Analizando el escenario que se abre tras las elecciones para la progreso, la protección y la defensa de los derechos humanos en el país, el presidente de la Comisión Chilena de DDHH el abogado Carlos Margotta, se refirió a que el balotaje no implica la elección entre dos candidatos sino una decisión entre dos opciones de país completamente antagónicas.
En el espacio semanal para informar sobre los avances de la ley de Indulto y la situación de los presos de la revuelta social, junto a Raquel Torres del Grupo Iniciativas por las y los Presos Políticos de la Revuelta, se abordan también las repercusiones de las elecciones para quienes se mantienen privados de libertad dentro del contexto del estallido.
A solo días de que la CChDH cumpliese 43 años de existencia, su presidente señaló la amenaza que representa el neofascismo en Chile que reivindica el pinochetismo, glorifica a los criminales de lesa humanidad y relativiza los ddhh, apuntando a explicar las transgresiones que subyacen al programa de Kast que atentan contra la progresión de los ddhh y el respeto hacia aquellos establecido como un límite para la soberanía.
Por otra parte, el abogado sostuvo que tras la propuesta política del neofascismo existe un propósito que busca destruir la concepción histórica que dio origen a la doctrina de los derechos humanos, y que precisamente nació luego de la barbarie fascista de la Segunda Guerra Mundial, como una exigencia y necesidad de la comunidad internacional de poner lmite a la acción del estado para proteger a los ciudadanos de su monopolio de la fuerza.
De esta manera, Carlos Margotta, señaló que dentro de la candidatura ultraderechista a la presidencia existe una pretensión de vulnerar la normativa internacional indultando a criminales, lo que implicaría dar continuidad a lo efectuado por Piñera quien incurrió en una irresponsabilidad internacional al transgredir la norma luego de otorgar indultos a criminales de lesa humanidad.
Aquello también representa una dicotomía, expresó el presidente de la CchDH, en tanto vulnera la normativa internacional y por otro lado pretende mantener en la cárcel a quienes se les han vulnerado todos sus derechos humanos, en particular, a los presos de la revuelta quienes han visto transgredido su derecho al debido proceso, violando la no aplicación de tortura en los lugares de detención, el que las detenciones preventivas no tengan que ser la regla general y el derecho de todas las personas a que se les dicte una sentencia, esclareció.
