Fundación Wazú advierte que, al ritmo actual, el país podría tardar hasta 28 años en garantizar el derecho al trabajo para personas en situación de discapacidad.
En el marco del Día Internacional del Trabajo, Fundación Wazú lanzó una alerta sobre el crítico nivel de incumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral en Chile, evidenciando una brecha estructural que sigue dejando fuera del mercado laboral a miles de Personas en Situación de Discapacidad (PeSD).
Según el último informe del Ministerio de Desarrollo Social (agosto 2025), solo el 23,9% de las empresas privadas y el 24,8% del sector público cumplen con la cuota exigida por la Ley N°21.015. En términos simples: 3 de cada 4 empresas en Chile aún no alcanza el estándar mínimo de inclusión laboral.
A esto se suma otro dato crítico: de acuerdo al Ministerio del Trabajo (abril 2026), solo el 40% de las personas con discapacidad en edad laboral tiene empleo, y apenas el 18% de los contratos corresponde a nuevos puestos de trabajo creados bajo la ley, mientras que la gran mayoría responde a regularización de empleos ya existentes.
“El derecho al trabajo hoy no está garantizado para las personas en situación de discapacidad en Chile: está condicionado. Depende más de la voluntad de las empresas que de la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley”, afirmó Peter Loch, director de Fundación Wazú.
Desde la organización advierten que el problema no radica en el diseño de la ley, sino en su implementación. Con los niveles actuales de cumplimiento, estiman que Chile podría tardar hasta 28 años en alcanzar la plena aplicación de la normativa, lo que equivale a dejar a una generación completa esperando un derecho básico.
“El Estado tiene herramientas concretas para fiscalizar —como el cruce de datos entre AFC, Dirección del Trabajo, mutualidades y Servicio de Impuestos Internos—. No es un problema técnico”, agregó Loch.
Fundación Wazú proyecta que la falta de fiscalización efectiva implica no solo una vulneración de derechos, sino también una pérdida económica significativa. Las estimaciones de la organización indican que las multas por incumplimiento podrían alcanzar los $181.460 millones de pesos, recursos que hoy no están siendo recuperados ni reinvertidos.
En paralelo, la exclusión laboral tiene efectos concretos: Las personas en situación de discapacidad perciben en promedio un 20% menos de ingresos, enfrentan mayores costos de vida. La pobreza multidimensional en este grupo alcanza un 27,4%, según datos CASEN
“La exclusión no es solo injusta, es ineficiente. Países en desarrollo pierden entre 3 y 7 puntos del PIB por no integrar plenamente a las personas con discapacidad. Este no es un tema sectorial, es un problema país”, enfatizó Loch.
En este Día del Trabajador, Fundación Wazú hace un llamado directo al Estado implementar un sistema de fiscalización efectivo, aplicar sanciones proporcionales que realmente modifiquen conductas, reinvertir los recursos en accesibilidad y ayudas técnicas
Porque, según señalan desde la organización, la discusión no es si el derecho al trabajo existe. La discusión es si Chile está dispuesto a hacerlo cumplir.
