El dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Carlos Insunza, denunció una nueva ofensiva del gobierno para criminalizar a los funcionarios públicos, esta vez a partir de amenazas de persecución penal y administrativa contra quienes obtuvieron el Bono Clase Media sin cumplir los requisitos.
En su diagnóstico, lo que el Ejecutivo busca es generar un efecto político en el debate nacional en desmedro de los trabajadores del Estado, lejos de asumir su responsabilidad, respecto a los numerosos errores e incongruencias detectados en la aplicación de esta medida.
Asimismo, Carlos Insunza criticó que mientras el gobierno anunciaba una persecución penal contra quienes solicitaron el bono a la clase media sin cumplir los requisitos, la Corte Suprema confirmaba una rebaja sustancial de la multa al empresario Julio Ponce Lerou, en el marco de uno de los mayores escándalos bursátiles de la historia de Chile, más conocido como caso Cascada.
A su juicio, este tipo de actuaciones vienen a confirmar la inequidad de trato entre el ciudadano promedio, y quienes tienen la capacidad económica y el poder político para defenderse ante Tribunales.
El dirigente de la ANEF y consejero nacional de la CUT, explicó que los fallos de la Justicia a favor del gran empresariado, obedecen a las lógicas neoliberales con que opera el actual marco constitucional, haciendo evidente la necesidad de una nueva Constitución.
Carlos Insunza sostuvo que Chile requiere de una institucionalidad que esté al servicio de las mayorías del país, dotándolas de órganos colegiados que sean capaces de implementar y supervisar políticas de fiscalización a los diferentes ámbitos de la administración pública.
Carlos Insunza concluyó que una nueva Constitución es la única forma de que el Estado pueda desprenderse de los altos niveles de coerción ejercidos desde los sectores privilegiados del país.
