Un convenio de colaboración firmaron diferentes servicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el fin de brindar un mayor acceso a la justicia a las mujeres que actualmente se encuentran privadas de libertad.
Junto al Subsecretario, Jaime Gajardo; el Director Nacional de Gendarmería, Sebastián Urra; el Defensor Nacional, Carlos Mora; y directores de las Corporaciones de Atención Judicial CAP, se hicieron parte del acuerdo en el hall central del Ministerio de Justicia y en presencia de otras autoridades del área.
Carlos Mora indicó que la Defensoría ha apoyado desde sus inicios la formulación de normas y políticas en materia de derechos humanos, especialmente en igualdad, inclusión y no discriminación. En relación a este acuerdo, explicó que permite facilitar a las mujeres poder estar al tanto de su situación penal y judicial de manera oportuna.
Junto con ello, también indicó que la firma del convenio es un paso adelante en la acción coordinada de este tipo de servicios públicos y que en materia de reinserción, permite atender las necesidades jurídico judiciales de las reclusas. También, señaló, genera motivación para participar de manera comprometida y en confianza de las actividades de socialización de conversión.
Por su parte, la Directora del CAP de Tarapacá y Antofagasta, Carolina Fernández Alvear, precisó que las mujeres privadas de libertad no pueden acceder a la atención normal de estas corporaciones, de modo que sus demandas por pensión de alimentos, cuidado personal, acceso a conocer el estado de los hijos o contar con prestaciones sanitarias, se ven altamente mermadas y disminuidas.
Al respecto, las autoridades de los servicios reconocieron que existe un trato desigual en la defensa pública de las mujeres, mientras que el Subsecretario, apuntó a que eso se expresa en una falta de perspectiva de género dentro de las políticas en general.
Jaime Gajardo señaló que actualmente son más de 4 mil mujeres las que se encuentran bajo el régimen carcelario, cifra mayor que la dada a conocer en diciembre de 2022 con un total de 3.363 mujeres encarceladas, donde 8 de cada 10 de ellas tenía hijos, y cerca de 5 eran madres de hijos menores de edad.
Frente a esta realidad, el Subsecretario detalló de qué manera este avance coordinado brinda y facilita a las mujeres ayuda civil y económica.
Por otro lado, Gajardo recalcó que la firma de este convenio es parte del Plan de Condiciones Carcelarias cuyo borrador fue presentado en enero de este año, y busca generar el marco para la reinserción de las mujeres acorde a los ejes de infraestructura, reinserción pertinente, régimen interno y salud.
