Un total de 86 de las 188 asignaciones presupuestarias destinadas directamente a niños, niñas y adolescentes registró reducciones durante el primer semestre de 2026, equivalente al 45,7% del total analizado, según un nuevo informe elaborado por la Defensoría de la Niñez y UNICEF Chile.
El Informe de Política Pública N°7 comparó los recursos establecidos en la Ley de Presupuestos 2026 con los montos vigentes a junio de este año. Del total de asignaciones revisadas, 90 no presentaron variaciones y solo 12 aumentaron sus recursos. Además, 54 asignaciones registraron disminuciones superiores al 3%.
El análisis se desarrolla en el marco del ajuste fiscal implementado durante 2026, que contempló una reducción transversal de 3% del presupuesto vigente de los organismos de la Administración del Estado.
Si bien el monto total de las asignaciones analizadas disminuyó 0,1%, equivalente a $12.438 millones, el informe advierte que esta cifra está influida por un aumento de $71.216 millones destinado a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Al excluir este incremento, el resto de los programas e instituciones considerados presenta una disminución de $83.654 millones, equivalente a 0,8% respecto de los recursos aprobados inicialmente.
Las disminuciones identificadas abarcan distintas áreas relacionadas con los derechos y el bienestar de niños, niñas y adolescentes, entre ellas primera infancia, protección especializada, bienestar socioemocional, salud escolar, apoyo pedagógico e infraestructura educativa.
Entre los casos mencionados por el informe se encuentra la asignación de Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia, vinculada al sistema de protección especializada, que presentó una reducción de 28%.
En educación, en tanto, las principales disminuciones sectoriales se concentran en infraestructura pública. Dos de las principales líneas de mejoramiento registraron reducciones de $14.600 millones (-28,1%) y $14.048 millones (-20,5%), respectivamente.
El documento advierte, sin embargo, que la información presupuestaria disponible no permite determinar por sí sola cuáles serán los efectos concretos de estas modificaciones sobre la cobertura o calidad de las prestaciones. Para ello, señala, se requiere contar con antecedentes sobre el número de personas atendidas, las prestaciones entregadas, las metas comprometidas y el nivel de oportunidad y calidad con que estas se cumplen.
Asimismo, plantea que no existe información suficiente y homogénea para establecer, en cada caso, los fundamentos de las reducciones, sus impactos previstos y las medidas adoptadas para garantizar la continuidad de las prestaciones. El informe señala que algunas modificaciones pueden responder a razones de ejecución, eficiencia o reasignación, pero enfatiza la necesidad de que estas decisiones cuenten con una justificación técnica clara y permitan evaluar sus consecuencias.
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostuvo que las restricciones fiscales no debieran significar una pérdida de prioridad para niños, niñas y adolescentes.
“Frente a situaciones de emergencia o contingencias económicas, los niños, niñas y adolescentes deben ser priorizados adecuadamente. Esto no significa desatender la efectividad y eficiencia en el gasto, sino asegurar que cualquier ajuste —siempre que sea necesario y esté justificado— permita mejorar la calidad de los servicios públicos y reinvertir en áreas prioritarias, sin reducir el gasto e inversión global en la materia”, señaló.
Desde UNICEF Chile, su representante, Violet Speek Warnery, destacó la importancia de mantener la inversión en infancia en un contexto de restricciones fiscales y cambios demográficos.
“Que nazcan menos niños y niñas no disminuye la necesidad de invertir en ellos; por el contrario, aumenta la importancia de asegurar que cada uno tenga acceso a educación, protección, salud mental y oportunidades de calidad para desarrollar todo su potencial”, afirmó.
De cara a la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, la Defensoría de la Niñez y UNICEF Chile plantean la necesidad de resguardar la prioridad presupuestaria de niños, niñas y adolescentes, fortalecer el seguimiento de la inversión y asegurar que las reducciones de recursos estén debidamente justificadas.
El informe recomienda prestar especial atención a programas preventivos y de apoyo temprano, particularmente aquellos relacionados con primera infancia, protección integral, bienestar socioemocional, salud escolar, apoyo pedagógico e infraestructura educativa.
El documento también aborda el descenso de la población infantil y sus efectos sobre las políticas públicas. Si bien una menor cantidad de niños y niñas puede modificar determinadas necesidades de cobertura, las instituciones sostienen que esto no reduce las obligaciones del Estado en materia de garantía de derechos. Por el contrario, plantean que puede constituir una oportunidad para aumentar la inversión por niño, mejorar la calidad de los servicios y reducir brechas persistentes.
El Informe de Política Pública N°7 está disponible en el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez.
