Académica advierte que centrarse solo en sanciones no resuelve la violencia en escuelas y plantea la urgencia de fortalecer enfoques formativos que promuevan el diálogo, la confianza y la convivencia democrática.
La creciente preocupación por la violencia en establecimientos educacionales ha impulsado propuestas centradas en el control y el castigo. Sin embargo, la evidencia y la investigación en convivencia escolar sugieren que este enfoque, aunque necesario en casos graves, resulta insuficiente para abordar un fenómeno complejo y de múltiples causas.
Así lo plantea la antropóloga social y académica de la Universidad de O’Higgins (UOH), Manuela Mendoza, quien enfatiza la necesidad de distinguir entre conflicto y violencia, dos conceptos que suelen confundirse en el debate público.
Mientras la violencia implica daño físico o psicológico y requiere sanciones proporcionales a su gravedad, el conflicto —explica— es una condición inherente a la vida social.
“Siempre que existan dos o más personas, habrá diferencias o incluso oposición de intereses, opiniones o visiones. Eso es el conflicto, y no es negativo en sí mismo”, sostiene. El desafío, entonces, no es eliminarlo, sino gestionarlo de manera constructiva para evitar que escale hacia situaciones violentas.
En esa línea, la académica advierte que las políticas basadas exclusivamente en la lógica punitiva —como la instalación de detectores de metales o el aumento de sanciones— no han demostrado ser eficaces en la disminución de la violencia escolar. Por el contrario, pueden generar ambientes de desconfianza que afectan las relaciones entre estudiantes y docentes, debilitando el rol formativo de la escuela.
“La evidencia internacional muestra que las medidas de tolerancia cero no logran los efectos deseados. Si solo reaccionamos con castigos, no abordamos las causas profundas del problema”, señala.
Frente a este escenario, Mendoza propone avanzar hacia estrategias preventivas que prioricen la formación en convivencia democrática. Esto implica generar espacios donde el estudiantado pueda expresar sus diferencias, dialogar y participar activamente en la vida escolar.
El enfoque formativo, explica, se basa en principios de inclusión, equidad y participación, y busca fortalecer relaciones de respeto mutuo y buen trato. En este contexto, la escuela no debe aspirar a eliminar los conflictos, sino a transformarlos en oportunidades de aprendizaje.
No obstante, la implementación de este tipo de estrategias enfrenta importantes desafíos. Entre ellos, la falta de tiempo, recursos y capacitación para que los equipos educativos puedan planificar y sostener acciones preventivas. Esto, en la práctica, empuja a muchos establecimientos a privilegiar respuestas reactivas frente a situaciones urgentes.
Para la académica, es fundamental que las políticas públicas no solo establezcan la importancia de la convivencia escolar, sino que también aseguren las condiciones necesarias para su desarrollo. “No basta con exigir enfoques formativos si no se entregan herramientas concretas para implementarlos”, advierte.
Finalmente, Mendoza plantea una reflexión de fondo: el tipo de escuela que se quiere construir. “Debemos preguntarnos si queremos espacios educativos basados en la vigilancia y la desconfianza, o comunidades de aprendizaje donde prime el respeto y la confianza”, afirma.
