La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el informe “Situación de Derechos Humanos en Chile” sobre la visita in loco, realizada del 25 al 31 de enero de 2020, con el propósito de conocer las causas subyacentes y las consecuencias de las protestas sociales iniciadas el 18 de octubre de 2019. En el informe se analiza la institucionalidad democrática vigente; las demandas históricas de la sociedad chilena en el marco de las protestas sociales; la respuesta del Estado de Chile a las protestas; así como las medidas adoptadas por éste para atender las demandas de la población.
La CIDH destaca en el informe que durante el estallido social se registraron hechos donde hubo un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, en detrimento del ejercicio al derecho a la protesta pacífica. El informe subraya que el accionar de los Estados democráticos debe considerar que las protestas no constituyen una amenaza al orden público; estas fortalecen la participación política y la construcción de mayores niveles de participación ciudadana. El informe también da cuenta de aquellos actos de violencia que excedieron los límites de la protesta pacífica. Por otra parte, se destaca que las demandas de la población se centraron en el acceso y ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un llamado a asegurar la igualdad y no discriminación, así como el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
En este sentido, se resalta la Convención Constitucional que se instaló el 4 de julio de 2021 con el fin de reformar la Constitución vigente desde 1980, como respuesta democrática ante la crisis social, a través del diálogo nacional. Este proceso representa un paso histórico hacia la reconciliación y una oportunidad única para revertir la situación actual hacia una nueva etapa de pleno goce de derechos humanos para todas las personas.
En el ámbito de lo individual, el informe da cuenta de las medidas adoptadas por el Estado para reparar a las víctimas; y asegurar que las personas manifestantes no sean amenazadas, hostigadas, y violentadas por parte de otras personas o por agentes del Estado. Al respecto, se resalta en el informe que la respuesta del Estado a las manifestaciones, por parte de los órganos encargados del orden, se caracterizó por patrones de violencia y el uso excesivo de la fuerza, que resulto en la pérdida de 5 vidas humanas por acción directa de agentes del Estado y 26 muertes en el marco del “estallido social”, así como cientos de personas heridas, en particular con lesiones oculares. Hechos incompatibles con los estándares interamericanos de Derechos Humanos y con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile en esta materia. Asimismo, el informe destaca las medidas adoptadas para atender las demandas sociales que dieron lugar al estallido.
Este informe, que se publica 37 años después del último documento dedicado a un análisis integral de la situación de derechos humanos de Chile, desarrolla el derecho a la libertad de expresión como eje central en las protestas empezadas en 2019, analizando los reclamos de la sociedad conectados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y su relación transversal con grupos poblaciones en situación de vulnerabilidad. Se resalta el carácter universal, indivisible e interdependiente de todos los derechos humanos, reconociéndose el estrecho vínculo entre la protección de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Igualmente, se abordan las diversas temáticas desde una perspectiva interseccional que incluyen, entre otros factores, la edad, el origen étnico-racial, el género, la orientación sexual o la identidad o expresión de género, para el análisis del contexto específico de violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, la Comisión Interamericana espera que este informe contribuya con garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en Chile; haciendo un llamado al Estado a continuar y profundizar sus esfuerzos para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas, y a mantener un diálogo abierto y respetuoso con los organismos internacionales de derechos humanos y con toda la sociedad. Asimismo, reitera su disponibilidad para colaborar técnicamente y seguir dialogando desde el rol y mandato.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
