La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) manifestaron su total rechazo a las peticiones de indultos para violadores de Derechos Humanos, las cuales han sido presionadas por la derecha que ha buscado como fecha simbólica para su otrogamiento el 18 de octubre, día en que comenzó el estallido social de 2019.
El único propósito de esta solicitud es garantizar la impunidad de los criminales de la dictadura civil-militar, señala la AFEP en su declaración: “El indulto es un mecanismo de extinción de la responsabilidad penal. No cabe duda de que se trata de un medio destinado a eludir el cumplimiento de la pena impuesta mediante una sentencia judicial firme. Dicha condena es el resultado de un procedimiento formalmente concluido, cuyos efectos de cosa juzgada imponen la obligación ineludible de ejecutar la pena”.
Señalando que la impunidad constituye un severo agravio a las víctimas de los crímenes cometidos por agentes del Estado, indican que atenta de forma directa contra el derecho a la Justicia de las y los familiares de ejecutadas y ejecutados políticos, detenidas y detenidos desaparecidos y víctimas de tortura.
“La garantía de no repetición es un principio fundamental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que se sustenta en la debida sanción de los crímenes de lesa humanidad. El indulto lesiona este principio al permitir que los condenados por esta clase de delitos burlen el cumplimiento de sus penas. Es obligación imperativa de los Estados juzgar a los responsables y, luego de establecer judicialmente su culpabilidad, sancionarlos con penas proporcionales a la gravedad de los hechos”.
“Hay 1400 familias, 1440 persona que aún buscan a sus detenidos, detenitadas y ejecutados sin entrega de restos”, resaltó La ex presidenta de la AFEP y Premio Nacional de Derechos Humanos, Alicia Lira: “Estamos hablando de 1092 hombres y mujeres que estos criminales no han entregado información, por lo menos, decir dónde se encuentran para que puedan descansar y las víctimas tengan una sepultura digna como corresponde”.
En esa línea, la declaración puntualiza que el derecho de las víctimas a la Justicia, “en toda su extensión, no puede ser ignorado ni vulnerado mediante el indulto ni a través de ninguna otra forma de impunidad”.
Las víctimas deben ser tratadas con dignidad y con el debido respeto a sus derechos esenciales. En este sentido, la concesión de un indulto representa un nuevo trauma y una revictimización, con la consecuente carga psicológica y emocional asociada a un doloroso y prolongado estrés postraumático”. se afirma.
Precisando que el ejercicio del indulto como facultad del presidente de la República tiene como límite infranqueable el respeto a los derechos esenciales, señalan, los cuales emanan de la naturaleza humana, acorde al deber deber fundamental de “promover y garantizar dichos derechos, consagrados tanto en la Constitución Política de la República como en los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes en el país”.
