Nulo avance en decisiones trascendentales para la implementación del Acuerdo de Escazú, limitación extrema de participación de la asociación y trabajadores en las decisiones de carácter técnico, y falta de dotación de profesionales y recursos materiales, es parte de lo que denunciaron este martes, tras dos meses de nula respuesta de la autoridad del servicio ambiental.
Fue compromiso de campaña, y el primer tratado internacional y proyecto de ley en temas medioambientales del presidente Gabriel Boric en obtener luz verde en mayo de 2022, sin embargo, a casi dos años de este hito histórico, el Acuerdo de Escazú “hace agua”, ante las dificultades técnicas y materiales que ha sufrido su implementación, en el marco del “primer gobierno ecologista del país” como lo tildó en su momento la ministra Maisa Rojas.
Así lo denunciaron este martes la Asociación de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental, ANFUSEA, entidad que tras casi dos meses de silencio, precedidos de múltiples reuniones en donde se ha intentado sin éxito interceder ante la autoridad nacional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Valentina Durán Medina, formalizaron la entrega de una carta con sus peticiones a la ministra de Medio Ambiente, el Servicio Civil, y la Comisión de Medio Ambiente del Congreso.
“Quedan muchas demandas del petitorio entregado a la autoridad en enero pasado y que ya han hecho merma en las capacidades de los funcionarios de las distintas regiones del país, ya sea por la falta de dotación, y el aumento de actividades producto de la implementación del Acuerdo de Escazú; así como también por la falta de recursos materiales y de vehículos institucionales para realizar las actividades propias del servicio”, expresó Jorge Rivera de ANFUSEA Tarapacá.
Gestión deficiente y falta de avances en los compromisos y problemáticas del servicio, es parte de lo que detalla esta carta dirigida a su directora ejecutiva, en medio de la creciente preocupación por el futuro ambiental del país producto del cambio climático y sus efectos devastadoras, con eventos climáticos extremos como los recientes incendios en la región de Valparaíso.
La falta de diálogo y transparencia por parte de la dirección también ha sido objeto de críticas. Los funcionarios sostienen que las decisiones clave se toman de manera unilateral, sin consulta ni consideración por las opiniones de aquellos que están en primera línea, enfrentando día a día los desafíos ambientales del país: “Como ejemplo, este servicio contaba por años con reuniones telemáticas quincenales donde todo el país participaba. Era una oportunidad para compartir la experiencia entre las regiones y realizar análisis sobre las materias técnicas que se exponía. Pero a mediados del año 2023 esta oportunidad se perdió drásticamente y desde entonces ya no se puede hablar ni hacer preguntas por ninguna vía”, declara Tamara Troncoso, dirigenta de ANFUSEA Atacama.
“No olvidemos la censura o el veto del uso de los micrófonos en las vídeo-reuniones e inclusive el pedir la palabra en las pocas instancias de diálogo a nivel nacional que tenemos dentro de la institución. Lo cual nos ha reducido a ser meros espectadores y una especie de autómatas sin capacidad de opinión, totalmente lo contrario a lo que se espera de un profesional del área de la evaluación”, añade Jorge Rivera.
A la preocupante falta de recursos en la Institución, que no permitiría el adecuado desempeño de las funciones del Servicio, la asociación gremial además denuncia deficiencias de carácter administrativo, como el haber suscrito un contrato de arriendo del piso N°21 de calle Miraflores N° 222, de la ciudad de Santiago “inobservando la ley vigente que exige que tanto las promesas, como los arriendos de bienes inmuebles sean previamente autorizados por la Dirección de Presupuesto”, expresado por la misma DIPRES; inobservancia del Estatuto administrativo en lo que se refiere a las subrogancias en la Dirección Ejecutiva y Direcciones Regionales; total mutismo ante solicitud de modificación del instructivo de aplicación del artículo 86 del Reglamento del SEIA (Reunión con grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas); y nula participación tanto del funcionariado como la Asociación en el Proyecto de Ley de Reforma a la Ley N°19.300, ingresado recientemente al Senado. “Queremos externalizar una renovación y excelencia a los usuarios, sin embargo, de forma interna en los equipos de trabajo se vive y normaliza un retroceso institucional”, advierte Jenny Frías de ANFUSEA Antofagasta.
“A casi dos años de su gestión como directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán no ha estado a la altura de las expectativas que el funcionariado tenía en principio, más bien lo contrario con el aumento del descontento y la desazón con esta administración que ha implicado numerosas renuncias”, subraya la presidenta de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del SEA Bárbara Iturriaga. “El bienestar, la participación funcionaria, el cumplimiento de la normativa vigente, las buenas prácticas, el diálogo, el respeto de los derechos laborales y el crecimiento del funcionariado en la institución, se construye necesariamente escuchando a trabajadoras, trabajadores y sus representantes, que somos quienes llevamos el compromiso fidedigno con la importante función pública que desarrollamos para el país. Por lo que instamos – ya con urgencia- la participación de la Ministra Maisa Rojas y sus buenos oficios para destrabar lo que nunca debió haberse convertido en conflicto”, puntualizó presidenta nacional.
