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CUT rechaza proyecto de flexibilidad y adaptabilidad laboral. Convocan a movilización sindical para el 21 de agosto
Desde la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, rechazaron el proyecto de adaptabilidad laboral presentado por el gobierno, el que consideran busca contraponerse a la propuesta de rebaja de la jornada laboral a 40 horas semanales, convocando de paso a una gran movilización y acción sindical para el próximo 21 de agosto.
En este contexto, la presidenta de la multigremial, Bárbara Figueroa, sostuvo que jamás apoyaran una iniciativa como la que impulsa Sebastián Piñera, la cual entrega un control y una subordinación aun mayor de los trabajadores por parte de los empleadores, bajo el pretexto de una supuesta flexibilidad laboral.
Del mismo modo, la timonel de la CUT advirtió que la clase trabajadora chilena sufre agobio y un cansancio extremo, por lo que necesita descanso y no subterfugios legales y letra chica como pretende imponer el proyecto de adaptabilidad del Ejecutivo.
Bárbara Figueroa emplazó al Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, a dejar la pirotecnia mediática y conocer la compleja realidad que viven los trabajadores chilenos, quienes no cuentan siquiera con tiempo suficiente para descansar.
Así mismo, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores denunció que la propuesta laboral del gobierno podría representar para las personas, jornadas que podrían extenderse incluso a las 20 horas diarias considerando los largos trayectos que deben hacer desde sus hogares hacia sus puestos de trabajo.
En la oportunidad, además, la timonel de la CUT junto a la totalidad de consejeros de la entidad, reiteraron el llamado a una jornada de movilización y acción sindical para el próximo 21 de agosto, en rechazo a las contrarreformas laborales del gobierno, esto como un apronte al gran Paro Nacional convocado por la más amplia unidad social para el 5 de septiembre.
40 horas suma ahora apoyo del mundo municipal. Crece respaldo transversal a la iniciativa
En dependencias del Congreso Nacional en Santiago, distintos parlamentarios, alcaldes y concejales conformaron la denominada “bancada municipal por las 40 horas”, apoyando de manera transversal el proyecto que busca rebajar precisamente a 40 horas la jornada laboral de las y los trabajadores en Chile.
A este respecto, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, invitó a la ciudadanía a no caer en esta campaña del terror impuesta por la derecha junto el gran empresariado, y entender que esta modificación en nuestra ley laboral sólo pretende dignificar y mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores.
Por su parte, el concejal de Maipú, Ariel Ramos, expresó que la propuesta de 40 horas tiene un mensaje claro, cual es disminuir la jornada de trabajo en favor de las personas, pero sin afectar ni ingresos ni productividad.
En tanto, la autora del proyecto de ley de 40 horas semanales, la diputada Camila Vallejo valoró la respuesta positiva que ha tenido su iniciativa en la órbita municipal, en donde alcaldes como el de Recoleta, Daniel Jadue, ya lo implementó con éxito en su planta funcionaria.
Finalmente, todos los convocados a esta bancada municipal por las 40 horas acusaron incongruencia de parte del gobierno, pues el propio ministro del Trabajo primero sostiene que en Chile se labora promedio 38 horas semanales y luego plantea una propuesta que representa una jornada de 41 horas, lo cual revela un retroceso más que un avance. Además, cuestionaron las amenazas de Sebastián Piñera en torno a recurrir al Tribunal Constitucional, en caso de aprobarse la iniciativa de la diputada Camila Vallejo.
Sectores neofascistas están operando con el alto peligro de legitimar su accionar señala Juan A. Lagos
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, advirtió que los sectores neofascistas están operando dentro de la sociedad y el propio gobierno, viéndose representados en sus autoridades, más allá de figuras como la de José Antonio Kast o Jair Bolsonaro en Brasil.
El personero acusó una ofensiva del oficialismo por naturalizar acciones de odio y violencia armada, tal como quedó demostrado tras la convocatoria a marchar contra la comunidad migrante.
El dirigente comunista miró con preocupación que el gobierno busque dotar de nuevas atribuciones a las Fuerzas Armadas y Carabineros, tratándose de instituciones que se han caracterizado por una serie de montajes y acciones represivas desde la dictadura hasta la fecha.
En ese sentido, Juan Andrés Lagos dijo que el Ejecutivo está empujando en la misma dirección de los años 70, cuando su sector político encabezó una campaña desestabilizadora y basada en el terrorismo de Estado para promover un golpe.
Respecto a la aprobación de la ley corta antiterrorista en el Senado, el dirigente del PC sostuvo que los parlamentarios debieran estar más preocupados de acusar constitucionalmente al ministro del interior, Andrés Chadwick.
Según Juan Andrés Lagos, lo que se está buscando con la ley corta antiterrorista es generar un Estado represivo que actué sobre las organizaciones sociales y los pueblos originarios, en un contexto donde estos últimos exigen el reconocimiento constitucional de sus derechos.
El dirigente y analista Juan Andrés Lagos concluyó que las leyes propuestas por el gobierno no van en la dirección de combatir delitos terroristas, ni fenómenos delictuales como el narcotráfico y el lavado de dinero, sino más bien apuntan a normalizar acciones represivas contra los movimientos sociales.
Conupia: Pequeños y medianos empresarios apoyan las 40 horas semanales de jornada laboral
La Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado (Conupia), la cual representa a más del 50% de las PYMES a nivel nacional, respaldó el proyecto de reducción de jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.
La diputada comunista y autora de la iniciativa, Camila Vallejo, anunció que junto a la bancada transversal por las 40 horas, se comprometieron a graduar la entrada en vigencia de esta ley, en caso de aprobarse.
Por otro lado, Camila Vallejo indicó que esta propuesta podría generar entre 200 mil y 300 mil nuevos puestos de trabajo, según un estudio de economistas, basados en la teoría neoclásica.
La diputada Gael Yeomans, presidenta de la comisión de trabajo de la Cámara, informó que van a presentar indicaciones que permitan a las PYMES hacerse cargo de esta reducción de jornada sin que ello afecte su productividad.
El presidente de la Conupia, Roberto Rojas, confirmó que las PYMES están por respaldar el proyecto de 40 horas, sobre la base de que ellos se han comprometido a darle una gradualidad de 3 años.
Roberto Rojas descartó que las PYMES se puedan ver afectadas con la rebaja de jornada laboral, al no existir ninguna evidencia respecto a una eventual disminución en su productividad.
Finalmente, el presidente de la Conupia, Roberto Rojas, llamó al gobierno a trabajar para revertir el escenario económico nacional, marcado por las proyecciones de crecimiento a la baja y el sobreendeudamiento de los hogares chilenos.
El Estado y la vulneración de los DD.HH. de la mujer
(Por Marcia Millaqueo Ibarra / Vicepresidenta de género RM / Partido Progresista de Chile). Hasta lo que va de agosto de 2019, según informe del ministerio de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG), se han cometido 27 femicidios en el país.
Las mujeres ya no queremos seguir alimentando estadísticas oficiales y no oficiales de femicidios. Vivimos bajo un Estado que no garantiza nuestros derechos y los vulnera día a día. Necesitamos una ley que se haga cargo del real problema que tenemos las mujeres en esta materia.
La ley de femicidio que comenzó a regir en Chile el 2011, solo contempla los asesinatos por parte de cónyuges o ex cónyuges, dejando afuera crímenes cometidos por pololos, amantes, relaciones informales, amigos y violencia de género. Eso explicaría también las dispares cifras que hoy manejan las instituciones.
El registro que mantiene hoy Sernameg, no es un registro que refleje fielmente la cantidad de femicidios que ocurren en el país, son cifras parcializadas, maquillada y no reconocen la dimensión real del problema. Esa es la gran falencia en esta materia.
Entre los años 2012 y 2017 el total de denuncias por violencia intrafamiliar interpuesta por mujeres, el 84% de ellas han sido archivadas. Las razones son varias y las principales que se detectaron fueron:
- Carabineros nunca ingresaron las denuncias ante fiscalía.
- Ministerio Público no perseveró.
- No se llevó al victimario ante la justicia por falta de notificación.
- Fiscalía no prospera y casos se cerraron.
Entonces cabe preguntarnos, ¿están cumpliendo las instituciones del Estado de Chile con sus obligaciones de DDHH en materia de femicidios?
El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de derecho de la Universidad Diego Portales, reveló que en Chile se vulneran los derechos humanos de las mujeres debido a que el Estado y las instituciones responsables no estarían cumpliendo con su deber.
Estos antecedentes fueron ratificados en el último informe de DD.HH. en Chile. Del total de mujeres asesinadas el año 2018, al menos un 45% de ellas había denunciado y solicitado medidas de protección y medidas cautelares en contra de su victimario.
Por cierto, estas cifras son muy distintas a las que maneja el ministerio de la Mujer y Equidad de Género quienes, según su registro, menos de un tercio de los 42 femicidios consumados el 2018 mantenían una denuncia.
Entonces, ¿quién se hace cargo?
Ejemplo:
Femicidios en Chile en el año 2018
| SERNAMEG | MINISTERIO PÚBLICO | RED CHILENA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER (RCCVHM) |
| 42 | 35 | 56 |
Dados estos datos contradictorios, es importante regular y reformular la ley de femicidio, haciéndole un cambio profundo. Por ejemplo, en la actual legislación solo se permite la denuncia de la víctima, que en la mayoría de los casos no lo hacen por miedo, existiendo restricción a que terceros puedan hacer la denuncia ante una amenaza o agresión de la cual han sido testigos y salvaguardar la vida de la víctima.
Pero eso no es todo, en el caso de que la víctima interponga una denuncia y aunque existan las pruebas y se hayan iniciado los protocolos, si posteriormente la mujer se retracta, el caso se cierra, no se persevera en la investigación a pesar de que se siga cometiendo el delito y la mujer sea potencialmente víctima de un femicidio.
