Este miércoles, se registró el fallecimiento de dos trabajadores en diferentes circunstancias; un repartidor de la empresa Starken que murió luego de ser asaltado cuando se encontraba entregando encomiendas en la comuna de Lo Espejo; y otro de Delivery, tras perder el equilibrio por tratar de esquivar una jauría de perros, cayendo desde su moto, en la ciudad de La Serena.
Junto con solidarizar con la familia de ambas víctimas, Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y postulante a la Convención Constitucional por el distrito 12, compuesto por las comunas de La Florida, Puente Alto, Pique, San José de Maipo, La Pintana, emplazó al Parlamento a avanzar en el proyecto que reconoce el vínculo laboral entre plataformas digitales y repartidores.
Bárbara Figueroa apuntó a la urgencia de que los trabajadores de plataformas digitales cuenten con las condiciones máximas de seguridad en los territorios, para no verse expuestos a ser saqueados e incluso asesinados.
La presidenta de la CUT dijo que aún queda mucho por avanzar, tanto en el reconocimiento de los trabajadores como tales, a objeto de garantizar que las medidas de seguridad aplicadas en el caso de los repartidores, sean las mismas que en un espacio laboral fijo.
En ese sentido, Bárbara Figueroa comentó que existe una fuerte disputa entre la multisindical y el empresariado, en cuanto al reconocimiento de los accidentes laborales en contextos de tránsito.
La candidata a constituyente de la lista “Apruebo Dignidad”, afirmó que el valor del trabajo debe ser puesto al centro del debate con miras a una nueva Carta Fundamental.
Bárbara Figueroa indicó que en paralelo al desafío constitucional de romper con las bases del modelo neoliberal, van a seguir trabajando en torno a las normativas que permitan garantizar el trabajo decente.
La candidata a convencional del distrito 12, ratificó que seguirán bregando por el reconocimiento de la relación laboral entre los trabajadores de reparto y las plataformas digitales, pues la actual legislación no se ajusta a estándares internacionales en materia de derechos.
