En la zona de sacrificio de la Quinta Región, los episodios de contaminación han continuado y las instituciones fiscalizadoras no han respondido de manera oportuna.
Si bien el miércoles 3 de octubre, el Ministerio del Medio Ambiente presentó una serie de normas secundarias de calidad ambiental para la zona de Quintero Puchuncaví, a más de un año del cierre definitivo de la División Ventanas de Codelco, estas medidas anunciadas por la cartera cumplen con una exigencia hecha por la Corte Suprema en el año 2019.
Por otra parte, el anuncio se dio a conocer tres días después de terminada una alerta ambiental en la zona que se extendió durante dos meses por nuevos casos de intoxicación que afectaron a 45 niños en el mes de agosto.
En este episodio, las emanaciones contaminantes provinieron de la planta de Enap, situación que se habría reiterado incluso desde el mes de mayo, acusaron vecinos del sector.
La espera inexplicable
En ese marco, un llamado de atención también hizo el abogado Miguel Fredes representante en la causa de más de 1000 residentes de la zona, y quien interpuso en el año 2022 cuatro querellas criminales agrupadas al RIT 1291-2018 .
Fredes solicitó en ese año a la fiscal Ana María Aldana Saavedra tomar declaración indagatoria a ejecutivos claves de la multinacional AES ANDES, empresa transnacional, otrora Aes Gener, que ha llevado operaciones para la generación de electricidad en el país principalmente en base al uso de carbón.
Son centenares los varamientos de residuos de ese material que se le imputan en Quintero, así como la controvertida negociación -llamada acuerdo mordaza- que la firma buscó entablar ese mismo año con pescadores de la zona para impedir una denuncia por daño ambiental.
Entre los ejecutivos claves de la multinacional AES ANDES de ese momento se encontraba: Ricardo Manuel Falú, ex gerente General, Juan Ignacio Rubiolo, Presidente; Bernard Da Santos, Director; Radovan Razmilic Tomicic, Director; Gonzalo Parot Palma, Director; Daniel Fernández Koprich, Director; Arminio Borjas, Director y Madelka McCalla, Directora.
“La mayoría de los ejecutivos de AES Andes han abandonado el país y han dejado todo tipo de responsabilidades y funciones de sus cargos en Chile”, indicó el abogado, a propósito de la entrada en vigencia de la ley N°21.595 sobre Delitos Económicos y ambientales que comenzó a regir este año.
Fredes señaló que tras 2 años de llevar los recursos legales y de reiteradas evasivas, la Unidad de Alta Complejidad del Ministerio Público, le dio cita telemática el lunes 23 de septiembre de 2024, pero no con la fiscal a cargo sino con su asistente, Lorena Nuñez Oviedo, dado que la funcionaria se encontraba con licencia médica.
Fredes también precisa que la abogada en reemplazo reconoció tener muy poco tiempo en la causa y confirmó que hay pericias del año 2018 que aún están pendientes, como ocurre con la ordenada a la Comisión Chilena de Energía Nuclear que además suma 60 días de plazo. “Un nuevo retraso inexplicable para las víctimas”, subrayó el abogado.
“También existen otras diligencias sin cumplirse”, señaló Fredes como la cita a prestar declaración a los Fiscalizadores de la Región de Valparaíso de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y la actualización del ISA (Investigación Sumaria Administrativa) a la Armada de Chile y Gobernación Marítima de Quintero, en contra de Puerto Ventanas y Aes Andes.
Allí, se pide especificar “los antecedentes sobre eventos de varamientos de carbón indicando y remitiendo acuerdo de cooperación y limpieza entre AES ANDES y Puerto Ventana S.A. entre el año 2019 hasta hoy”. Además se solicita el historial de naves atracadas en Puerto Ventanas, indicando nombre, matrícula, bandera, armador, fecha de eventos, etc.
Asimismo, indicó que no se ha avanzado en oficiar al Ministerio de Bienes Nacionales para remitir sobre el contrato de arriendo que ha suscrito el Estado de Chile con la empresa PUERTO VENTANAS S.A.
