A 5 meses del estallido social, Felix Avilés señala: “El gobierno está mirando otro país, más que proteger la vida de los ciudadanos”
El abogado y Presidente de el Observatorio de DDHH y Violencia Policial, evalúa el actuar del gobierno en el quinto mes de movilizaciones.
Abogado Luis Cuello detalla las implicancias del estado de excepción constitucional de catástofre
Sebastián Piñera decretó estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. La medida regirá por un plazo de 90 días y se busca con ello proteger la estabilidad y seguridad del país por causa de los efectos del Covid 19.
Tal como lo explicó el abogado y asesor legislativo Luis Cuello, esta figura permite restringir ciertos derechos como la libertad de tránsito y reunión, así como limitar la propiedad e incluso requisar bienes con el fin de mantener la seguridad y el orden público.
El jurista advirtió que si bien las F.F.A.A. tendrán nuevas atribuciones constitucionales para cumplir estas medidas de emergencia, se debe estar alerta producto del actuar de los uniformados durante el estallido social.
Luis Cuello detalló cuales son las facultades y condiciones de ejercicio del jefe de la Defensa Nacional en este estado de excepción constitucional.
El asesor y coordinador legislativo de la bancada del partido Comunista anunció además cuales son las propuestas de esta colectividad para afrontar este difícil escenario por causa del Coronavirus.
Entre las principales herramientas que considera este estado de excepción constitucional de catástrofe se contempla el control de entrada y salida de una zona determinada del país, establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares público, ordenar el acopio, almacenamiento y reservas de alimentos , así como artículos de subsistencia de la población.

Ingresan a la Cámara proyecto de ley para proteger a trabajadores/as de despidos y descuentos en medio de la emergencia sanitaria
La diputada Camila Vallejo, acompañada por los diputados Daniel Núñez (PC) y Manuel Monsalve (PS) ingresaron un proyecto de ley que buscar suspender la aplicación de la causales de “despido por necesidades de la empresa” o “fuerza mayor” ante la emergencia del coronavirus durante los próximos 4 meses.
La iniciativa agrega que el trabajador no podrá ser objeto de menoscabo alguno como consecuencia de la emergencia por el coronavirus, tales como descuentos en sus salarios por inasistencias o retrasos vinculados con ésta.
La autora del proyecto, diputada Camila Vallejo, dijo que buscan tramitar con prontitud la inaplicabilidad de la causal de despido por necesidad de la empresa o por razones de fuerza mayor, así como también no aplicar los descuentos por ausentarse los trabajadores o llegar tarde al lugar de trabajo.
Camila Vallejo añadió que el proyecto es para abrir la discusión y convocar al Ejecutivo para que pueda ponerse a disposición de este debate y tomar las medidas que le competen.
En términos específicos, el proyecto incorpora el artículo 29 transitorio al Código del Trabajo, señalando que: “El empleador no podrá invocar, para poner término al contrato de trabajo, la causal prevista en el inciso primero del artículo 161 de este Código, ni procederá la expiración ni la terminación del contrato de trabajo por la causal de fuerza mayor contemplada en los artículos 137 y 159 del mismo cuerpo legal, desde el 19 de marzo hasta el 19 de julio del año 2020.
Agrega el texto que “El trabajador no podrá ser objeto de menoscabo alguno como consecuencia de la emergencia por el coronavirus, tales como descuentos en sus salarios por inasistencias o retrasos vinculados con ésta.”
JJCC organiza voluntariado para vacunación masiva y domiciliaria
La apertura de la campaña de vacunación contra la influencia a los grupos de riesgos y la creciente amenaza del COVID-19 a la población de nuestro país ha provocado el colapso en la mayoría de los servicios de salud primarios. Desde las Juventudes Comunistas, convocan a un voluntariado de estudiantes y profesionales del área de la salud para contribuir a la vacunación de la población y descongestionar los servicios primarios de salud.
A las pocas horas de iniciada la campaña de vacunación contra la influenza este lunes 16 de marzo, la mayoría de los servicios de salud del país se encontraban colapsados por la masiva asistencia de personas en búsqueda de vacunación, sItuación agravada por el incremento de los casos de contagio por la pandemia del COVID-19 en nuestro país.
Al respecto, Camilo Sánchez, Presidente de las JJCC, señaló “el sistema público de salud ha sido postergado por décadas. No cabía duda que, una vez expandida la pandemia en el territorio, terminaría por colapsar la atención primaria”.
En este contexto, el dirigente comunista además señala que “la población que se atiende en la red de salud pública resulta ser la más pobre y será la más afectada con el incremento de casos por la pandemia” y, en esa misma línea, convoca “a los estudiantes y profesionales de la salud a sumarse al voluntariado para descongestionar la atención primaria y conformar brigadas de salud que vacunen a la población de riesgo en sus domicilios”.
Según detallan desde las JJCC, se encuentran coordinando con distintas municipalidades la participación de voluntarios en labores de vacunación. Para sumarse al voluntariado desde la organización invitan a revisar sus redes sociales y dejar sus datos en el link de inscripción.
Finalmente, el dirigente juvenil exhortó a las autoridades a establecer el control y gestión de la capacidad de las clínicas privadas para ponerlas en disposición de combatir la pandemia.
{Declaración} Convergencia nacional de gremios Pymes y cooperativas frente a la grave situación que atraviesa el país
Las Organizaciones que conformamos la convergencia de Pymes y Cooperativas, ante los acontecimientos relativos a salud pública que afectan a la ciudadanía en general y en particular a los trabajadores y Pymes de nuestro país, manifestamos nuestra preocupación y solicitamos medidas que permitan mitigar los efectos de la actual crisis y, porque no también, anticiparnos a las consecuencias en toda nuestra economía y sociedad. Para ello, el estado debe asumir una política de expansión fiscal agresiva y asumir con responsabilidad real la ayuda a las Pymes.
Para tal efecto, solicitamos al menos considerar las siguientes medidas que permitirán al menos apoyar la sobrevivencia de un tejido empresarial deprimido e históricamente golpeado:
- Suspensión del pago de IVA, por al menos tres meses, para pymes con ventas inferiores a UF 75.000
- Aplazar créditos a Pymes entre 6 y 18 meses, sin generar intereses ni gastos de ningún tipo, de la banca en general, ya que es necesario para la paz social y la sana convivencia que el sector bancario devuelva la mano a la ciudadanía y recuerde que un día fueron ellos los que necesitaron ser apoyados.
- Acciones legales severas contra aquellas empresas, sus ejecutivos, accionistas y directores que han especulado salvajemente con la crisis, además de repudio público a su acción y la sanción pecuniaria proporcional al daño causado en la población en general.
- Subsidio directo a las pymes y sus trabajadores para poder sostener el empleo.
- Favorecer la participación de las Pymes en ChileCompra, desarrollando licitaciones cuyos volúmenes puedan ser abordados por pymes individuales o por “Uniones temporales de Proveedores” entre pymes en caso de ser necesarios.
- Fin al embargo de Cuentas Corrientes y Pymes con deudas, es injusto bloquear la generación de ingresos a las empresas, al contrario, hay que asumir con responsabilidad el endeudamiento de la Mipyme y otorgar créditos de largo plazo, 8 a 12 años, para regularizar deudas en leyes sociales e impuestos, con tasa de interés inferior al promedio que presta la banca a las grandes empresas y con periodo de gracia no menos a un año.
- Permitir a las Pymes pactar 15 días de inasistencia al trabajo, con cargo al estado y al fondo de seguro de cesantía en partes iguales. Medida que apunta a la prevención de contagios y a la vez contribuye a la armonía entre trabajadores y empresas.
- Financiar, con cargo al estado, gastos en servicios básicos incurridos por las Pymes desde el mes de marzo, hasta que la situación sanitaria permita la normalidad en el funcionamiento de las empresas.
Si bien los problemas de la Pyme, sus demandas y solicitudes al estado no son problema sólo del presente, sino más bien histórico, la aparición del COVID-19 hace necesario que el estado responsablemente atienda nuestras demandas, de acuerdo a la importancia de nuestro sector.
Apoyar a la Pyme no es “el resguardo de liquidez de los bancos”, ni “financiamiento condicional al incremento de colocaciones”, es con medidas fiscales concretas, en la cual estado se meta la mano al bolsillo y genere un impacto directo y efectivo.
Nuestro compromiso es mantener activa a la Pyme de Chile y seguir contribuyendo al desarrollo productivo y social de todos nuestros compatriotas, para eso necesitamos esta vez la mano del Estado.
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