Tras la salida de la ahora ex vocera del máximo Tribunal del país, desde los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial señalaron que representa un pequeño paso hacia la recuperación de la confianza ciudadana” sin embargo advirtieron que queda pendiente “reformular la integración y funcionamiento de un poder fundamental del Estado”.
Finalmente el pleno de la Corte Suprema de forma unánime determinó la salida de la suspendida ministra Ángela Vivanco, tras la apertura de un cuaderno de remoción en su contra por una serie de hechos que la vincularían, por ejemplo, a la injerencia en el nombramiento del Fiscal Nacional, pero principalmente por su intervención en nombramiento de ministros y ministras de cortes e integración de salas en coordinación con el abogado Luis Hermosilla, imputado por el caso Audios.
Consumada la resolución informada por el propio presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj), entidad que aglutina a las y los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial, valoraron la medida, pero consideraron que es recién un primer paso hacia una camino más largo como es una reforma sustancial al Poder Judicial, y en especial de sus Tribunales.
Así lo expresó su presidente, Marcelo Inostroza quien señaló que la salida de Vivanco constituye “un avance para que la Administración de Justicia esté exenta de todo tipo de presiones, lobbies o irregularidades como la que hemos visto en esta situación”, afirmó el dirigente.
Sin embargo el abogado y representante gremial advirtió que si bien es un paso interesante “aún falta aún mucho por hacer”, añadiendo “que la transparencia, el profesionalismo y la independencia de este Poder del Estado debe ser defendido en todos sus ámbitos”, insistiendo además en la necesidad de “reformular el sistema de conformación de los Tribunales del territorio”, comentó.
Consignar que explicando los fundamentos de la resolución, el presidente de la Suprema, Ricardo Blanco explicó, que Vivanco comprometió “gravemente, con su mal comportamiento, los cimientos del Estado de derecho”, añadiendo que “no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones al afectar los principios de independencia, imparcialidad, probidad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura”, sentenció.
