El cierre de consulados, y la no habilitación sistemática de recursos en línea, han impedido el acceso de muchos chilenos en el extranjero a votar en el plebiscito de octubre.
La abogada Diva Serra, y representante de los afectados, señala la falta de garantías para ejercer el voto de manera remota por los ciudadanos chilenos que residen en otras partes del mundo.
En Ruta hacia una NC: Chilenos en el extranjero reclaman vulneración al derecho de igualdad y sufragio
Alejandro Huala, alcalde de Coyhaique, sobre desconfinamiento gradual: “El gobierno ha sido un alumno muy aventajado de cómo desconectarse de la ciudadanía”.
En el primer día de aplicación del Plan de desconfinamiento gradual en las regiones de Los Ríos y de Aysén, conversamos con el alcalde de la comuna de Coyhaique, Alejandro Huala, quien manifiesta el desconocimiento y la no consideración en la elaboración y planificación de la medida.
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Tierra Colorada: CTMIN logra agenda de trabajo con Sernageomin y Ministerio de Minería.
En esta entrevista con Miguel Fernández, Presidente de la Federación de la Minería Privada FESUMIN, se exponen los detalles de las reuniones periódicas acordadas entre trabajadores y gobierno para abordar en conjunto medidas sanitarias frente al covid-19, el cual estaría afectando a más de 4800 trabajadores del sector.
Marcos Barraza: “Ministro del Interior hace amenazas indebidas al pueblo de Chile por retiro de fondos previsionales”
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, señaló que el secretario del Interior, Gonzalo Blumel, hace una agresión indebida a los chilenos cuando advierte que la posible aprobación del retiro de fondos de AFP puede significar un gasto fiscal que el gobierno no podrá asumir.
Al mismo tiempo, el dirigente del Partido Comunista repudió que Blumel amenace con no poder financiar el denominado “Acuerdo Nacional de Emergencia” en caso de aprobarse este proyecto de ley, tratándose de 12 mil millones de dólares que ya fueron comprometidos, y que por lo demás, añadió Barraza, siguen siendo insuficientes.
En ese sentido, Marcos Barraza aclaró que el ministro Blumel no conoce la realidad nacional, pues en sus advertencias omite que el retiro del 10% no impacta las futuras pensiones, aparte de ser una propuesta respaldada por el 83% de la población.
El exsecretario de Estado acusó al ministro de economía, Lucas Palacios, de hacer una afirmación dogmática al decir que el proyecto de retiro de fondos es equivalente a empobrecer a las personas, porque convertiría a Chile en un país bananero y desigual.
A juicio de Barraza, la mirada de Palacios proviene del “neoliberalismo trasnochado” que el gobierno ha venido planteando desde el inicio de la pandemia.
Asimismo, el dirigente PC, consideró graves las declaraciones provenientes del gran empresariado, quienes alertaron sobre los supuestos efectos negativos que un proyecto como el de retiro de fondos podría traer al mercado de capitales local, poniendo en riesgo, según ellos, la estabilidad democrática de Chile.
En relación a estas advertencias, Barraza afirmó que son palabras obscenas y desvergonzadas, pues nuevamente los súper ricos están defendiendo su negocio, a costa de desatender los intereses de los trabajadores
Marcos Barraza dijo que el proyecto de retiro de fondos de AFP responde a un clamor popular, y en consecuencia, es el momento oportuno para que los partidos de oposición exijan la erradicación del sistema de capitalización individual.
El exministro Barraza concluyó que el retiro del 10% abre la posibilidad de ir desde ya construyendo un modelo previsional que esté basado en la seguridad social, y que incluya un componente solidario inter e intra-generacional, para así poder entregar pensiones dignas a la ciudadanía.
Gobierno ha sido cómplice de la improvisación en sus estrategias sanitarias, ocultando información fundamental sobre esta pandemia a la comunidad científica al país y la propia OMS señala Karen Palma
La Controlaría General de la República instruyó un sumario administrativo con el fin de encontrar responsabilidades, tras detectar “inconsistencias” en las cifras proporcionadas sobre los contagios de covid-19 en el país, por el sistema EPIVIGILA, utilizado por el Ministerio de Salud. En detalle, el texto señala que se constató que la información contenida en la plataforma al día 8 de junio “no contempló todos los casos de covid-19, pues no se ingresaron todos los derivados de laboratorios”, lo que impide un control efectivo de los contagiados y sus contactos estrechos, por los mecanismos e instituciones habilitadas para aquello.
Consultada al respecto, la encargada de la Secretaria de Salud de la CUT, Karen Palma, sostuvo que las dudas del ente contralor son razonables, pues estamos ante un gobierno que ha sido cómplice de la improvisación en sus estrategias sanitarias, ocultando información fundamental sobre esta pandemia a la comunidad científica y a la propia OMS.
La dirigenta de la Salud publica también se refirió a los planes de desconfinamiento iniciados por el Ejecutivo, señalando que esto corresponde a una nueva estrategia por privilegiar la economía por sobre la vida de las personas, que de no planificarse correctamente, podría significar un fuerte rebrote del virus.
Karen Palma insistió que hoy la condiciones sociales y de transporte hacen inviable esta nueva normalidad que propone el gobierno, pues vuelve a forzar a la mayoría de la población en la disyuntiva de salir a las calles o proteger su salud .
Finalmente la encargada de la Secretaria de Salud “Salvador Allende “ de la Central Unitaria de Trabajadores Karen Palma no descartó , en conjunto con los demás gremios, evaluar una posible querella criminal contra Sebastián Piñera y quienes resulten responsables , por las malas decisiones y la conducta negligente que le costó la vida a múltiples funcionarios de la Salud.
Carlos Insunza: “Amenazas vienen a ratificar conducta permanente del gobierno hacia las organizaciones del país, utilizando todos los mecanismos posibles para imponer sus ideas por sobre el diálogo social”
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se comunicó con el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez Debelli, a fin de informarle que se suspendía todo diálogo con la Confederación, y que se congelaban las propuestas efectuadas en la reunión del 26 de junio, encuentro en el que participó el Directorio Nacional de la ANEF con el ministro y el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
En la ocasión, ambos personeros de gobierno comprometieron instalar un espacio bipartito de trabajo y coordinación que permitiera un diálogo, por una parte, respecto al tema sanitario, sobre condiciones de retorno al trabajo presencial de los funcionarios/as públicos/as y de los protocolos de protección de la vida y salud de los mismos y, por otra parte, respecto al presupuesto fiscal denominado “Presupuesto Base Cero Ajustado”, concepto rechazado por esta Confederación.
Según relataron desde la ANEF, el tono de la conversación del ministro Ignacio Briones con José Pérez, con veladas amenazas respecto de los intereses generales y sectoriales de los trabajadores y trabajadoras del sector público, anunciando que solo se mantendrían los canales formales de encuentro, como la Mesa del Sector Público. Todo esto, debido a la querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en conjunto con la ANEF y la FEDEPRUS, en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich Mux, y del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
Al respecto, el dirigente de la ANEF, Carlos Insunza, afirmó que estas amenazas vienen a ratificar la conducta permanente que ha tenido el gobierno hacia las organizaciones del país, utilizando todos los mecanismos posibles para imponer sus ideas por sobre el diálogo social.
Carlos Insunza aseguró que el gobierno busca minimizar la acción del Estado, desde el ámbito de la función pública, lejos de resguardar la salud y la vida de los trabajadores en tiempos de pandemia.
El dirigente de la ANEF añadió que el ejecutivo ha implementado una lógica de manejo de información de espalda a la ciudadanía, pues se desconocen las proyecciones fiscales para 2021, así como el uso que están teniendo los recursos públicos a la fecha.
Asimismo, Carlos Insunza señaló que el gobierno sigue empeñado en descargar los costos de la crisis sobre los hombros de los trabajadores con tal de proteger los intereses del gran empresariado.
Finalmente, el dirigente de la ANEF dijo que las amenazas del ministro de Hacienda deben constituir una alerta para el mundo social y sindical, a objeto de que éstos sean capaces de articular un trabajo conjunto que confronte la arremetida del Ejecutivo.
La ANEF ratificó que mantiene la disposición a un diálogo responsable y con propuestas, pero también la firme convicción del deber de movilizarse para defender el rol del Estado, su función estratégica, la defensa de los derechos de los/as funcionarios públicos. También, asumimos un sindicalismo socio político que busca generar y protagonizar las transformaciones necesarias hacia “una sociedad con crecientes niveles de libertad, democracia y justicia social, aportando a la construcción de un Estado de derecho, social y democrático, al servicio de las mayorías del país”.
Transversal respaldo a Anef tras rompimiento del diálogo y amenazas de ministro Briones
Dirigentes del mundo progresista salieron a respaldar al presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez Debelli, quien denunció haber recibido una llamada amenazante por parte del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tras la presentación de una querella contra el gobierno por los costos que ha provocado su manejo sanitario para los funcionarios públicos.
El representante de la ANEF aseguró que Briones lo llamó la tarde del viernes, especialmente para decirle que esta acción judicial interferiría en los diálogos posteriores que mantendrían con el gobierno.
José Pérez Debelli, aclaró que el gobierno de turno tiene la obligación de respetar el diálogo social con carácter resolutivo, haciéndose cargo de los procesos de defensa de los trabajadores del Estado en un escenario como el actual.
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, junto con solidarizar con los funcionarios de la ANEF, criticó que el gobierno menosprecie el aporte de los actores sindicales cada vez que sus propuestas no se ajustan a sus intereses.
En tanto, Julio Fuentes, quien es parte de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, advirtió que la negativa al diálogo por parte del Ejecutivo será denunciada en foros internacionales durante los próximos días.
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, consideró grave que el ministro Briones suspenda el diálogo con la ANEF, tratándose de un pilar importante en el funcionamiento del Estado, y dada la necesidad de impulsar medidas preventivas ante el ingreso gradual de los funcionarios a sus labores presenciales.
Asimismo, el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, acusó a las autoridades de gobierno de actuar sistemáticamente mediante chantaje y matonaje, en vez de cumplir con su rol de servidores públicos.
El secretario general del Partido Por la Democracia, Sebastián Vergara, denunció que las amenazas de Ignacio Briones constituyen un acto ilegal que va a repercutir directamente en la relación de su partido con el Gobierno.
A nombre de la bancada de Convergencia Social, el diputado Gonzalo Winter, indicó que estas amenazas vienen a relucir la incapacidad de gestión y deprecio a la democracia por parte del Gobierno.
El dirigente comunista y vicepresidente de la ANEF, Carlos Insunza, llamó al mundo social y sindical a articular un trabajo conjunto que confronte la arremetida del Gobierno.
La ANEF presentó una querella —declarada admisible en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago—, acusando que dichas autoridades cometieron “una negligencia grave, como descuido consciente y voluntario de sus deberes de garantizar la protección del derecho a la vida y a la salud de los habitantes de la Nación (…) que han tenido como resultado el fallecimiento de más de 10.159 personas a causa o producto del contagio de Covid-19, de acuerdo al 31° Informe Epidemiológico del Ministerio de Salud, sobre casos Sospechosos y Confirmados, acumulados al día 5 de Julio del año 2020″.
