El Servicio Agrícola Ganadero (SAG), está impulsando un cambio en la normativa de la comercialización de semillas, que ha generado un profundo rechazo desde organizaciones campesinas y agrícolas, así como también de académicos.
El proyecto obliga a quienes “comercialicen” semillas a inscribirse en un listado, informando las especies, las variedades, lo que genera que cada especie inscrita tendrá propiedad de uno o algunos actores involucrados. Además, cada variedad deberá estar sujeta a la Lista de Variedades Oficialmente Descritas se exige, además, una descripción en formato UPOV o en otro validado por el SAG.
Desde la Confederación Nacional Ranquil, que agrupa sindicatos y federaciones de campesinos en todo el país y la organización Semilla Soberana que agrupa diversas organizaciones y personas, rechazaron tajantemente esta medida y señalan que optan derechamente por no participar en la consulta ciudadana, que busca “legitimar” la norma según detallan desde las agrupaciones.
Osvaldo Zuñiga, presidente de la Ranquil comentó, “Chile se adhirió en el gobierno de Ricardo Lagos al UPOV 91, lo que el UPOV genera es la posibilidad de la patentación, de la privatización de las semillas, entonces nosotros nos causa preocupación”.
“Si yo uso una semilla y esta semilla está patentada tiene propiedad intelectual de una empresa, generalmente transnacionales, pueden demandar al campesino por el uso de esa semilla”, asegura Zuñiga.
El presidente de la Confederación Ranquil, ejemplifica con dos casos esta situación, un caso de México, y otro de Chile en Linares, en donde ya se obligó a un agricultor a destruir su plantación por usar semillas patentadas. “Nos vamos a exponer, uno dice no si no nos va a pasar, pero el asunto es que alguna empresa puede que su lucro no sea producir, solo las demandas”, concluyó el dirigente agrario.
En tanto, Danae Castañon, miembro de Semilla Soberana, que agrupa a las organizaciones; Soy Tierra, Semillas Aliwen, Fundación Caléndula y el Centro psicopedagógico Aucca entre otras, declaró, “nosotros estamos en contra, la norma ya está construida sin importar lo que las personas envíen, porque la consulta no es vinculante”.
Castañon asegura que les solicitaron vía transparencia al SAG el alcance de la consulta, y el mismo organismo respondió que no era vinculante. Además, denuncia que hay una organización que está llamando a inundar las redes para participar en la consulta ciudadana, sin embargo, desde Semilla Soberana creen que la participación de las organizaciones sociales solamente “legítima” la norma y no producirá cambios en la política gubernamental.
La integrante de Semilla Soberana sostiene que, “ya tenemos experiencias con ciertas consultas públicas y sabemos que no necesariamente va a ser válido el proceso”, en ese sentido recordó la consulta pública respecto a la ampliación del puerto de Valparaíso, en la que más de 2 mil personas dijeron no estar de acuerdo, no obstante, eso no influyó en la decisión final.
Aly Valderrama, ex delegada presidencial de Linares, ingeniera agrónoma y doctora en ciencias con mención en investigación y desarrollo de productos bioactivos de la Universidad de Talca; posdoctorada de la Universidad Autónoma de México, advirtió los riesgos que tendría la instalación de esta política pública: “se estaría poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Tendríamos un mayor costo de producción y por ende un mayor costo transferido de quienes la van a cultivar”.
Aly Valderrama detalla que, “la nueva norma no considera un aspecto que tiene que ver con el efecto a largo plazo que se puede generar en nuestro país, producto del cultivo de especies genéticamente modificadas”, la agrónoma también advierte que, “no existe una herramienta de protección desde el punto de vista biologico para poder blindar a estas especies que se producen en condiciones de campo y que no se ingrese genomas de especies modificadas en las especies nacionales”.
Desde el SAG, emitieron una declaración pública en dónde, reconocen que el proyecto se podría prestar para diferentes interpretaciones y que podría afectar incluso a semillas que no se “comercialicen”.
María Elena Rozas, de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina, cuestionaba al ministerio de agricultura en un artículo publicado recientemente en Interferencia. En él señala un antecedente preocupante para las organizaciones campesinas: “Un estudio publicado por ODEPA en marzo de 2026 reconoce que el ordenamiento jurídico chileno no contempla de manera explícita los sistemas de semillas tradicionales. También advierte que la normativa vigente se aplica a cualquier tipo de semilla, incluidas las tradicionales, pese a que estas no pueden cumplir todos los requisitos de genuidad, pureza, germinación, envasado y etiquetado. El mismo documento señala que el trueque y el intercambio pueden ser considerados formas de transferencia sujetas a las reglas sobre comercialización.
