Este miércoles, la diputada Lorena Pizarro y parlamentarias y parlamentarios de oposición presentaron una reforma constitucional para plasmar, en la Carta Fundamental, la obligación del Estado en cuanto a prevención, investigación y sanción a criminales de lesa humanidad, así como diseñar una política educacional para las Fuerzas Armadas y policías en que se inculque el respeto irrestricto a los derechos humanos.
En definitiva, la prenormativa busca -tal como se lee en el documento del proyecto- “la traducción constitucional del Nunca Más: que la República no vuelva a entregar armas, mando y fuero a quienes no han sido formados en el respeto incondicional a la dignidad humana”.
Fue la propia diputada Pizarro quien se refirió a la iniciativa:
“Una reforma constitucional que termina con cualquier vestigio de impunidad, cimentada en los tratados internacionales de derechos humanos, cimentada en las condenas que, particularmente, ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintas oportunidades (…) un proyecto que busca que los violadores de derechos humanos paguen hasta el último día por los crímenes que cometieron y que eso ojalá sirva para prevenir posibles crímenes de esta magnitud”.
La histórica dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos también explicó la perspectiva educacional de la reforma:
“También incorpora, esta reforma constitucional algo que es muy importante: educación en derechos humanos y educación respecto a la historia de lo ocurrido en nuestro país, a las Fuerzas Armadas y a las policías, ya que no pueden seguir siendo capturadas al antojo de aquellos que defienden sus intereses en contra del resto de la población”.
Por su parte, el diputado Juan Santana reafirmó la necesidad de una iniciativa como esta, destacando la importancia de que el Estado de Chile garantice que ningún crimen de lesa humanidad quede impune.
“Entendemos que debe quedar escrito, plasmado en nuestra Constitución que no hay crimen de lesa humanidad que se pueda mantener impune, que no hay criminal de lesa humanidad que merezca, en nuestro país, una rebaja en sus condenas y que naturalmente, como cualquier criminal en Chile, quienes incurren en delitos de lesa humanidad son quienes, con mayor normativa y legislación, pagar los delitos en los que incurrieron tras la persecución política que hubo en Chile durante 17 años”.
Además de Pizarro, mocionantes del proyecto son las diputadas Nathalie Castillo, Emilia Nuyado, Ana María Gazmuri, Lorena Fries; y los diputados Marcos Barraza, Juan Santana, Luis Cuello y Boris Barrera.
