La opinión pública del país conoció los graves y críticos problemas de infraestructura y de gestión que afectan a los recintos educativos administrados por el Servicio Local de Educación de Atacama.
Con una paralización de docentes y trabajadores de la educación durante casi tres meses, las clases se retomaron la semana pasada, tras alcanzar un acuerdo. En tanto, el Ministerio de Educación y el Senado en el marco del debate por las partidas presupuestarias del 2024, acordaron suspender transitoriamente el traspaso de los SLEP, una evaluación externa a la Nueva Educación Pública y un convenio de reprogramación en el caso de la región del norte.
Junto a Bárbara Rives, Secretaria Regional de Atacama del Colegio de Profesores, indicó que en el proceso de retorno a las aulas que se lleva a cabo, es posible constatar algunos avances, pero no en términos de condiciones habilitantes de mediano plazo, situación que interfiere no solo en el desarrollo de las clases sino también en otros procedimientos como la rendición de la PAES que se realizará los próximos días.
La educación pública de Atacama está en la palestra no sólo por la afectación de 29 mil estudiantes con la grave crisis sino también porque es la región con mayor índice de matrícula en el área y ha sido símbolo en el proceso de dar término a la municipalización educativa a partir del traspaso de las escuelas a los Servicios Locales SLEP.
Respecto a la iniciativa de suspender la implementación de los Servicios, indicó que no existirán mejores resultados, si no se discute a fondo temas como el financiamiento, la participación de los estamentos y mayor rigor en el proceso del traspaso :
“Estamos abiertos a plantear nuestras posturas en torno a las necesidades de forma de financiamiento y organización interna de los SLEP.”
Señalando que nunca han planteado que los daños correspondan a estos dos o tres últimos años, sino a más de tres décadas de abandono, indicó que buscan ser partícipes de la discusión legislativa de la ley de Nueva Educación Pública y donde el Mineduc ha planteado presentar una observación sustitutiva sobre el ítem de financiamiento.
Respecto al rol fiscalizador que el Colegio de Profesores ha desempeñado en este conflicto denunciando irregularidades y haciendo visibles las deplorables condiciones materiales que deterioran los procesos educativos, indicó que mantienen varias presentaciones tanto en Contraloría como en Fiscalía.
Acerca del recurso de Protección en favor de los estudiantes afectados interpuesto por la Defensoría de la Niñez el lunes pasado cuando no se retomaron las clases conforme al acuerdo comprometido con Mineduc, la dirigenta a título personal, indicó que si bien está de acuerdo con este tipo de recursos, apuntó a que se deben reconocer las responsabilidades en torno a generar las condiciones para poder desarrollar el servicio educativo.
En relación a las acciones que buscarán llevar a cabo en el futuro inmediato, expresó que se mantendrán alerta y en estado de movilización latente, inspeccionando que el trabajo que se ha comprometido se vaya desarrollando, así como en reunión constante con autoridades territoriales.
”También tenemos que plantearnos tener cierto grado de confianza de que se cumplan los compromisos, es decir, que dentro de este mes y el próximo se desarrollen las trabajos de generación de condiciones habilitantes; que las empresas -liberados los recursos-, empiecen trabajar en condiciones de mediano y largo plazo”, precisó.
