Durante la semana pasada, los trabajadores de la salud privada convocaron a un día de manifestaciones por el derecho al descanso reparatorio y la protección de la salud mental del sector, a lo que el gobierno respondió comprometiéndose no solo con dar urgencia al proyecto legal sino también con su patrocinio.
“Fue una movilización bastante provechosa si bien venimos varios meses movilizándonos arduamente por este proyecto”, indicó Constanza Valdés, Vicepresidenta de la mujer y género de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud del área Privada y Afines FENASSAP y Presidenta de sindicato de Profesionales Clínica BUPA Reñaca.
La dirigenta también precisó que por los 14 días reparatorios se han aunado con otras organizaciones y federaciones de la salud privada, para visibilizar el abandono que les afecta desde los últimos años de emergencia sanitaria, y también que luego de la aprobación de la ley 21490 en enero de este año, fueron excluidos de la medida.
La demanda por la universalidad del beneficio responde a una crítica situación, donde 1 de cada 3 trabajadores del sector privado se encuentra con graves problemas de salud mental, a lo que se suma el gran número que está desertando de este campo laboral “porque no se compensa la ganancia v/s el gran desgaste físico y emocional”, explica Constanza Valdés.
La representante detalla que han sido también partícipes de los máximos esfuerzos para desplegar la campaña de vacunación a nivel nacional, sacar las altas listas de espera, y la atención de cerca del 85% de ocupación de camas. “De amenazarnos una nueva ola, no sé qué pasaría”, expresó.
Constanza Valdés señaló también que en este contexto las desvinculaciones han sido enormes, donde han proliferado los contratos a honorarios sin ningún tipo de beneficios o de seguridad.
Frente a la merecida demanda promovida por las organizaciones y que durante los últimas días llegó hasta la Comisión de Salud del Senado, la dirigente indicó que el descanso podría ser sumado a las vacaciones que no se han tomado después de 3 años, bajo una previa y adecuada coordinación con los servicios de salud, lo que además refutaría el argumento sostenido por las asociaciones de clínicas privadas las que han señalado que los centros quedarían desiertos, indicó la representante.
