Tras un extenso debate en la Cámara de Diputados, finalmente la Sala aprobó el Ingreso Familiar de Emergencia propuesto por el gobierno, pese al rechazo de la oposición a los montos asignados, los cuales consideraron además de insuficientes, incapaces de incorporar a grupos como los trabajadores independientes y la clase media, quienes nuevamente serán excluidos de la ayuda estatal.
Durante su intervención en el hemiciclo, la diputada regionalista Alejandra Sepúlveda denunció una letra chica y la manipulación nuevamente por parte del Ejecutivo de los instrumentos de medición para entregar beneficios sociales.
En tanto, el diputado comunista y presidente de la Comisión de Desarrollo social de la Cámara, Boris Barrera, acusó al oficialismo de utilizar nuevamente el discurso del obstruccionismo en contra de los legisladores que han intentado sólo corregir las graves injusticias que encerraba la iniciativa del Ejecutivo.
Del mismo modo, el diputado y timonel de la Federación Regionalista Verde Social Jaime Mulet enfatizó que tras los escuálidos montos de este Ingreso Familiar de Emergencia se encuentra un Gobierno que ha preferido invertir los recursos públicos en favorecer a las grandes empresas en desmedro de los trabajadores.
Desde la oposición consideraron insuficiente la aprobación de 802 millones de dólares que contiene este Ingreso Familiar de Emergencia pues el monto del aporte de 65 mil pesos por persona dentro del 60 % mas vulnerable , durante tres meses irá decreciendo, además no incorpora a las personas que reciben pensión de invalidez. El proyecto pasará ahora al senado para su votación.
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La posición de la CUT
Desde la Central Unitaria de Trabajadores rechazaron la decisión del gobierno de insistir mediante un veto presidencial con el proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia , el cual fue rechazado en su monto por parte de la oposición al considerar su monto insuficiente y acotado a apenas 3 meses, pese a la incertidumbre respecto a la duración real de la pandemia.
Para la presidenta de la multigremial Bárbara Figueroa nuevamente la administración de Sebastián Piñera utiliza el resquicio del veto presidencial para frenar el avance y mejoramiento de la calidad de vida de las familias chilenas, tal como ocurrió antes con el debate por el salario mínimo.
Bárbara Figueroa acusó al gobierno de persistir majaderamente en medidas de mitigación e hiperfocalizacion, sin tocar ni a los grandes empresarios ni a los recursos fiscales como fórmula para colaborar en la superación de esta crisis.
La timonel de la CUT sostuvo que el Ejecutivo debe asumir que mas temprano que tarde tendrá que recurrir a un mayor esfuerzo del fisco, así como de los grandes fortunas, mediante una acción tributaria, para solventar los estragos económicos causados por el Covi 19.
Finalmente la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores señaló que si Sebastián Piñera cree que con un monto de 65 mil peso por tres meses, el cual irá decreciendo, las familias chilenas podrán sobrellevar este complejo escenario que hoy vivimos de forma global, esto significa que carece de la mas mínima empatía con el dolor de sus compatriotas.
