del país”, cerró la parlamentaria.
Cabe señalar que asistieron a la cita los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Andrés Giordano (FA), Boris Barrera (PC) y las diputadas Javiera Morales (FA), Gael Yeomans (FA), Carolina Tello (FA) y Marcela Riquelme (FA), además de David Acuña, presidente de la CUT, Eric Campos secretario general CUT y Silvia Silva ex presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras.
Lautaro Carmona sostiene: “El problema de Venezuela se debe resolver en Venezuela”
El presidente del Partido Comunista, reafirmó la posición inicial de su colectividad sobre el país caribeño, resaltando el respeto por la no injerencia y el valor “a la manifestación de la ciudadanía en este proceso bolivariano”.
“Tenemos expectativas que se dé a conocer toda la documentación que permita transparentar y logren la validación con todas las partes del resultado de las elecciones en Venezuela”, puntualizó el líder del PC.
“El problema de Venezuela se resuelve en Venezuela”, precisó también, refiriéndose a que el proceso electoral venezolano no es materia de intervención de otros países sino un asunto propio de esa nación.
Respecto a las declaraciones del presidente del PPD, Jaime Quintana, quien acotó: “si en un plazo prudente no cambia su posición sobre Venezuela, veo difícil renovar un pacto con ellos”, Carmona apuntó a la construcción unitaria en la que actualmente participa el PC, resaltando en ello la convivencia de diversas fuerzas y opciones:
“Son identidades distintas lo que determina la amplitud y diversidad unitaria; no es el genio ni el juicio personal de uno u otros sino lo que más ayuda a la legítima causa de lucha del pueblo chileno”.
“Cada fuerza política tiene el legítimo derecho a hacer opciones; Hagámonos cargo de la consecuencias, pero no será la primera vez que tengamos que enfrentar batallas políticas con tal o cual aliado”, indicó.
Por otro lado, Lautaro Carmona valoró el rol diplomático que hoy están cumpliendo los presidentes de Colombia, de Brasil y México por haber logrado empatar en un diálogo con Maduro, sostuvo, indicando la importancia de alcanzar una salida política tanto para Venezuela como para la región.
Enel y Huachipato
Respecto a la crisis eléctrica manifestó que las empresas concesionadas han fracasado respecto a entregar un servicio vital para la industria del país, para potenciar la energía limpia y para los hogares cuyo funcionamiento depende en un 80% del suministro eléctrico,
“Se acabó el prejuicio de que el Estado no es capaz y no estoy estatizando Chile. Existen las empresas mixtas y hay otras áreas que son privadas y lo hacen bien”, indicó Carmona.
También apuntó a atender el llamado de la ciudadanía que se ha manifestado a causa de seguir sin electricidad desde hace casi 15 días:
Asimismo se refirió a la situación de Huachipato y al anuncio de suspensión de funciones que comunicó el directorio la semana pasada, luego de un ardua negociación que meses atrás aunó a privados y gobierno con el fin de entregar salvatajes a la empresa siderúrgica.
Al respecto, Carmona abordó el enclave normativo de la dictadura que consolida al Estado subsidiario, negando participación al erario en la gestión de empresas estratégicas como la de electricidad o la del acero:
“El camino era que el Estado participara crecientemente como una empresa mixta, diera posibilidad a los trabajadores de ser parte de la gestión y recuperara una economía que tiene la traba del Estado subsidiario”, indicó respecto al acuerdo suscrito por la siderúrgica: “Ese es el tema de fondo, tanto de la empresa eléctrica como de quien da insumos en grandes niveles a la principal empresa del país que es el cobre”, sostuvo Carmona.
Michelle Bachelet en encuentro de la izquierda y el progresismo
Lautaro Carmona también se refirió al lanzamiento del estudio “Herramientas para la gestión local: Propuestas de acción desde la centro-izquierda y el progresismo” que contó con la presencia de presidentes y secretarías de los diferentes partidos de esa coalición y de la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
El timonel del Partido Comunista asignó alto valor a cómo la ex mandataria está haciendo que curse su ascendiente político, y sobre lo que hoy está haciendo “que es lo que debiese hacer todo político que es contribuir activamente a forjar una idea transversal”, sostuvo Carmona.
“Fue una incitación a completar en dos meses el programa de cada comuna que en su particularidad le va a comprometer a la comunidad; para recuperar la confianza en la política y sentir que es posible asociarse a partir de una opción por un esperado proyecto”.