A casi 5 años de la revuelta de 2019, aún la sociedad chilena no mantiene un consenso claro respecto a las cifras de violaciones a los Derechos Humanos durante la represión ejercida por el gobierno de Piñera y las fuerzas del orden. Amnistía Internacional mantiene su propio recuento, el Poder Judicial mantiene otro, las Coordinadoras de Víctimas y otras agrupaciones, también mantienen el suyo, ninguno concuerda. Sin embargo, es posible evidenciar, inclusive tomando las cifras oficiales, que existieron graves violaciones a los Derechos Humanos, entre las cuales destacan, la muerte, la mutilación, las torturas y los abusos sexuales.
Alrededor del 0,8% de los casos denunciados han obtenido justicia, la cual además, muchas veces deja un sabor amargo de impunidad, la semana pasada, por ejemplo, se anunció que el militar condenado por el asesinato de Romario Veloz, dejara el recinto penitenciario Colina 1 para pasar a un batallón militar en Peñalolén, razón que llevó a la familia a emitir un comunicado de disconformidad.
La tarea de reparación y persecución a las violaciones a los DDHH fue una promesa de campaña del gobierno de Gabriel Boric, que llevó a que muchas organizaciones le entregaran su apoyo. Justamente, respecto a esta temática conversamos con Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Familiares y Víctimas de Trauma Ocular, quienes dentro de sus registros señalan que existieron más de 500 ojos mutilados por accionar de las fuerzas de orden y seguridad.
Valdés declara: “Fueron promesas que finalmente sentimos que no se cumplieron”, agregando que las declaraciones vertidas por el mandatario en el funeral de Estado del ex presidente Piñera, fueron revictimizantes para todos quienes sufrieron violaciones a los DD.HH durante su gobierno.
Uno de los conceptos que ha salido a flote, tras la muerte de Sebastián Piñera, es la impunidad biológica, acepción que hace referencia a que con su deceso, las causas por las cuales eran investigado finalmente acaban sin esclarecer y muchos menos encontrar justicia. Lo anterior, se manifestó con el sobreseimiento del ex mandatario respecto a una de las causas que lo mantenía como imputado, el bullado caso de corrupción Dominga.
Valdés señala: “Yo creo que no es válido, si no está vivo para recibir el castigo o la sanción por esa situación, por lo menos que quede claro lo que hizo durante el tiempo que él estuvo vivo”. “Creemos que tanto en este caso, tanto en el caso Dominga, como en el tema de Verdad y Justicia, la verdad que se ha sido muy débil, yo creo que a este gobierno le ha faltado fortaleza, le ha faltado poner los DD.HH por encima de todas las cosas”.
Asimismo, la vocera de la Coordinadora de Familiares y Víctimas de Trauma Ocular, advierte que como sociedad, estamos cayendo en “la cultura de las violaciones a los Derechos Humanos”.
La impunidad y la injusticia
El coronel de carabineros, Claudio Crespo, fue conocido como “el carnicero de dignidad”, esto porque disparó incontables tiros con su escopeta de “balines de goma”, muchos de esos proyectiles fueron a dar a los rostros de manifestantes, uno de ellos fue Gustavo Gatica, quien perdió ambos ojos producto de la acción de Crespo.
Sin embargo, este coronel, aunque ya no activo en servicio, camina con impunidad por las calles, fundó su propio movimiento político de ultraderecha, criticó a la Senadora Fabiola Campillai y visita periódicamente a los violadores de Derechos Humanos de Punta Peuco, tildándolos de héroes olvidados.
Marta Valdés apunta: “La verdad que la impunidad en este país es grosera, la impunidad en este país, lo único que ha hecho ha provocado daño y a revictimizado mucho más a nuestros compañeros y compañeras, tu sabes que hay 3 compañeros que se suicidaron producto de la impunidad, la impunidad es algo que daña mucho que lacera a cualquier corazón”.
Reparación durante este gobierno
Respecto a la reparación a las víctimas, Marta Valdés asegura que se han hecho intentos durante este gobierno, “El programa PACTO, cambió de nombre pero lamentablemente no ha mejorado sustancialmente la atención a nuestros compañeros y compañeras”. “Creemos que falta mucho”, fustiga la vocera.
Asimismo, comenta que en el mes de febrero se registran demoras en los pagos de las pensiones de gracia, lo cual luego de consultas, quedó establecido que correspondía solamente a un error administrativo, y no una suspensión de todas las pensiones.
“Finalmente el presidente está haciendo lo que la derecha quiere, que es, a través de tratar a nuestros compañeros y compañeras como delincuentes, que el movimiento social del 18 de octubre eran todos delincuentes, opera justamente para quitarle los beneficios y las garantías que por derecho deben tener nuestros compañeros y compañeras”.
Un llamado al pueblo chileno
La vocera de la Coordinadora de Familiares y Víctimas de Trauma Ocular hizo un sensible llamado a la sociedad en su conjunto a no olvidar las violaciones a los DDHH y solidarizar con quienes salieron a protestar y fueron vejados por el Estado.
“Es tan importante lo que nosotros pedimos como agrupación que es, verdad, justicia y no reparación”, señala Valdés, agregando que, “no hay derecho de salir a la calle a expresar el descontento, a decir basta de desigualdad y terminemos finalmente, con chilenos muertos, chilenos encarcelados o mutilados, porque salieron a la calle a expresar su descontento de forma pacífica”.
“Me parece que este pueblo tiene el deber, de apoyar hoy día a todos y todas las víctimas del Estallido Social, porque salimos por todas y por todos, y porque estos hechos no se pueden volver a repetir” manifiesta, Marta Valdés, quien además, asegura que “desconocer las violaciones a los DDHH nos parece brutal, inmoral, inentendible, para un pueblo que tiene una historia ya de impunidad y que no la podemos seguir perpetuando”.
Continúa así la búsqueda de justicia y verdad, para familiares y víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos durante la revuelta obrera y popular de 2019, a meses de cumplir 5 años del inicio del estallido. Mientras, la impunidad parece ser una costra que se aloja en el corazón de una sociedad malograda, y que golpea fuertemente a quienes merecen garantías de no repetición y reparación integral.
