El día martes y luego de permanecer privado de libertad por más de 2 años y siete meses, Francisco Hernández, el primer preso de la revuelta de octubre del 2019, pudo recobrar su libertad.
En conversación con su abogado defensor e integrante de la ONG Defensoría Popular, Lorenzo Morales, indicó que en la condena de Francisco participaron declarando carabineros Intramarchas, los cuales también han participado en la condena de otros casos notorios por sus irregularidades.
Junto con ello, también recalcó que la salida de Francisco otorgada por solicitud de derecho intrapenitenciario, requiere de tres semanas para que gendarmería informe. Sin embargo, en su caso este plazo ineditamente se extendió a un año: “Cuando estaba la administración de Piñera no querían por ningún motivo que Francisco saliera en libertad, y después fue bastante difícil desde marzo hasta esta fecha que se dieran los informes pertinentes”, relató el abogado.
Por otro lado, luego que la Corte Suprema rechazó los reclamos por las pruebas usadas en la sentencia, su defensa dedujo una denuncia a la Corte Interamericana CIDH por prisión política, acción que el abogado destacó para seguir en otros casos: “Estas denuncias se demoran, pero como en el caso de Catrillanca o Lemún, al menos se encuentra justicia”, indicó.
Sobre estas pruebas Lorenzo Morales indicó que las de hidrocarburo salieron negativas respecto al uso de bombas incendiarias, por lo cual Francisco debiese haber sido absuelto. No obstante, junto a la primera defensa -que luego tomó el abogado de la Ong Defensoría Popular- tal instancia que debiese haber ocurrido en más de una semana, tomó solo algunos días.
Francisco Hernández ahora se encuentra con el régimen de libertad vigilada intensiva por 1826 días, de los cuales ya ha cumplido 958 y por lo cual la audiencia se realizará en septiembre. El joven presenta importantes problemas de salud, además de haber sufrido una lesión en el fémur dentro del penal Santiago 1 que lo mantuvo con muletas durante 6 meses, pero gracias a la atención solidaria de un grupo de médicos, pudo ser asistido.
Acerca del caso Hotel Principado -también llevado por el abogado-, indicó que el caso llegó a la Corte Suprema y que durante estas semanas se están llevando a cabo los amparos.
Respecto a la composición de los jueces, Morales indicó que levantaron acciones para asegurar la imparcialidad del tribunal, puesto que como defensa “nos consta que había un peso político muy fuerte”.
Respecto a todos los presos de la revuelta que se mantienen privados de libertad, el abogado indicó que cerca de medio centenar de ellos, corren el riesgo de volver a estar en prisión, donde en todos se ha mantenido presente el Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado”, sostuvo.
En relación al proceso constituyente donde también se emanaron o se recibieron iniciativas por la libertad de los presos, Morales observó que aquellas podrían haber sido parte de las normas transitorias, pero faltó una mayor articulación de las fuerzas que las apoyaban al interior de la Convención. Al respecto, valoró la iniciativa del ex Ministro Francisco Cumplido quien falleció hace algunas semanas atrás y cuya labor fue fundamental para la libertad de los presos políticos de los años 90: “Por lo menos él se atrevió a hacer una ley que a lo mejor fue criticada por todos los sectores , pero ese atrevimiento no ha ocurrido en estos tiempos”, expresó.
