En relación con el reciente lanzamiento del libro “Réquiem por el Estallido Social” cuyo autor es el excanciller Ignacio Walker, evento que contó con la presentación de Gonzalo Blumel ex Ministro del Interior del expresidente Piñera y de la actual Ministra del Interior Carolina Tohá, queremos hacer notar nuestra preocupación por los comentarios del Sr. Blumel en la línea de criminalizar la protesta social y justificar el uso indiscriminado de la fuerza contra manifestantes, calificando como un “error” haber puesto en duda el uso legítimo de la fuerza durante las masivas movilizaciones ocurridas durante el estallido social en Chile.
A propósito de esto, se debe tener en consideración que durante el periodo en que encabezó el Ministerio (2019) se presentaron más de 12 mil denuncias por violaciones a DDHH y según consta en informes del INDH, “sólo en el inicio de su periodo se registró un total de 1.915 personas heridas en hospitales, los traumatismos oculares ascendieron a 182, las heridas por perdigones a 579 y 40 personas figuraban heridas por balines. Los detenidos aumentaron a 5.565 y al menos 262 acciones judiciales, entre ellas, querellas, recursos de protección y amparos”. (Segovia, 2019)
Consideramos que estas afirmaciones emitidas por un ex personero del gobierno de Piñera contribuyen a generar un proceso de retraumatización que lamentablemente es de carácter permanente en los supervivientes, entre otras razones, pues existen diversas querellas sin resolver en que se investiga responsabilidad en las violaciones a DDHH durante ese periodo de gobierno, estando incluso algunos personeros y ex personeros en calidad de imputados.
Estas declaraciones además se suman a los intentos de determinados sectores políticos e instituciones orientados a negar la existencia, así como validez del proceso social correspondiente al Estallido Social, como también desconociendo el derecho a la manifestación pública, instalando también el negacionismo respecto de la ocurrencia de graves violaciones a DDHH, con la intención de que el Estado prescinda de su responsabilidad respecto a el reconocimiento, la justicia y la reparación, que constituyen deberes orientados a evitar la impunidad respecto al daño ocasionado a las víctimas, como también evitar la repetición de este tipo de graves crímenes, situación que adquiere mayor relevancia debido a que, en la historia reciente de nuestro país, aún mantienen temáticas en esta materia sin resolución, desde la dictadura civil-militar, incumpliendo compromisos adquiridos respecto a la investigación, sanción, reparación y no repetición de graves violaciones de los derechos humanos.
En la misma línea se aprecia una incongruencia discursiva de parte de actores políticos e instituciones en relación con los compromisos enunciados y las acciones concretas respecto a reparar a las víctimas de violaciones a DDHH en este período, como son las de trauma ocular, víctimas de perdigones, muerte por acción de agentes del Estado, presos políticos; que luego de ser perseguidos penalmente, fueron absueltos y otros sometidos a procesos viciados basados en montajes. Recordemos que a la fecha al menos 4 sobrevivientes de trauma ocular se han suicidado debido a la falta de reparación y el abandono por parte de lainstitucionalidad que generó el daño.
Reiteramos que cada vez que se niega o relativiza, tanto discursivamente como en la práctica, la existencia de violaciones a DDHH, se genera un impacto tanto en los supervivientes como en la sociedad completa, especialmente al pretender desconocer la obligación de los Estados respecto de reparar el daño causado por sus agentes. Esta obligación debe ser abordada de manera integral considerando medidas orientadas a la indemnización, satisfacción, restitución, rehabilitación de las víctimas en sus dimensiones individual, familiar, colectiva, material, moral y simbólica, además de generar condiciones que garanticen la no repetición.
Sin Verdad y Justicia, no puede haber Reparación.
Santiago, 24 de enero de 2024
Segovia M. (2019, Diciembre16). Las cifras negras de Blumel
