La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira; la representante del Centro Cultural Museo y Memoria Neltume, Ida Sepúlveda; el Premio Nacional de Arquitectura, Miguel Lawner; y la coordinadora de la Red de Sitios de Memoria, Shaira Sepúlveda, entre otros activistas de los derechos humanos y el patrimonio, se reunieron para denunciar la compleja situación de protección que enfrentan la Villa San Luis y el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, declarados Monumento Nacional en la categoría de histórico, el 2017 y 2019 respectivamente.
El pasado mes de junio se acordó revocar la declaratoria de Monumento Nacional a la Villa San Luis, cediendo con ello a las presiones de las inmobiliaria Presidente Riesco S.A., actual dueña del terreno. Asimismo, la reciente declaratoria del Cofomap generó una serie de cuestionamientos desde el oficialismo, específicamente de la UDI y RN, por su vínculo con los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el lugar durante la dictadura cívico militar.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, denunció que esta revocación no es al azar, ya que responde a una escalada de atentados contra monumentos y sitios de memoria.
En ese sentido, Alicia Lira acusó una política económica y negacionista por parte de los sectores que fueron cómplices activos de la dictadura militar y pretenden eliminar la memoria histórica del país.
La presidenta de la AFEP ratificó que se sumarán a todas las acciones que emprenda la Red de Sitios de Memoria a nivel nacional, más los integrantes de la Villa San Luis.
Las declaratorias de Monumento Nacional para los sitios de memoria son parte de las obligaciones de los Estados para avanzar en las garantías de no repetición y para la reparación simbólica de las víctimas. El Consejo de Monumentos Nacionales ha ido especializándose en la particularidad de estas declaratorias de monumentos nacionales en la categoría de históricos para los sitios de memoria vinculados con las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura cívico militar, aportando con ello a los compromisos adquiridos por el Estado en materia de justicia transicional.
