El 25 de noviembre pasado, la Procuraduría Fiscal de San Miguel del Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal contra quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito de fraude al Fisco y negociación incompatible. La actual administración de Lo Espejo anunció que se hará parte de la acción judicial presentada por el CDE. La actual alcaldesa, Javiera Reyes, también ha solicitado una serie de auditorías a la Contraloría General de República para revisar la situación interna del municipio. En paralelo, se desarrollan más de 200 sumarios por diversas situaciones administrativas.
La Municipalidad de Lo Espejo, representada por la alcaldesa Javiera Reyes, anunció este martes que se hará parte de la querella criminal presentada recientemente por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de quienes resulten responsables por un eventual fraude al Fisco y negociación incompatible. La acción legal busca reforzar el libelo del CDE, el cual apunta a la responsabilidad de la anterior administración municipal en una serie de eventuales ilícitos entre enero de 2017 y marzo de 2020.
Relacionado con lo anterior, y en el marco del compromiso municipal por cumplir con la probidad y transparencia, la alcaldesa Reyes solicitó en junio de este año una serie de auditorías a la Contraloría General de la República (CGR) con el fin de revisar la situación administrativa del municipio. Ante este y otros requerimientos, el organismo fiscalizador ha emitido varios informes dando cuenta de irregularidades durante la administración anterior.
En tanto, los antecedentes recogidos por la querella del CDE, presentada este 25 de noviembre a través de la Procuraduría Fiscal de San Miguel, determinan una eventual utilización de fondos públicos para fines particulares, a través de publicidad e impresión vinculada a una sobreexposición de la imagen del ex jefe comunal, Miguel Bruna.
Asimismo, la acción legal describe gastos por $106 millones asociados a adquisiciones no justificadas que debían ir en beneficio de los vecinos y vecinas más vulnerables durante la emergencia sanitaria. Por último, se refiere a un conflicto de interés dado por una contratación de servicios entre una funcionaria del municipio y un familiar directo.
Luego de la investigación penal, se podría evidenciar otros delitos, como “malversación de caudales públicos, cohecho pasivo, soborno, o tráfico de influencia. Quienes resulten responsables pueden arriesgar penas de presidio mayor de hasta 10 años”, dice la querella del CDE.
Cabe precisar que la Municipalidad de Lo Espejo presentará otras acciones judiciales vinculadas a procesos relacionados con contrataciones irregulares por parte de la anterior administración. Del mismo modo, se están ejecutando más de 200 sumarios administrativos internos para esclarecer situaciones de diversas índoles. En paralelo, se espera trabajar en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado como partes querellante en la causa, con el fin de coordinar solicitudes o entrega de antecedentes que aporten en las futuras diligencias encargadas por la Fiscalía.
Anterior a esta presentación, el municipio de Lo Espejo ya había gestionado otras acciones, como una denuncia por el delito de estafa en un aparcadero de San Bernardo, por falsificación de licencias de conducir, y diversas reuniones con la Contraloría General de la República para considerar aspectos que preocupan a la actual administración comunal.
