[Por Rubén Moraga Mamani. Diputado de la República] El reciente anuncio del gobierno de Sebastián Piñera, de recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional para evitar el tercer retiro de fondos previsionales, reaparece como nuevo atentado contra la soberanía popular representada en el Congreso Nacional y, especialmente, contra las aspiraciones de millones de chilenos y chilenas.
El Tribunal Constitucional, y su facultad de control preventivo de constitucionalidad, son los instrumentos que la derecha posee para resguardar los principios doctrinarios de la Constitución de 1980.
Esta institucionalización de la contravención a las decisiones legislativas, es el candado jurídico -diseñado por Jaime Guzmán-, para invalidar aquellas disposiciones del Poder Legislativo que vayan en sintonía con los deseos populares y contra el orden neoliberal.
El control preventivo de constitucionalidad fragiliza el ejercicio libre, soberano y autónomo del poder constituido para reformar la actual Carta Fundamental en un sentido contrario a la orientación neoliberal. A la vez, amenaza las futuras decisiones de funcionamiento de la Convención Constitucional, encargada de confeccionar la Nueva Constitución. Un verdadero cerrojo a las transformaciones que buscan mayor justicia económica e igualdad en el país.
Urge limitar el poder de un órgano absolutamente antidemocrático, carente de representación popular y que se basta de la voluntad de cinco personas designadas para soslayar la mayoritaria voluntad popular, y que cumple el rol de una tercera “cámara” de facto que actúa contrarrestando la voluntad popular. El poder legislativo debería poder ejercer su rol sin ningún tipo de tutelaje, más que el de los propios electores.
De continuar las cosas como están, el Tribunal Constitucional será una amenaza permanente a la autonomía del poder constituyente, que debiera expresarse libremente en la Convención Constitucional, pues, al depender el proceso de las normas fijadas en la actual Constitución, la entidad podría efectuar un control de constitucionalidad inoportuno e inconveniente para la aspiración mayoritaria de los chilenos y chilenas.
El gobierno continúa alegando que hay reformas y propuestas constitucionales del Poder Legislativo que son inconstitucionales, o sea, seguirá reconociendo ante todo Chile que por sobre el Poder Legislativo – que supuestamente expresa la voluntad soberana de la nación- existe un poder superior -real y fáctico-, que es el de una elite que cree que no se puede tocar ni un ápice de los principios del modelo neoliberal. Con ello, seguirá demostrando que en Chile la democracia es un acto simulado.
