Abogados vinculados al ámbito social y de los DD.HH. condenaron la conducta del gobierno en el episodio que terminó con un menor lanzado al lecho del rio Mapocho en medio de una manifestación social. Para los profesionales del Derecho, esta grave situación confirma que Sebastián Piñera pretende mantener la posición de privilegios de su sector mediante el uso irracional de la fuerza, valiéndose para ello del apoyo policial, militar y económico.
Así lo expresó el presidente de la Comisión Chilena de DD.HH. Carlos Margotta, agregando que lo ocurre en Carabineros no es un hecho aislado, sino que corresponde a una política permanente de represión que desoye las recomendaciones hechas por organismos humanitarios internacionales.
Carlos Margotta acusó a Sebastián Piñera de no cumplir su rol de garante civil del actuar de Carabineros, recordando el llamado a la impunidad hecho por el General Director de la institución Mario Rozas ,quien afirmó hace un tiempo que ningún funcionario sería dado de baja pese a estos actos criminales.
Por su parte, el abogado Daniel Stingo sostuvo que haber dado de baja al carabinero que atacó a este menor de edad, sólo porque el efectivo policial no portaba la cámara institucional y no por los delitos que se le imputan, demuestra el absurdo actuar del Gobierno y su rama de seguridad pública.
El abogado Stingo manifestó que Sebastián Piñera sigue demostrando que no tiene ningún pudor en su accionar, confirmando que su único interés en lograr terminar su periodo presidencial, aunque esto signifique aplicar una política de sangre y fuego en contra de sus compatriotas.
Daniel Stingo reflexionó respecto a la fragilidad de nuestra democracia, pues hoy no existen las herramientas legales para que las personas puedan resguardarse ante estos abusos, confirmándose la necesidad de cambiar la Constitución.
Los abogados Carlos Margotta y Daniel Stingo expresaron que las sanciones penales y políticas a Carabineros y las autoridades que conducen a esta institución, no son suficientes si no se reformula este cuerpo policial de manera efectiva. Además coincidieron que ante una eventual Convención Constituyente, esta debe redactar la nueva Constitución con apego irrestricto a los tratados y convenios de D.D.H.H internacionales, para evitar sucesos como los ocurridos desde el 18 de octubre del año pasado en adelante.
