Dirigentes del Frente Amplio y el Partido Comunista, junto a organizaciones sociales, entregaron carta dirigida a Sebastián Piñera y a los demás poderes del Estado, exigiendo su pronunciamiento ante el aumento de ataques hacia la comunidad LGTBIQ+, y además la falta de políticas públicas por parte de la institucionalidad para velar por la protección y el bienestar de las disidencias sexuales y de género.
En la oportunidad el dirigente de Convergencia Social, Rodrigo Mallea, expresó que esta carta es también un llamado de atención a un Gobierno que siguiendo el juego de los sectores mas conservadores, ha restringido y vulnerado los derechos de las minorías sexuales.
En representación de OTD Chile, Emilia Schenider advirtió que los crímenes de odio que aumentado en el último tiempo, también son causa de una ley anti discriminación que ha demostrado su ineficacia.
Por su parte el diputado comunista Amaro Labra enfatizó que una sociedad como la nuestra que anhela la integración y la diversidad, choca contra autoridades que frenan cualquier avance en el combare contra la violencia y la discriminación de género.
La diputada de Revolución Democrática, Natalia Castillo, llamó a los poderes del Estado a dejar de lado la inercia e impulsar una agenda concreta a favor de las disidencias sexuales.
Desde la Corporación Chilena de personas Trans Amanda Jofre, su dirigenta Alejandra Castro abogó por una ley “trans travestis” que permita a las trabajadoras sexuales migrar hacia otras labores en nuestra sociedad.
Juan Pablo Ciudad miembro del área de Género y de comunidad LGTBIQ+ del partido Comunista denunció que Chile carece de una política pública efectiva que consagre y proteja a la diversidad, lo que se agrava con un gobierno que ha evidenciado un nulo interés en esta temática , como lo demuestra su rechazo a la ley de educación sexual integral.
Los dirigentes además, emplazaron al Ejecutivo a comprometerse con las reformas legislativas urgentes en materia de derechos sociales en favor de las minorías de género. Expresaron también que en el marco del proceso constituyente se incorpore una institucionalidad en contra de todo tipo de discriminación.
