Cuestionan limitaciones al derecho a reunión impuestas por Intendente Guevara y uso del Decreto 1086
Esta semana la comisión que analiza la Acusación Constitucional, y que es presidida por la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), recibió al profesor de Derecho Constitucional, Christian Viera, quien expuso que el derecho a reunión se ejerce sin permiso previo. Asimismo, su colega Luis Silva calificó como inconstitucional el decreto que regula el derecho a reunión.
La Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, y que es presidida por la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda; recibió, en su tercera y cuarta jornada de audiencias, a los profesores de Derecho Constitucional, Christian Viera de la Universidad de Valparaíso, y a Luis Silva, ligado a Fundación Jaime Guzmán, respectivamente.
En la instancia desarrollada el pasado miércoles, el profesor Viera abordó la importancia del control político a cargo del Congreso Nacional para evitar abusos de poder y la forma en que se ejercen el derecho a reunión y la libertad de la protesta. Esto, en relación a lo que señala el libelo acusatorio sobre que habría habido por parte del intendente una vulneración de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad, en el contexto de la crisis social que vive el país.
En este sentido, Viera calificó de grave la comprensión del derecho a reunión del Intendente, ya que reunirse pacíficamente se ejerce sin permiso previo y no procedería, como estima ocurrió, inhibir el ejercicio del derecho a la protesta.
“¿Qué es lo que supone? Supone una violación de derechos fundamentales, en este caso, uno muy importante, que está en la Constitución junto con la libertad de expresión, que supone la inhibición del derecho a la protesta y eso constituye una infracción a la Constitución y no solamente tuvo un efecto en el ejercicio a la protesta, sino que esto se saldó con heridos, con un muerto y con una represión desmedida de parte de la fuerza policial”, argumentó.
Otro punto que abordó el abogado Viera es el decreto supremo 1.086, de 1983, sobre reuniones públicas, que sería contrario a la Constitución. Añadió que, con la referencia de que las reuniones en lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía (art. 19 número 13 Constitución), se ha entendido que un reglamento puede limitar los derechos fundamentales, lo que no corresponde, ya que debe ser regulado por ley.
Y fue precisamente, refiriéndose al cuestionado decreto, que basó su exposición del día jueves, el abogado constitucionalista asociado a la Fundación Jaime Guzmán, Luis Silva, quien señaló que el reproche de inconstitucionalidad que está dirigido a la autoridad regional, “en realidad es un reproche al Decreto Supremo Nº1086”.
Según explicó, este decreto “le da al intendente amplias atribuciones, quizás demasiado amplias, para prohibir reuniones y disolverlas si tienen lugar pese a que se prohíba”. Por lo tanto, a su juicio, “el reproche de inconstitucionalidad que está dirigido al intendente Guevara en la acusación constitucional, en realidad es un reproche al D.S. Nº 1086 que regula de una manera inadecuada un derecho fundamental como el derecho de reunión. Por lo tanto, creo que la acusación no puede prosperar, porque no es el intendente Guevara quien ha infringido la constitución, sino el D.S. Nº 1086”, indicó
Tras las dos jornadas, la presidenta de la instancia, diputada Alejandra Sepúlveda, junto con agradecer la asistencia de ambos abogados, recalcó que “el libelo acusatorio se refiere más bien al copamiento preventivo que planteó el Intendente y cómo éste tiene un efecto de no permitir las reuniones. Esa es la complicación desde el punto de vista constitucional”, discrepando con quienes insisten en “culpar solo al Decreto Supremo”.
“Hay un posición hoy día de algunas personas al interior de la comisión que están enfocándose principalmente en el Decreto Supremo 1.086, y a mi juicio el problema no está ahí, o sea yo creo que tiene un problema de inconstitucionalidad sin duda que tenemos que mejorar, pero el libelo acusatorio se refiere más bien al copamiento preventivo que planteó el Intendente, y como ese copamiento tiene un efecto de no permitir las reuniones. Esa es la síntesis de las complicaciones desde el punto de vista constitucional, entonces si realmente el intendente utilizó esta herramienta si mandató a Carabineros que al final se concluya que esa herramienta que es el copamiento preventivo limita o reduce o elimina un derecho fundamental como es el derecho a reuniones”.
Finalmente, la diputada adelantó que el próximo lunes será una jornada especial, pues recibirán en audiencia secreta a algunas víctimas “que nos van a exponer de las complicaciones que han tenido de su vida cotidiana, en su quehacer a partir de los hechos ocurridos principalmente a partir del 20 de diciembre”, concluyó.
Juan A. Lagos: “Trump debiera ser juzgado por tribunales internacionales”
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido Comunista, sostuvo que Donald Trump debiera ser procesado en Tribunales Internacionales con extrema urgencia, por haber ordenado el asesinato del general iraní, Qasem Soleimani.
El dirigente y analista denunció que el presidente norteamericano ha vulnerado derecho internacional humanitario mediante el terrorismo aplicado en este caso poniendo en grave riesgo la paz mundial.
A juicio del analista, el crimen de Soleimani se explica en que dicho general encabezó numerosas acciones de resistencia frente a las acciones desestabilizadoras ejercidas por aparatos norteamericanos y europeos.
Juan Andrés Lagos dijo que este hecho se produce en un contexto donde Estados pretende recuperar su hegemonía mundial, y por tanto recurre a la acción militar de carácter criminal.
Asimismo, el dirigente comunista advirtió que Donald Trump ha optado por una política injerencista muy peligrosa en todos los planos, paralelamente a repercutir en la correlación de fuerzas a nivel mundial.
El analista Juan Andrés Lagos miró con preocupación que el gobierno chileno no haya condenado el crimen de Soleimani, pues su silencio apunta en una dirección distinta al mundo más democrático.
Diputado Mulet a ministro Briones en la Interpelación: “Chile es un país tremendamente injusto con una brutal concentración de los ingresos en unos pocos”
Esta semana se concretó la interpelación por parte del diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en la Cámara de Diputados.
Tras la instancia, y en una queja permanente durante la realización de las preguntas, el parlamentario por la región de Atacama criticó la falta de respuestas concretas del ministro, que según él contabilizó “solo habrían sido 2 preguntas las realmente contestadas”, sin embargo, valoró el mea culpa que Briones realizó ante el incumplimiento del ingreso de la ley de Rentas Regionales al Congreso.
Mulet recalcó que “nuestro país es tremendamente injusto y desequilibrado, con una concentración del ingreso brutal en algunos sectores, por lo que han planteado al ministro de Hacienda el interés de avanzar más rápido no solo en la ley de Rentas Regionales, sino también, por ejemplo, en la construcción de viviendas, en las pensiones, en salud.
Finalmente, el diputado Jaime Mulet valoró la aprobación del proyecto de Acuerdo presentado por su Bancada Regionalista, pues a partir de él pudieron entregarle al ministro Briones una serie de preguntas que sinterizaron, las más de 1400 que recibieron a través de las redes sociales, donde la gente quiso ser partícipe de esto y preguntarle a la máxima autoridad de Hacienda qué está realmente haciendo para resolver sus demandas.
JJCC propone anular PSU este año y utilizar promedio de notas de enseñanza media
Luego de las manifestaciones y la filtración de las preguntas de la prueba de historia que obligó a la suspensión nacional de la prueba, el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCH) se encuentra reunido para dar soluciones al inconcluso proceso de admisión. Mientras tanto, las Juventudes Comunistas presentaron hoy una propuesta al CRUCH que contempla la suspensión de la PSU y la utilización de las notas de enseñanza media como principal criterio de admisión para acceder a la Educación Superior.
Hoy las Juventudes Comunistas, encabezadas por su Presidente, Camilo Sánchez Pizarro, junto a dirigentes estudiantiles presentaron una carta en el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCH) con la finalidad de anular los resultados de la PSU de este año. En tal sentido, el dirigente comunista indicó que “la PSU fracasó para siempre y no desde el próximo año, sino que a partir de este”.
A propósito de las cifras y balances entregados el día de hoy por el DEMRE, organismo a cargo de ejecutar la Prueba de Selección Universitaria, Camilo Sánchez fue mucho más categórico y cuestionó la legitimidad de la prueba, pues “la rindió solo el 80%, además no se ejecutó la prueba de historia, se filtraron preguntas de 3 pruebas y se demostró que no hay legitimidad para darla nuevamente” indicó.
Mientras el CRUCH debe definir el curso de acción que seguirá el truncado proceso de admisión a la educación superior, por su parte, las Juventudes Comunistas solicitan a los rectores desechar los resultados de la PSU y, en cambio, relevar las trayectorias de cada estudiante a partir de las notas de enseñanza media, permitiendo así mayor equidad en el sistema de educación. Al respecto, Sánchez señaló “los rectores quienes tienen atribuciones para implementar un acceso sin PSU para este año, y lo que nosotros proponemos es que se contemple la trayectoria de notas de enseñanza media y de las asignaturas más relevantes según la carrera a la cual un o una estudiante postule, lo cual aporta equidad al sistema”
Así mismo, la propuesta contempla ampliar los procesos de nivelación y aumentar los cupos con criterios de equidad con tal de permitir el acceso de jóvenes más pobres a la Educación Superior y que hayan demostrado sus talentos a lo largo de su trayectoria académica. Al respecto, Camilo Sánchez señaló, “lo anterior debe ser acompañado por planes de nivelación al menos durante el primer año de estudio, aumentar los cupos PACE y fortalecer tanto propedéuticos como bachilletaros”.
Frente a la decisión del gobierno de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado en aquellos jóvenes que hayan participado en manifestaciones en los recintos durante los días de ejecución de la PSU, Camilo Sánchez, señaló que “a los estuidantes sencundarios no los escucharon por años y con ello no les dejaron más opción que la protesta, lo cual se mantiene porque en vez de diálogo, la respuesta del gobierno a una exigencia estudiantil son querellas”.
Al cierre, Camilo Sánchez anunció que están trabajando con las parlamentarias de la bancada comunista en miras de presentar un proyecto de ley que contemple el acceso universal a la Educación Superior. Al respecto, “como Juventudes Comunistas vamos a presentar en los próximos días un proyecto de ley de nuevo sistema de acceso a la educación superior, el cual tendrá como base el acceso universal a esta”.
{Descargue en PDF} Carta al CRUCH
El gobierno no ha tenido ningún pronunciamiento ni voluntad frente al petitorio de Unidad Social sostuvo Carlos Insunza
Cinco semanas han pasado desde la reunión sostenida en La Moneda entre el ministro del interior, Gonzalo Blumel, y representantes de la Mesa de Unidad Social, que agrupa a más de 150 organizaciones del país, a objeto de discutir las mejores alternativas para enfrentar la crisis social y política que vive el país.
Carlos Insunza, dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y de la CUT, confirmó que decidieron suspender las conversaciones con el gobierno, ya que desde esa fecha no ha habido ningún pronunciamiento, respecto a su petitorio.
El dirigente de la ANEF aclaró que el gobierno ha sido incapaz de jugar un rol democrático, cumpliendo su compromiso de entregar respuesta a las demandas del movimiento social.
En ese sentido, Carlos Insunza criticó que el gobierno siga empeñado en impulsar su propia agenda legislativa, en un contexto donde además la oposición no ha sido capaz de articularse para enfrentar dicha arremetida.
El dirigente de la ANEF instó a la oposición a jugar un rol determinante en el Parlamento, articulando las mayorías requeridas para frenar el avance de los proyectos del Ejecutivo, así como responder al petitorio de la mesa de Unidad Social.
Chile Vamos vuelve a mostrar su permanente doble estándar, ahora en materia del proceso constitucional señala Lautaro Carmona
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticó el doble estándar de Chile Vamos al anunciar su rechazo a la nueva Constitución en el plebiscito del 26 de abril, pese a haber suscrito con gran pompa previamente un acuerdo con sectores de oposición en la materia.
En su diagnóstico, la postura de la derecha viene a ratificar que el pacto por nueva Constitución fue firmado bajo advertencias de golpe de Estado y manipulaciones.
A juicio de Carmona, es una burla para el pueblo que sectores de oposición digan haber confiado en las buenas intenciones de la derecha cuando firmaron el acuerdo constituyente.
El secretario general del PC dijo que la nueva Constitución debiese ser diseñada por una Asamblea Constituyente que garantice la deliberación popular en materia de quórums.
Lautaro Carmona aclaró que el quórum de 2/3 es un enclave de la Dictadura que en este caso fue fijado de antemano en el proceso constituyente para frenar el alcance de las transformaciones sociales.
No se puede actuar con ingenuidad, ni con miedos para asumir tareas que representen decisiones de Estado, vinculadas a la democracia y la calidad de vida de los chilenos.
Diputada Sepúlveda: “No queda claro si el copamiento tiene protocolo al interior de Carabineros”
La primera sesión de la Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de Santiago, recibió al jefe del INDH de Valparaíso, quien señaló que las normas vigentes de derecho a reunión no cumplen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, recibió en su primera sesión con invitados, al Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Valparaíso, Fernando Martínez, quien planteó la urgente necesidad de actualizar el marco jurídico que regula el derecho a reunión y la derogación del Decreto Nº 1.086.
Lo anterior, pues a juicio de la autoridad este hace que en la práctica se requiera autorización para reunirse, cuestión que según dictámenes internacionales no se requerirían, y fue claro en señalar que “el derecho a reunión debe ser garantizado y respetado por el Estado”, agregando que “lo que tiene que hacer la autoridad administrativa, no es solamente no violar los derechos humanos sino que debe garantizarlos”.
Al respecto, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social y presidenta de la instancia, Alejandra Sepúlveda, destacó los datos aportados por el INDH, en especial lo referido a las diversas cifras de observaciones en más de 226 manifestaciones, principalmente en Santiago, al 30 de noviembre, donde “si bien se señaló que no fueron dispersadas inmediatamente por fuerzas policiales, si hubo incumplimientos de los resguardos necesarios, y específicamente estos 16 actos de movimiento social, donde solo en 1 se aplicaron los protocolos correspondientes”
Respecto al copamiento, la parlamentaria recalcó que “hemos solicitado que nos envíen todos los antecedentes en relación a esta forma de actuar muy especial que, al parecer, no tiene protocolo de actuar. O sea el copamiento no tiene protocolo, al parecer, al interior de Carabineros y queremos chequear qué tipo de tácticas y cuáles son las consecuencias que tiene este tipo de utilización de alrededor de mil efectivos de Carabineros en una manifestación que, a todas luces es una manifestación que está dentro de la legalidad vigente que tienen todas las personas a reunirse, a movilizarse, a que tenga las expresiones legítimas desde el punto de vista de reclamos ciudadanos”.
Por su parte, el diputado integrante de la comisión, Diego Ibáñez (CS), agregó que “el INDH ha planteado que aquí hay un marco jurídico con el cual se pretende solucionar este problema pero que viene de la dictadura y que no cumple con los estándares internacionales de DDHH, que restringe la libertad de reunión, pero sin el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, idoneidad, y que da atribuciones por fuera de los principios de respeto a los DDHH, establecidos en los tratados que Chile ha ratificado. También que han continuado – después del 30 octubre, fecha en la cual el intendente Guevara se instituye en su cargo – las violaciones a los DDHH. Las brutalidades policiales han continuado y no se ha mostrado signos de respeto por parte de las autoridades de este derecho constitucional, que es un derecho fundamental”
“También el INDH comparte el criterio de la CIDH que señala que la estrategia de copamiento no ha cumplido con el fin de proteger los derechos de la gente, los resultados están a la vista y fundamentan esta acusación, y será materia de debate constitucional establecer las responsabilidades jurídicas del Intendente, que es lo que veremos en las próximas sesiones”, concluyó.
Para la próxima sesión se encuentra invitado el abogado constitucionalista Christian Viera, junto al diputado DC Gabriel Ascencio, como coordinador de la acusación constitucional.
