Desde el Colegio de Profesores, partidos de oposición y organizaciones de Derechos Humanos exigen al Instituto Nacional de Derechos Humanos que intervenga para modificar las medidas cautelares que fueron establecidas contra más de 2 mil personas detenidas en contextos de protesta social, remplazándolas por arresto domiciliario debido a la propagación del Coronavirus.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, se sumó a la petición al INDH, exigiendo cambiar las medidas cautelares dictadas contra jóvenes, niños y adolescentes por ejercer su derecho a manifestarse.
Alicia Lira denunció que este tipo de encarcelamientos contraviene tratados internacionales en materia de Derechos Humanos al no existir pruebas de ningún delito.
En ese sentido la presidenta de la AFEP aclaró que será responsabilidad del Gobierno y el poder judicial si ocurre cualquier situación grave producto de una eventual propagación del Coronavirus dentro de las cárceles.
Esto, añadió, sumando el saldo de más de 35 crímenes registrados tras el estallido social en Chile.
A su vez, el presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez, denunció que el Gobierno ha optado por la fórmula judicial de la prisión preventiva como estrategia para limitar el alcance de las manifestaciones sociales.
Camilo Sánchez sentenció que el encarcelamiento en contextos de protesta es una medida injusta e inhumana en un contexto de hacinamiento extremo y emergencia sanitaria.
El presidente de la JOTA ratificó que en Chile se siguen violando los Derechos Humanos por la vía de ejercer violencia judicial y militar, a lo cual se suma la vulneración del derecho a la salud,
Por su parte, la dirigenta del Colegio de Profesores, Paulina Cartagena, aclaró que la solicitud hecha al Instituto Nacional de Derechos Humanos corresponde a una medida de seguridad sanitaria para los presos políticos que se encuentran en condiciones de hacinamiento y falta de un debido proceso.
Además, la dirigenta del Magisterio detalló que muchos menores de edad estuvieron recluidos en centros del Sename por más de 60 días y de manera arbitraria.
Paulina Cartagena remarcó que en lo concreto están solicitando cambiar la medida cautelar por arresto domiciliario, lo cual no afecta el curso de la investigación, sino que viene a resguardar la integridad física de los detenidos.
Cabe consignar que son más de 2.500 personas, la mayoría jóvenes, las que se encuentran en prisión preventiva dictadas en procesos seguidos a partir del 18 de octubre.
