La noche del 16 de octubre de 1998, Pinochet fue detenido en su habitación de la London Clinic por agentes de Scotland Yard a petición del magistrado Baltasar Garzón y gracias al trabajo de los abogados de la acusación. Ese día comenzó el fin de la impunidad de la dictadura en Chile
Según un reciente informe de la Comisión Ética contra la Tortura (La justicia en la balanza. Procesos, juicios y condenas por violaciones de los derechos humanos acontecidos en Chile entre 1973 y 1990), a diciembre de 2022 habían concluido con sentencia 1.313 juicios, que afectaban a 2.191 de las 41.467 víctimas reconocidas por el Estado chileno desde el Informe Rettig (1991) hasta el Informe Valech II (2011) y que habían supuesto la condena a penas de prisión de 1.154 exagentes de los aparatos represivos de la dictadura civil y militar encabezada por el general Augusto Pinochet. Sin incluir a los dieciséis agentes sentenciados a cadena perpetua, los años de condenas impuestos por los tribunales de justicia sumaban un total de 28.039. A medio siglo del golpe de Estado que derrocó al Gobierno constitucional de Salvador Allende, los principales represores de la dictadura están en prisión o han fallecido.
Este es el fruto de la lucha del movimiento de derechos humanos, que empezó a estructurarse desde las primeras semanas posteriores al 11 de septiembre de 1973, cuando los familiares de los “prisioneros de guerra” empezaron a movilizarse en su auxilio y diferentes confesiones religiosas crearon el Comité de Cooperación para la Paz, que les brindó asistencia jurídica. En 1974, se formó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y dos años después la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. En 1977 y 1978, la AFDD protagonizó dos huelgas de hambre, que concitaron una amplia solidaridad internacional, para exigir una respuesta creíble del régimen a la pregunta “¿Dónde están?” y rechazar el decreto-ley de Amnistía decretado por la Junta Militar en abril de 1978.
En los años 80, la denuncia indesmayable de las violaciones de los derechos humanos, con el trabajo de organizaciones tan importantes como el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, el activismo del Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo y el apoyo de la Vicaría de la Solidaridad, fue decisiva para la derrota del tirano en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, que implicó el fin (negociado) del régimen. El 11 de marzo de 1990, el democristiano Patricio Aylwin sucedió a Pinochet en La Moneda, con un programa que contemplaba la derogación del decreto-ley de Amnistía, el muro que protegía la impunidad de los represores y del propio dictador, quien continuaría como comandante en jefe del Ejército durante ocho años más, antes de convertirse el 11 de marzo de 1998 en senador vitalicio, por obra y gracia de la Constitución que impuso en 1980 en una farsa de plebiscito.
Fue Aylwin quien acuñó el término de “justicia en la medida de lo posible” para anunciar los límites de las políticas estatales referidas a las violaciones de los derechos humanos. El 4 de marzo de 1991, se dirigió al país por televisión para presentar el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, un voluminoso estudio por el que el Estado de Chile estableció unas conclusiones oficiales sobre el carácter y la naturaleza de los crímenes de la dictadura: “Entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 existió una situación de violación grave, masiva y sistemática de los derechos humanos”. Visiblemente conmovido, Aylwin (presidente de la Democracia Cristiana en 1973 y uno de los generales civiles del golpe de Estado) llamó al conjunto del país, incluidas las Fuerzas Armadas, a aceptar y asumir su contenido y anunció las medidas de apoyo a los familiares de las víctimas, con la creación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Sin embargo, del conocido como Informe Rettig quedó excluida la tortura y de los crímenes reconocidos no se derivaron responsabilidades penales, al contrario de lo sucedido en Argentina con el Informe de la Comisión Nacional de Desaparecidos.
Dos semanas después, el 21 de marzo, tuvo lugar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el organismo previsto por la Constitución de 1980 para que las Fuerzas Armadas ejercieran su rol tutelar. Aunque en 1990 el Ejército ya había trasladado su posición a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en cuatro volúmenes, aquel día, en presencia del presidente Aylwin y de varios de sus ministros, Pinochet lanzó una verdadera andanada contra el Informe Rettig, al que negó validez histórica y jurídica. Tampoco dudó en volver a justificar el golpe de Estado (incluso citó el respaldo al mismo en 1973 de Aylwin y del expresidente democristiano Eduardo Frei) y exaltó la obra de su régimen, para remarcar que el Ejército no tenía que pedir perdón “por haber tomado parte en esta patriótica labor”. “El Ejército de Chile declara solemnemente que no aceptará ser situado ante la ciudadanía en el banquillo de los acusados por haber salvado la libertad y la soberanía de la patria”.
Durante los años 90, con la excepción de las condenas por el asesinato del exministro Orlando Letelier y su asistente, Ronni Moffit, en Washington el 21 de septiembre de 1976 y de los tres dirigentes comunistas (Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino) degollados en marzo de 1985, los sucesivos gobiernos de la Concertación mantuvieron el decreto-ley de amnistía e intentaron cerrar, a través de diferentes acuerdos con la derecha, las causas judiciales relacionadas con la represión de la dictadura.
La izquierda siempre denunció y se opuso a aquellas maniobras y así el 12 de enero de 1998 la secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín, cuyo esposo, Jorge Muñoz, es uno de los dirigentes del PC secuestrados y desaparecidos a manos de la siniestra Dirección de Inteligencia Nacional en mayo de 1976, presentó la primera querella criminal en Chile contra Augusto Pinochet, que fue aceptada por el juez Juan Guzmán Tapia.
Y todo cambió, definitivamente, a partir de aquella noche del 16 de octubre de 1998, cuando el dictador fue detenido en su habitación de la London Clinic, donde se recuperaba de una operación en la columna vertebral, por agentes de Scotland Yard a petición del magistrado Baltasar Garzón y gracias al trabajo de los abogados de la acusación, principalmente Joan Garcés y, en representación de Izquierda Unida, Enrique Santiago y Virginia Díaz, quienes desde 1996 promovían ante la Audiencia Nacional una verdadera batalla contra la impunidad de las dictaduras de Chile y Argentina en virtud de los principios de la jurisdicción penal internacional.
Durante 503 días, Pinochet permaneció arrestado en Londres y en octubre de 1999 la justicia británica llegó a aprobar su extradición a España, pero finalmente regresó a Chile el 3 de marzo de 2000 por un acuerdo subterráneo entre los gobiernos de Tony Blair, José María Aznar y Eduardo Frei. Sin embargo, en su país la actuación de los tribunales en las causas de derechos humanos ya había cambiado al “reinterpretar” el decreto-ley de Amnistía a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Aquel mismo año el senador vitalicio fue privado del fuero parlamentario y en enero de 2001 fue procesado por el caso caravana de la muerte por Juan Guzmán Tapia. Murio el 10 de diciembre de 2006 (Día Internacional de los Derechos Humanos) acusado en otros juicios más, como el instruido por la desaparición del sacerdote valenciano Antoni Llidó, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Para la izquierda chilena y el movimiento de derechos humanos la derrota de la impunidad ha sido y es un largo camino, trabado de obstáculos, que continúa hoy con iniciativas tan importantes como el Plan Nacional de Búsqueda de los detenidos desaparecidos anunciado por el presidente Gabriel Boric el 30 de agosto.
Toda una lección para un país como España, en el que aún soportamos la lacerante impunidad de los represores de la dictadura franquista.
Mario Amorós
Doctor en Historia y periodista. Su último libro es Salvador Allende. Biografía política, semblanza humana (Capitán Swing).
El artículo anterior fue reproducido desde el medio diariored.cl con la aprobación de su autor.
