En la tarde noche de este lunes, un incendio en la toma del Cerro Obligado en Coronel termino con una tragedia en la que fallecieron 14 personas, de las cuales al menos 8 serían niñas y niños. Las víctimas, inmigrantes venezolanos, fallecieron tras el sobrecalentamiento de una estufa, que generó un incendio imposible de controlar dada la alta inflamabilidad de la precaria construcción.
Esta lamentable noticia se arraiga en un problema estructural, que mantiene al Estado de Chile, en deuda con quienes habitan en su territorio. La casa propia, el derecho de la vivienda que se ha vuelto un negocio infernal, en el que los sueños de un hogar digno y decente se esfuman entre la indolencia de las autoridades y el apetito voraz de dinero del sector inmobiliario.
Giannina Jara, presidenta de la Coordinadora Metropolitana Nacional de Pobladores, declara: “Como coordinadora, ha sido un golpe súper duro. Tomando en consideración que nuevamente ocurre un siniestro de este tipo, a causa de las nulas políticas habitacionales que existen en este país”.
La dirigenta señala que esta es una “deuda histórica”, que la coordinadora atribuye a una voluntad arraigada en la derecha y los sectores que esta representa. Plasmadas en última instancia en el nuevo borrador constitucional, que poco hace por mejorar las condiciones de una casa digna, en más quita la palabra digna de la Constitución.
Dignidad Habitacional rechaza en la nueva Constitución
Esta indiferencia de los sectores de derecha a legislar o a constitucionalizar, avances en soluciones habitacionales, se esconde una protección al lucro habitacional. Giannina Jara, menciona que, como organización, han intentado establecer el derecho a la vivienda bajo la unión de diferentes movimientos sociales, que levantaron la enmienda constitucional de una vivienda digna. Sin embargo, la derecha desecho esta iniciativa.
“Nosotros hacemos un llamado a no contribuir más con los intereses ni las ambiciones de quienes son responsables, y de verdad son responsables de cada una de las tragedias que han vivido cada familia, chilena, pobladora, de las distintas tomas de terreno y de todas las vidas que se han perdido al respecto, por no tener la dignidad habitacional”.
El plan habitacional de gobierno insuficiente
Más allá de las entregas de viviendas, y el plan ejecutado con mayor o menor eficacia por el actual gobierno, esta es una problemática que alcanza niveles mayores a cada día. Ya en marzo de este año, un informe elaborado por la reconocida fundación Techo para Chile consignaba la existencia de al menos 1.290 campamentos o tomas, con alrededor de 114 mil familias habitándolas.
El frío, el hacinamiento, el suministro de electricidad irregular o nulo y la falta de abastecimiento de agua potable, son las condiciones diarias, de estos cientos de miles de familias, mientras que las políticas que se han intentado implementar, son boicoteadas por la derecha, siendo la Constitución un ejemplo claro.
La dirigenta social enfatiza en que esta problemática se arrastra por muchos años, “recordemos que, en el gobierno de Sebastián Piñera, no se construyó ninguna vivienda social, señala Giannina Jara. Agregando que, “si bien es cierto, que dentro del gobierno se han puesto a disposición de trabajar con los pobladores. Cualquier normativa que pueda hacer, es avanzar, pero no soluciona en raíz la problemática de la vivienda y el techo”.
La ley Antitomas: El golpe de gracia a las familias en campamentos
La ley de Usurpaciones, que los mismos parlamentarios de derecha que la crearon, comentan no fue hecha mirando el panorama en general, sino más bien pensada para criminalizar las tomas de terreno del pueblo mapuche y las protestas del pueblo de Chile en general. Esta legislación afectará de manera clara a las y los pobladores.
Siguiendo las cifras de Techo para Chile, al menos 114 mil personas podrían ser formalizadas bajo esta ley, eso solo si contáramos a una persona por familia. Parlamentarios del Partido Comunista han votado en contra de aquella legislación, y aunque mantiene un veto, para eliminar aspectos peligrosos, como la autodefensa privilegiada, la ley avanza en el congreso.
Giannina Jara declara: “Finalmente, criminalizamos al poblador, sin casa, allegado, que no tiene una solución habitacional. Y que no tiene esa solución, no porque el no esté dispuesto a contribuir con, sino porque lamentablemente, el sistema de mercado que tienen frente a la temática de vivienda, no permite que los pobladores puedan crecer y tener un espacio donde poder desarrollar familia”, asegurando que esta es una estrategia de lavado de manos, que busca criminalizar al poblador y, por otro lado, mantener el negocio inmobiliario.
Es así que la dirigenta de los pobladores sin casa, manifiesta que nadie debería quedar ajeno a este tipo de tragedias. Y aprovecha para realizar un llamado de conciencia y de unión respecto a esta materia, para “que la vivienda sea un derecho constitucional, para que podamos romper, finalmente, con el círculo de pobreza que durante años la derecha nos ha sometido”.
Culminando con un llamado a constitucionalizar el derecho a la vivienda, que cada vez se ve más lejos. Giannina Jara, evidencia las trabas de esta grave situación que se vive en nuestro país, con un congreso que ha demostrado legislar para los intereses de los grupos económicos, poniendo peros a los gastos que el gobierno planeaba ejecutar en vivienda, boicoteando la Reforma Tributaria y el Pacto Fiscal, y que planea con la Nueva Constitución y la Ley Antitomas, asestar un golpe de gracia a las y los pobladores sin vivienda propia.
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[Declaración pública Coordinadora Metropolitana y Nacional de Pobladores]
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