Tras conocerse el extraordinario sueldo que recibía mensualmente la ex ministra de Piñera, Marcela Cubillos, en calidad de docente de la Universidad San Sebastián, y las acusaciones constitucionales en curso, el presidente de su consejo, Andrés Chadwick, presentó su renuncia a la casa de estudios al igual como ocurrió semanas atrás con otros personeros del piñerismo -Felipe Ward y el ex fiscal Guerra- vinculados al caso de corrupción Audios-Hermosilla. Todos también militantes de Derecha.
Tal situación ha generado una serie de acciones fiscalizadoras por parte del Ministerio Público y de diputados del oficialismo quienes han solicitado a la Superintendencia de Educación Superior oficiar a la Universidad en cuestión por estos pagos.
La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, precisó que se requiere investigar los hechos de manera completa. En primer lugar, respecto al estándar de sueldo con el cual la USS ha remunerado a ex ministra de educación y actual candidata a alcaldesa, “sin cumplir una función directiva y por sobre lo que ganan académicos, rectores del Cruch y de universidades estatales”.
“Ocurre también que hay una ley que prohíbe el lucro en la educación”, precisó la senadora indicando que investigar el financiamiento “no es ir en contra de la libertad de trabajo”.
La parlamentaria llamó la atención respecto a los aportes indirectos que el Estado destina a las instituciones privadas de educación superior -que en el caso de la USS el 70% de sus alumnos financia su carrera con el Crédito con Aval del Estado (CAE)-, en cuanto es importante que se fortalezcan sus propias instituciones de carácter público.
“Es muy relevante que hagamos discusiones más complejas. Cuando se acaba el lucro y cuando se crea la gratuidad no se toca el CAE y finalmente lo que hacemos es un negocio para el banco y la universidad que recibe a estudiantes de distintos sectores socioeconómicos, pero a costa del endeudamiento tremendo”, señaló la senadora Pascual.
“Hay que poner el énfasis en temas que no se han resuelto totalmente en el país como el lucro y el endeudamiento en la educación, pero también llama la atención que en el caso de la USS, parece una universidad vinculada a un pensamiento político determinado y allí también hay que investigar”, agregó la parlamentaria PC.
Avanza ley tributaria
Claudia Pascual abordó la aprobación en el Congreso del proyecto Pacto por el Crecimiento Económico y que fue despachado a ley.
La senadora remarcó que la primera expectativa fue haber aprobado una reforma tributaria, pero no estuvo esa alternativa porque “ con el portazo de la derecha ni siquiera se abrió la posibilidad de votar la idea de legislar en el primer año de gobierno”.
El cuerpo legal comprende una ley de renta y otra normativa para el cumplimiento tributario. Con los US$4.500 millones -1,5% del PIB- que se podrían recaudar, alcanza para financiar la PGU (1,2% del PIB) e incrementar en un 40% los recursos para seguridad -comparados con los de 2022- si además se suman los aportes del royalty minero.
La senadora, quien puso indicaciones al proyecto, señaló que está en acuerdo con la recaudación -y que se requiere recaudar aún más-, “pero creo que la derecha generó un debate chantajeando y que se vincula a esta situación de cambiar la gobernanza en el SII”.
“Provocar un cambio con la excusa de recaudar y fiscalizar mejor evitando la evasión y elusión de los tributos, significa que hay todo un andamiaje que le dice a los grandes contribuyentes cómo puedes bajar impuestos y no de manera legal”, sostuvo Pascual.
Asimismo, manifestó sus inquietudes por la creación de un consejo tributario externo cuyos atributos podrían ser similares al ejercicio de una tutela. Más aún, señaló que no quedaron del todo resueltas las inhabilidades para ser consejera y consejero de dicho organismo.
Evasión y elusión
Si bien hay sectores políticos que dicen que los mecanismos para combatir la elusión y evasión ya estaban, la senadora indicó que aquellos se fortalecen con la ley actual que sanciona a quien emita documentos falsos con clara intención de defraudar y de cometer delitos. En ello se distinguen dos ilícitos: la emisión de documentos falsos y otro, que sería el uso de esos documentos para cometer delitos.
El proyecto contempla, entre otros puntos, flexibilizar el levantamiento del secreto bancario, fortalecer la Defensoría del Contribuyente, facilitar que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones tributarias y enfrentar la informalidad.
