La Comisión Chilena de Derechos Humanos señaló que las “justas y legítimas demandas” que dieron origen al denominado estallido el 18 de octubre de 2019 siguen plenamente vigentes un año después del inicio de la crisis, la peor desde el término de la dictadura de Augusto Pinochet y, por lo tanto, el conflicto social aún no ha concluido.
Al mismo tiempo afirmó que la grosera desigualdad, el abuso institucionalizado, el descrédito y falta de legitimidad de las instituciones políticas y la mantención de un modelo de sociedad impuesto durante 30 años, que niega los derechos humanos más elementales como la salud, la educación, la seguridad social, el trabajo digno y una remuneración justa, entre otros, son condiciones objetivas del descontento social que no han sido resueltas y encaradas debidamente por el sistema político actual.
El presidente de Comisión Chilena de Derechos Humanos, abogado Carlos Margotta, sostuvo que dicho se apunta a denunciar que Sebastián Piñera incumplió su mandato constitucional al recurrir a la represión, en vez de impulsar los cambios que el pueblo exigía en su calidad de soberano.
Carlos Margotta acusó al Estado de vulnerar sistemáticamente los pactos y convenios internacionales que ha suscrito en materia de Derechos Humanos, y muy especialmente a partir del estallido social.
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, hizo una comparación entre el proceso de transformaciones iniciado por el presidente Salvador Allende, y el que cursa actualmente Chile, el que ha estado marcado por una política de violación masiva y sistemática de los Derechos Humanos, por parte del Estado.
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos concluyó que, en un nuevo 18 de octubre, llama al gobierno a terminar con la represión de la protesta social y, a los habitantes de nuestro país, a no caer en provocaciones que impidan la realización del plebiscito del 25 de octubre, hito con el que se da inicio al proceso constituyente.
