Este 26 de marzo, la diputada Karol Cariola en conjunto a las diputadas Maite Orsini, Camila Vallejo y el diputado Miguel Crispi, llegaron hasta la Contraloría General de la República para ingresar una solicitud ante el contralor Jorge Bermudez, pidiendo se pronuncie sobre el cuestionado protocolo del Ministerio de Salud que atenta contra la ley que despenaliza el aborto en tres causales.

A 3 días de la publicación en el diario oficial del cuestionado protocolo realizado por el Ministerio de Salud, diputadas y diputados ingresaron ante la Contraloría General de la República un requerimiento que en lo medular busca dejar sin efectos al protocolo y se dictamine su reemplazo por la normativa que corresponda para el adecuado cumplimiento de las atenciones a que tienen derecho las mujeres en el marco de ley de despenalización del aborto en tres causales.

Para la diputada Karol Cariola, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, la presentación busca dar respuesta a la preocupación que hoy surge en miles de mujeres en todo Chile.

“Estamos convencidos de que las modificaciones que ha hecho el Ministerio de Salud no se ajustan a derecho, porque creemos que van en contra del espíritu de la ley. Lo que hacen estas modificaciones que ha hecho el Minsal al protocolo de objeción de conciencia, es pasar de una excepción que tenía la ley –incorporada por el TC- a algo normal dentro de la norma. Es decir, hoy día todas las clínicas que quieran hacer objeción de conciencia lo van a  poder hacer y van a poder seguir recibiendo recursos públicos”, explicó la diputada Cariola.

La diputada de la comisión de Salud de la Cámara agregó que “Con esto se perjudica precisamente a las mujeres profesionales que hoy sí están incorporadas a las isapres, a las mujeres que tienen planes cerrados, que tienen planes preferentes con algunas instituciones de salud privada y frente a una medida como esta no solo se les está vulnerando el acceso a un derecho que fue  garantizando por ley, sino que además se están utilizando recursos públicos para ello, y eso no lo vamos a aceptar y esperamos que el Contralor se pueda referir a los puntos modificados del protocolo”.

Por su parte, la diputada Camila Vallejo rechazó la forma en que desde el Ministerio de Salud intentan frenar una ley debatida democráticamente tras un largo debate en el Congreso Nacional.

“Estamos aquí para defender el derecho de las mujeres y no nos parece apropiado, no nos parece democrático y nos parece ni siquiera sensato que el Ejecutivo esté por vía de un protocoló, por vía administrativa, poniéndole límites a algo que se ha acordado mediante ley con un debate que ha sido largo  y extenuante, pero que se resolvió democráticamente  y es que las mujeres puedan contar con la posibilidad, si así lo deciden, de interrumpir el embarazo en caso que son muy dramáticos”, sostuvo.

La diputada Vallejo agregó que “hoy nos preocupa que una mujer que necesita atenderse vía isapre en una clínica privada, porque está en riesgo su vida, porque su feto va a morir o porque fue violada, pueda atenderse. Hoy día este protocolo le pone limitaciones a esa posibilidad y eso es grave”.

En tanto, la diputada Maite Orsini igualmente cuestionó el protocolo conocido por la ciudadanía través de su publicación en el Diario Oficial y sin una clara explicación desde el Gobierno.

“Creemos que es al menos antidemocrático y que raya en la ilegalidad esta modificación que se hace el reglamento, justamente para modificar el espíritu de la ley. Lo que se está haciendo es vulnerar derechos que ya han sido adquirido por las mujeres, a través de un reglamento, y eso debiese solo ser modificado por ley, por eso estamos solicitando este requerimiento a la Contraloría, para que se pronuncie acerca de los que a nosotros nos parece una ilegalidad”, sostuvo la diputada Orsini.

Finalmente, el diputado Miguel Crispi interpeló al Gobierno a respetar el gran acuerdo nacional que significó despachar la ley de aborto en tres causales del Congreso, antes de promover nuevos espacios de conversaciones respecto de su agenda legislativa.

“¿El Gobierno va a gobernar para las clínicas privadas, para las minorías? ¿O va a gobernar para las mayorías?.  Aquí hubo un gran acuerdo nacional para que el Chile hubiera un mínimo civilizatorio y es que las mujeres tienen derecho a abortar en las tres causales que señala la ley. Si el Gobierno va a seguir hablando de los grandes acuerdos, bien estaría entonces que respetara aquellos a los que ya hemos llegado y abandonara esta gran retórica de los grandes acuerdos si es que va a pasar por arriba mediante el Tribunal Constitucional o, en este caso mediante  un reglamento, por arriba de lo que señala la Ley”, concluyó.

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