·La investigadora Manuela Mendoza Horvitz analiza los beneficios que podría traer a las relaciones de la sociedad en general, esta legislación que ha sido cuestionada, principalmente, por padres y apoderados.
Bautizada –despectivamente- como el “Sistema de la Tómbola”, la Ley de Inclusión Escolar (N° 20.845, 2015) prohíbe el lucro, elimina el financiamiento compartido y prohíbe la selección en la admisión a establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. Y aunque su título declare buenos propósitos, lo que más ha quedado en el ambiente son las observaciones que tienen padres y apoderados al sistema de postulación a las escuelas y liceos públicos y particulares subvencionados, que no acaba de dejarlos contentos.
La investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de O’Higgins (UOH), Manuela Mendoza, estudió -desde la literatura existente y con observación en establecimientos que ya tenían cierta diversidad socioeconómica, desde antes de la aplicación de la Ley de Inclusión- las cualidades que tiene la normativa y las mejoras que se podrían realizar a esta legislación.
“Mis hallazgos permiten dar pistas sobre las potencialidades y las dificultades que una ley como esta puede tener. La selección escolar, es decir, que los establecimientos puedan seleccionar mediante pruebas, entrevistas, solicitudes de documentos, a sus estudiantes, refuerza la segregación del sistema educativo, de manera que los estudiantes más aventajados, socioeconómicamente, tienden a asistir a las mismas escuelas, que suelen ser privadas, mientras que hay una sobre-representación de estudiantes desaventajados, socioeconómicamente, en las escuelas públicas, y eso tiene una serie de consecuencias negativas en términos académicos y de justicia social”, explica la académica UOH.
Agrega que el nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE), que genera la Ley de Inclusión, busca hacer frente a este problema mediante la creación de un sistema centralizado de postulación en línea con asignación aleatoria que considera las vacantes disponibles, las preferencias de las familias y cuatro criterios de prioridad (hermanas/os en el establecimiento, 15% de estudiantes prioritarios, hijos/as de funcionarios/as y exalumnos/as).
Efectos positivos
La Dra. Manuela Mendoza sostiene que la mezcla social en las escuelas “puede traer efectos positivos para el rendimiento académico de los estudiantes, sobre todo de los estudiantes más desaventajados, sin afectar el rendimiento de los estudiantes más aventajados”. Y un dato que destaca es que “la segregación puede generar efectos negativos para la cohesión social y el desarrollo de actitudes democráticas; por ello, es positivo aprender a convivir con otros, ser tolerante, empático, comprender que hay personas que viven en situaciones más difíciles que otras y, de esta manera, promover actitudes más acordes con la justicia social y la equidad”.
La investigadora señala que el análisis realizado permite mostrar que “el encontrarse con personas de distinta proveniencia social pueden tener beneficios para los estudiantes más desaventajados. Se generan amistades, invitaciones a cumpleaños, acceso a lugares de vacaciones a los que no se podría acceder de otra forma y, en un futuro, puede implicar oportunidades laborales y referencias, entre otros”.
Agrega que el encuentro entre personas de distinta proveniencia social -en el espacio escolar- puede ser beneficioso también para los estudiantes más privilegiados. “Para poder, por ejemplo, cuestionar su privilegio, comprender que son favorecidos, no dar por supuesto el bienestar material, tener una perspectiva más crítica sobre la estructura social, y entender las desigualdades que existen. Y en un futuro, tener una perspectiva más crítica de esas desigualdades y también desarrollar acciones que me permitan cuestionarlas de manera práctica”.
¿A qué poner atención?
Otro punto que expone la Dra. Mendoza es que la reducción de la segregación por sí sola no garantiza los beneficios antes mencionados. “Incluso en escuelas socialmente diversas podrían surgir dinámicas que pueden ser contraproducentes y que tienen que ver con -por ejemplo- una mayor valorización de los estudiantes más privilegiados versus los modos de ser de los estudiantes más pobres. Se espera que estos últimos cambien sus formas de ser, en hábitos que se consideran inapropiados como formas de vestir o formas de hablar, y eso, puede ser complejo, en tanto, las dinámicas que se favorezcan en la escuela no necesariamente sean de reconocimiento y de valoración mutua”.
Precisa que deberían promoverse ambientes y prácticas educacionales donde prime el reconocimiento simétrico. “Para que, así como yo aprendo de usted, usted aprende de mí, desde la posición que cada uno tiene, abriendo una especie de tercer espacio de ajuste entre ambos. Si alguien dice ‘aiga’ en vez de ‘haya’, eso se puede corregir, pero hay cierta violencia en querer corregir la identidad del otro, sobre todo cuando es alguien que ocupa una posición marginalizada en la sociedad, para convertirlo en otra persona, en alguien que -por ejemplo- quiera y piense las mismas cosas que sus pares más privilegiados”, detalla la investigadora UOH.
Las preguntas que surgen
Manuela Mendoza sostiene que esta ley es necesaria. “Es muy necesario reducir la segregación del sistema educacional. Es muy necesario promover que haya más diversidad social dentro de las escuelas en términos de la composición de estudiantes, pero, al mismo tiempo, esto es insuficiente por sí solo”.
Especifica que es importante que pensemos la inclusión no solo como la eliminación de barreras de acceso a los establecimientos, que es lo que hace la Ley de Inclusión, también como promoción de dinámicas y prácticas inclusivas, dentro de las escuelas, de manera que estudiantes -de uno y otro perfil social- puedan enriquecerse mutuamente, aprender entre sí.
“Hay evidencia, literatura muy interesante, sobre estrategias pedagógicas para fortalecer ese tipo de interacciones, como lo es la literatura en torno a la enseñanza deliberativa que promueve instancias de diálogo entre los estudiantes y donde se concibe que puedan emerger diferencias y conflictos. Lo importante es que se tengan las habilidades para manejar esas situaciones de manera de generar negociación, comprensión mutua”.
Expone que se trata de un desafío para el sistema escolar, porque es más complejo para las y los docentes tener diversidad social en la sala de clases. “Entonces los apoyos que se requieren para implementar esta Ley también deben ir en esa línea: apoyar a los docentes, a los equipos de gestión escolar e integrar a toda la comunidad educativa, incluidos padres/madres y apoderados/as para que puedan, efectivamente, manejar la diversidad de manera que los estudiantes puedan aprender entre sí, los unos de los otros”.
La Dra. Mendoza concluye que la Ley de Inclusión es necesaria para reducir la segregación escolar, pero tiene aspectos -de su implementación y de cómo fue formulada- que se podrían mejorar. “Algo importante es que la Ley no regula a los establecimientos escolares particulares pagados, entonces, deja fuera a las clases sociales más altas del país, quienes siguen juntándose entre ellas/os. Al final es la élite diciéndole al resto, ´ustedes tienen que mezclarse, pero nosotros no´. Y eso es muy problemático para la cohesión social, porque las clases altas quedan en la práctica casi sin espacios para encontrarse como iguales con personas de otra clase social”.
Añade que esto restringe sus posibilidades no solo para tomar conciencia de lo extensas que son las desigualdades sociales en nuestro país, “sino también para empatizar con las vidas de personas menos privilegiadas y para desarrollar actitudes más igualitarias que, por ejemplo, cuestionen la concentración de los ingresos en una minoría. Esto, sin duda, es clave si pensamos que son estudiantes que, probablemente, en un futuro van a ocupar posiciones de poder”.
